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Los tres abogados de los acusados piden la anulación del juicio

Plantean, dentro de las cuestiones previas, que Carlos Meca y Pablo Ramírez no pueden ejercer la acusación pública

 

  • Lancelot Digital
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    La vista pública contra Pedro San Ginés y otros acusados por el caso de la incautación de la desaladora de Club Lanzarote comenzaba hoy lunes a las 10 de la mañana en el Juzgado de lo Penal de Arrecife con la petición unánime de las defensas de los tres imputados en las llamadas cuestiones previas de la anulación del juicio por defectos graves de procedimiento.

     

    En concreto los abogados defensores cuestionan que los ex-consejeros de Podemos, Carlos Meca y Pablo Ramírez, puedan ser parte en este proceso. Así lo expuso el abogado de San Ginés, José María Calero, quien cree que no hay una resolución jurídica que acredite que puedan ser acusación popular. 

     

    El abogado señaló para dejarlo claro que no hay resolución jurídica que acredita a estas dos personas como acusación popular. En este sentido, José María Calero señaló para demostrarlo que estas personas "se desvincularon, absolutamente del grupo político Podemos. Hasta el punto de que llegan a afirmar en  un escrito oficial que  “el grupo Podemos no ha formulado acusación” en el caso de la desaladora. 

     

    El abogado defensor de Pedro San Ginés hizo hincapié en la curiosa situación de que el fiscal pidió el archivo de la causa y la empresa Club Lanzarote, la perjudicada por la incautación, retiró la acusación. 

     

    Además, señaló que la "Sala segunda del Tribunal Supremo advierte que el plazo final para presentarse es antes del trámite de calificación del delito, con una excepción, que se trate de la víctima y que se ponga detrás de la acusación del Ministerio Fiscal, cosa que la respetada compañera, la abogada de la acusación, Nora Ferrer, no podía hacer porque ni es víctima Carlos Meca, ni Pablo Ramírez, ni puede ponerse detrás del ministerio Fiscal porque éste ha solicitado una sentencia absolutoria”, señala.

     

    El abogado defensor argumentó que ni como personas físicas ni como grupo político, Podemos podía intervenir como acusación popular en este caso.

     

    En este sentido, explicó que “el grupo político Podemos, como grupo municipal, no es un partido político y, por tanto, tiene unas capacidades interna corporis, puede actuar dentro del Ayuntamiento como un grupo municipal, pero no tiene capacidad para actuar fuera, otra cosa sería un partido político, pero aquí no hay ningún acuerdo del Comité Ejecutivo de Podemos que se haya aportado”, señaló Calero.

     

    Además, el abogado de San Ginés cree que la personación de Meca y su compañero era extemporáneo y que no era necesario la personación de los exconsejeros de Podemos para defender el interés público o general.

     

    Y lo argumenta señalando. “En la interpretación que nosotros hacemos, entendemos que cuando no son intereses públicos, cuando no es una acusación necesaria, en ese caso… no se puede ser rígido, pero si el retraso es de un año, y además hay una providencia que le recuerda que tienen que acusar, y aún así piden una ampliación más, creemos que el retraso está fuera del ámbito de lo razonable”.

     

    El resto de abogados defensores, tanto del ex-secretario del Cabildo, Francisco Perdomo, como el del gerente del Consejo Insular del Agua, abundaron en la falta de representatividad de los dos ex-consejeros de Podemos, por lo que consideraban que no debía estar presente en este juicio y por lo tanto no se debía celebrar esta vista.

     

     

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