Pamparacuatro se enfrenta a una nueva querella por presunta falsedad de documento público
El abogado de Luis Lleó acusa al juez, al ex secretario del Juzgado, al fiscal y a un mando de la UCO de adulterar las órdenes para prorrogar las escuchas telefónicas, según publica Canarias 7
Lancelot Digital
Fotos: Cedidas
El abogado de Luis Lleó, imputado en el Caso Unión, ha presentado una segunda querella contra el juez César Romero Pamparacuatro, el ex secretario del Juzgado, el fiscal Ignacio Stampa y un mando de la Guardia Civil (UCO) por falsedad en documento público. Los acusa de adulterar las órdenes para prorrogar las escuchas telefónicas, tal y como publica en su edición de este domingo Canarias 7.
La nueva querella presentada esta semana, que aún no ha sido admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), es la segunda en siete días que Lleó presenta contra los funcionarios responsables de la investigación.
El letrado acusa al juez instructor César Romero Pamparacuatro, al ex secretario judicial José Ramón Vera Machín, al entonces fiscal, Ignacio Stampa y a un sargento de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) de presunta falsedad de cuatro mandamientos y un auto judicial, del 23 de febrero de 2009, para prorrogar la intervención de los teléfonos del empresario Fernando Becerra y de Lleó.
Tal y como publica Canarias 7, la querella está respaldada por sendas periciales, una técnica que detalla el funcionamiento operativo del sistema SITEL de interceptación de escuchas telefónicas, y otra documentoscópica que confirma que los documentos objeto de análisis fueron supuestamente alterados, con el posterior visado presuntamente falsario del secretario judicial, el agente de la UCO y el fiscal.
La cuestión radica en que el 23 de febrero de 2009 caducan las órdenes de intervenir los teléfonos de Lleó y Fernando Becerra, pero Pamparacuatro se encuentra en La Palma disfrutando de los Indianos, por lo que acude al Juzgado Mixto 2 de la capital palmera, del que fue titular años antes de tomar posesión en el Juzgado de Arrecife.
Allí, presuntamente, redactó los cuatro mandamientos judiciales para su envío a las compañías telefónicas a través de la UCO, remitiéndoselos por fax, ordenando prorrogar las escuchas. Los firma y estampa el sello judicial del Juzgado Mixto de La Palma, recortando la parte del sello que hacía referencia a La Palma, como demuestran los reportes de fax que figuran en la parte superior y que nadie se molesto en borrar.
Los funcionarios que elaboraron dichos cuatro mandamientos judiciales, presuntamente falsos, incurrieron en “un error de bulto”, al incorporar el escudo del Gobierno de Canarias, que confunde con el propio escudo de la Administración de Justicia en Canarias.
