Los abogados del resto de imputados ponen contra las cuerdas a José Miguel Rodríguez

Luisa Blanco, Plácida Guerra y Rafael Elorrieta se han acogido a su derecho a no declarar y sólo han respondido a las preguntan de sus letrados negando los hechos

Lancelot Digital
Fotos: Jesús Betancort

Los abogados del resto de imputados en el primer juicio de 'Unión' han tratado de poner contra las cuerdas a José Miguel Rodríguez, ex concejal del Ayuntamiento de Arrecife, que ha vuelto a reconocer durante la vista oral los hechos y ha manifestado su arrepentimiento.

Rodríguez, que en su día ya confesó y devolvió el dinero, ha afirmado que Dimas le dio la orden de contratar a Batllori para asesorar a los concejales del PIL en el Consistorio y que se le estuvo pagando por unos trabajos “que nunca realizó”.

Sin embargo, el ex edil ha reconocido, a preguntas del abogado de Dimas Martín, que dichos servicios no lo prestaba para su área, sino supuestamente para las concejalías que llevaban Luisa Blanco y Eduardo Lasso y que, por tanto, sabía que no los había prestado por lo que le decían los demás. Él tan sólo, como concejal de Hacienda, emitía dichas facturas que, tal y como ha apuntado en el juicio, "nunca tuvieron reparos de Intervención".

Incluso, aunque Rodríguez ha insistido en que si efectuaba los pagos era porque Dimas Martín le “presionaba insistentemente”, no ha sabido responder a por qué ya antes de marzo de 2009, cuando no hay nada que diga que se pagara a Batllori, éste había efectuado pagos igualmente.

De igual forma, concurrió en otras contradicciones a preguntas de los abogados del resto de imputados. Por ejemplo, en la declaración que hizo en su día llegó a afirmar que Batllori si había intervenido en un tema laboral, hecho que hoy ha negado en el juicio.

Aun así, el ex edil ha insistido en que Batllori nunca realizó esos trabajos y ha explicado que las facturas al principio se las entregaba el propio Batllori en persona y después le llegaban mediante cartas de Dimas Martín.

Aunque para Rodríguez la Fiscalía sólo pide un año de prisión, frente a las penas de entre cinco y ocho años que se solicitan para el resto de acusado, el ex concejal de Arrecife ha negado haber llegado a algún acuerdo con el fiscal. 

“Dimas nunca me llamó ni me dijo que contratara a nadie”

Su declaración ha contrastado con la también ex concejal de Arrecife, Luisa Blanco, quien ha negado los hechos. Blanco se ha acogido a su derecho a no declarar, pero sí ha respondido a las preguntas de su letrado.

La ex edil ha explicado que fue José Miguel Rodríguez quien llevo a Batllori después de que ella le manifestara la necesidad de contar con un letrado en el área de Recursos Humanos que gestionaba.

Luisa Blanco ha apuntado que su relación con Dimas Martín era “cordial” y que éste nunca la llamó ni le dijo que contratara a nadie. Es más, ha manifestado durante el juicio que ella no tenía competencias para firmar contratos. “Yo no sé si José Miguel hablaba con Dimas”, ha señalado la ex concejal del PIL, que ha afirmado además que José Miguel “nunca” le llevó un documento de pago, como éste ha asegurado durante el juicio.

La ex concejal de Arrecife ha asegurado que ella sí recibió el asesoreamiento por parte de Batllori y que se reunió en diversas ocasiones con él.

Plácida Guerra y Rafael Elorrieta también niegan los hechos

Por otro lado, también han declarado este jueves la ex consejera de Inalsa, Plácida Guerra, y el ex gerente de Inalsa, Rafael Elorrieta. Ellos, al igual que Luisa Blanco, también se han acogido a su derecho a no declarar, pero respondieron a las preguntas de sus letrados.

Plácida Guerra ha manifestado los numerosos problemas laborales que había en Inalsa cuando ella accedió y la necesidad de contratar a alguien del “perfil de Batllori”, dado que no había personal suficiente en la empresa. La ex consejera ha asegurado que nunca le fue interpuesta por parte de Dimas Martín esta contratación, pues “ya conocía a Batllori”, ni tampoco la de Rafael Elorrieta, la cual ha asegurado realizó tras una entrevista, después de que solicitara al Gobierno de Canarias posibles nombres de personas que pudieran ocupar el puesto de gerente.

Guerra también ha apuntado que ella no tenía potestad para contratar, sino sólo para proponer, y ha afirmado que gracias a la contratación de Batllori las cosas fueron mejor. En los asuntos que según ella intervino Batllori estaba el Plan de Viabilidad, la deuda con Endesa,

Asimismo, la ex consejera ha manifestado que su relación con el ex consejero de Alternativa Ciudadana, Andrés Barreto, que fue quien denunció las facturas, nuca fue buena. “Ya tuve un conflicto desagradable antes. Soy maestra y dijo que cobraba de Inalsa y de Educación en un medio de comunicación. Le dije que rectificara y nunca lo hizo. En las mesas de negociación también era muy irrespetuoso”, ha concluido.

Por su parte, Rafael Elorrieta ha afirmado que cuando fue contratado con Inalsa no tenía vinculación alguna con la isla ni conocía a Dimas Martín y a su hija y ha asegurado que fue meses después cuando comenzó una relación con ésta. 

Asimismo, al igual que ha hecho Plácida Guerra, ha señalado la necesidad que había encontes para contratar a alguien que asesorara en cuestiones laborales y ha puesto de manifiesto lo útil que fue a su juicio la contratación de Batllori para los grandes problemas que tenía la empresa, como la deuda con Endesa, la UTE Edam Janubio y Aguas Filtradas, así como respecto al Plan de Viabilidad y al convenio colectivo.

Preguntado por si Batllori era el único asesor que no tenía contrato, ha afirmado que no y que “nunca nadie puso pegas”.