Miles de menores con diversidad funcional se enfrentan a años de incertidumbre

Las familias lanzaroteñas afectadas exigen que agilice la burocracia a la hora de dar un diagnóstico 

“Nosotros hemos hecho becas de necesidades educativas especiales para niños que lo necesiten en Canarias, aunque no tengan el 33% de discapacidad”, señalaba la consejera de Educación, Manuela Armas.

Esta fue una de las propuestas en materia de Educación que explicó el lunes en Lanzarote Manuela Armas. Con ellas se pretende proteger a los niños más vulnerables, pero ¿realmente el gobierno socialista está apostando por estos menores con diversidad funcional?

Lucía Ballesteros, es una de las madres afectadas y quiere deja claro su malestar, y el de muchas familias, porque considera que los mensajes del gobierno no se están aplicando en la realidad. “Las becas tienen un tiempo, pero si no tienes acceso al reconocimiento de esa discapacidad, porque la burocracia es muy lenta, y nuestros hijos no pueden esperar, te quedas fuera. Nos da lo mismo, es un parche encima de otro”, señala. “Si lo que esperamos las familias es poder cerrar un episodio del certificado del diagnóstico para poder avanzar”.

Y el principal problema no es tanto el grado de discapacidad sino los tediosos trámites burocráticos que se pueden alargar varios años. “Lo primero es el diagnóstico que se puede alargar hasta tres, cuatro e incluso cinco o más años, y luego hay que tener un certificado psiquiátrico o psicológico en el que accedamos a la cita con los Servicios Sociales, con un médico forense, que es el que reconoce la discapacidad. En este proceso la espera mínima es de un año y medio”.

Esta situación no es minoritaria y son miles de familias las que padecen este inmovilismo en toda Lanzarote. “En Arrecife hay unas 3.500 o 4.000 familias afectadas”.

Estas familias se reafirman en su pensamiento y es que parece que el mensaje del Gobierno es muy coherente y positivo pero no se está llevando a cabo como se presupone