Oswaldo Betancort critica la equivocación que se ha cometido con Adislan
“Es un error apartar al tercer sector de la gestión de los servicios con discapacidad intelectual en Lanzarote”
El diputado del Grupo Nacionalista Canario, Oswaldo Betancort, califica de error, apartar el tercer sector de la gestión de los servicios con discapacidad intelectual en Lanzarote, impidiendo que ADISLAN siga desarrollando su tarea con las personas de discapacidad intelectual.
Como se recordará la presidenta del Cabildo de Lanzarote promovió el cambio en la gestión de los servicios que esta ONG lleva realizando desde hace 20 años, optando por la licitación de la Residencia, Centro de día, Centro Ocupacional y Hogares Funcionales.
Ante esta situación, Betancort trasladó a la consejera de Derechos Sociales que las familias no están de acuerdo, porque supone un agravio comparativo con respecto a la gestión de entidades similares a ADISLAN en otras islas del Archipiélago que sí operan con concierto, como es el Cabildo de Tenerife.
Aunque la consejera alegó que no tenía competencia con los procedimiento iniciados por el Cabildo de Lanzarote, desde el Grupo Nacionalista Canario
“recordamos que es el Gobierno quién financia las plazas a los Cabildos para el coste de la dependencia y la discapacidad, y algo tendrá que decir”.
Actualmente Adislan sigue trabajando como venía haciendo con anterioridad y sigue teniendo un volumen importante de servicios exclusivos de gestión pública, entre los que se encuentran una residencia de 30 personas, tres hogares funcionales que atienden a 17 jóvenes, un centro de día para 50 personas y un centro ocupacional para 65 usuarios.
Betancort lamentó que en estos momentos la asociación tiene una situación de desprotección legal, pues no disponen, desde 2017, de un documento firmado que regule la relación contractual con la Administración, “y eso que han ofrecido distintas alternativas legales al Cabildo de Lanzarote, para dar protección a su continuidad”.
Sacar a concurso público los servicios que presta Adislan significa para los usuarios y familiares un cambio brutal, y significaría además apartar al tercer sector de la gestión de los servicios para personas con discapacidad intelectual, como apoyo para la administración pública, con las garantías que ello ofrece.
“Es un riesgo que pone en peligro la calidad de los servicios que ofrece ADISLAN en la actualidad”, advirtió Betancort.
