Mantener una empresa en Lanzarote cuesta 35.000 euros más que en Madrid
La condición de ultraperiferia supone un coste para las empresas canarias de 5.228.040.752 euros, es decir, el 8 por ciento de su facturación
La lejanía, fragmentación y la insularidad tienen un coste elevado. En concreto, la condición de ultraperiferia supone un coste para las empresas canarias de 5.228.040.752 euros, es decir, el 8 por ciento de su facturación, un sobrecoste que se ha incrementado especialmente en las islas no capitalinas y entre éstas, en las de la provincia occidental.
Una empresa canaria, con idéntica actividad a una ubicada en Madrid. tiene que asumir un sobrecoste medio de unos 35.800 euros.
Estas son las principales conclusiones del "Estudio sobre el coste privado de la ultraperiferia y la doble insularidad en Canarias" que ha sido presentado este martes ante agentes económicos y sociales de la islas en un acto presidido por el jefe del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo.
Es la tercera edición de este informe tras los realizados en 2001 y 2010 y en esta ocasión los datos corresponden a una encuesta realizada en 2016 a unas 25.000 empresas canarias, de las que contestaron 2.805, indicó Berta Moreno, responsable de la UTE EcoCoRe que ha realizado el estudio.
Para el estudio se han tenido en cuenta los costes "evaluables", esto es el transporte de mercancías, los "stocks" diferenciales (esto es, la dependencia externa hace que haya mayor almacenamiento de productos), los viajes de negocios, la capacidad productiva ociosa (el hecho de que la maquinaria no siempre se adapte a las necesidades del empresariado canario), el agua, la energía y las instalaciones múltiples (la necesidad de tener centros en varias islas).
Además a la hora de analizar los resultados se han tenido en cuenta la incidencia del sobrecoste en las islas capitalinas, la orientales y las occidentales, ocho sectores económicos y tres tamaños de empresas.
De los resultados se desprende que el principal sobrecoste sigue siendo el transporte de mercancías, que representa el 54,7% del total con 2.860.122.387 euros y en términos relativos los sobrecostes inciden de forma particularmente intensa en el sector industrial, pues suponen el 29,7% de la facturación de la industria, con un total de 888.755.227 euros.
Seguirían el sector primario (18% de la facturación y 147.791.986 euros) y el comercio (5% de la facturación y 2.773.615.861 euros).
En cuanto al sobrecoste de la doble insularidad, el estudio confirma la existencia de mayores sobrecostes en las islas no capitalinas, y dentro de éstas, mayores sobrecostes en las islas occidentales respecto a las orientales.
Así, el sobrecoste de las islas capitalinas representa el 6,9% de la facturación de sus empresas (3.634.024.053 euros), mientras que en el caso de las islas no capitalinas orientales dicho sobrecoste es del 7,4% (719.424.392 euros) y en el caso de las occidentales representa el 10% (3.634.024.053 euros).
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, señaló que este informe aporta los datos objetivos y concretos del sobrecoste que conlleva la ultraperiferia, sobre todo entre las islas menos pobladas, y que avala la necesidad de tener políticas correctoras por parte de la UE y del Gobierno central para que haya igualdad de oportunidades.
Si no ocurre esto el Gobierno de España estaría haciendo "dejación" y colocaría a las islas en desventaja competitiva, advirtió Clavijo, quien señaló que el documento servirá a la hora de negociar el régimen especial de las regiones ultraperiféricas en el nuevo marco presupuestario comunitario 2020-2027, que se elabora en un contexto políticamente inestable.
Por su parte, el consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega, aseguró que los resultados del estudio confirman que el volumen máximo de acumulación de ayudas regionales de funcionamiento que establece el Reglamento General de Exención por Categorías (RGEC), situado en el 30% del volumen de negocios por empresa, permite cubrir los sobrecostes que soportan las empresas canarias, con independencia del sector en el que opere.
Pedro Ortega recordó que sin bien los regímenes que ahora están en vigor serán prorrogados por la Comisión Europea hasta 2022, en la próxima legislatura “habrá que renegociar esos regímenes, y el estudio constituirá una herramienta indispensable”.
