Máxima expectación en la consulta a los propietarios de alquileres vacacionales
El objetivo del Gobierno es que esta modalidad de alquiler sea compatible con el derecho a tener una vivienda digna
Esta mañana el salón del Hotel Lancelot se llenó hasta el punto de quedarse sin sillas, en la consulta popular que el Gobierno de Canarias está efectuando por las islas del archipiélago como paso previo a conformar una ley que regule el alquiler vacacional en las islas.
Miguel Ángel Rodríguez, director general de Ordenación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias explicó qué se va a tratar en exponer en estas consultas que han arrancado hoy en Lanzarote. “Los problemas que se detectan desde la Administración y hay que resolver, si la forma de resolverlos es mediante una Ley, un reglamento u otras alternativas no regulatorias, cuáles son los objetivos que se persiguen y, a partir de ahí, se empieza con la ordenación de la Ley”.
Rodríguez considera que “la vivienda vacacional va mucho más allá de una modalidad extrahotelera”, señala. “Tiene que ver con el derecho a una vivienda digna a precios asequibles”.
También el director general de Ordenación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias afirmó que la línea de trabajo de este Ejecutivo no busca la cantidad. “El objetivo de la consejería del Gobierno de Canarias no es contar más turistas, es contar con más ingresos que contribuyan a redistribuir más la riqueza”.
Se le preguntó a Rodríguez cómo se regulará el sector. Si será en base a los estándares de calidad, según ubicación o simplemente se limitará el número de viviendas orientadas a vacacional a lo que contestó “cada cosa a su tiempo, no se trata de prohibir, sino de aportar seguridad jurídica al desarrollo de una actividad que es lícita, pero que tiene que tener un orden”, señala. “Hay que establecer indicadores de sostenibilidad, límites de cambio aceptable, para evitar la turistificación”.
Todos los afectados o interesados podrán participar hasta el próximo 26 de noviembre vía online en el portal de transparencia del Gobierno de Canarias y dejar constancia de su punto de vista sobre este modelo de negocio que afecta a muchas familias en el archipiélago.
