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Puerto del Rosario está entre las 21 candidaturas para sede de la Agencia Espacial Española 

El Ministerio de Política Territorial considera que el procedimiento “ha sido un éxito y ha tenido  gran acogida”

 

  • Lancelot Digital
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    El Ministerio de Política Territorial ha recibido 21 candidaturas para la ubicación física de la Agencia Espacial Española y 14 candidaturas para albergar la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia  Artificial. La admisión a trámite de estas candidaturas está condicionada a que la  Comisión consultiva verifique que reúnen los requisitos establecidos al efecto.

     

    El Ministerio de Política Territorial considera que el procedimiento para determinar  las sedes de las nuevas agencias estatales públicas “ha sido un éxito y ha tenido  gran acogida”, al recibirse un total de 35 candidaturas para las dos agencias  procedentes de 14 comunidades autónomas.

     

    Candidaturas presentadas

     

    Las candidaturas recibidas para la Agencia Espacial Española son las  siguientes:

     

    • Cabanillas del Campo (Guadalajara)

     

    • Cebreros (Ávila)

     

    • Ciudad Real (Ciudad Real)

     

    • Elche (Alicante/Alacant)

     

    • Estella-Lizarra (Navarra)

     

    • Huelva (Huelva)

     

    • Jerez de la Frontera (Cádiz)

     

    • L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

     

    • Las Palmas de Gran Canaria/Agüimes/ San Bartolomé de Tirajana (Las

     

    Palmas)

     

    • León (León)

     

    • Ourense (Ourense)

     

    • Palencia (Palencia)

     

    • Puerto del Rosario (Las Palmas)

     

    • Puertollano (Ciudad Real)

     

    • San Javier (Murcia)

     

    • Isla de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife)

     

    • Sevilla (Sevilla)

     

    • Teruel (Teruel)

     

    • Tres Cantos (Madrid)

     

    • Vitoria (Araba/Álava)

     

    - Yebes (Guadalajara)

     

     

     

    La Agencia Espacial Española, con un componente dedicado a la Seguridad  Nacional, permitirá coordinar las actividades y políticas nacionales sobre el  espacio, así como la participación de España en programas internacionales en  este ámbito. El sector espacial proporciona servicios imprescindibles para  nuestra sociedad en el ámbito de las comunicaciones, la observación de la  Tierra, la navegación, la seguridad, la lucha contra el cambio climático o la  monitorización de fenómenos como la sequía o los incendios.

     

    Estos servicios y aplicaciones son de vital importancia para la doble transición  digital y verde, objetivos estratégicos de la UE. Además, el espacio es una  herramienta imprescindible para el avance de la ciencia y la exploración,  respondiendo a preguntas básicas de la humanidad y proporcionando un  impulso a la innovación.

     

    Con la puesta en marcha de la Agencia, que aparece reconocida en la reforma  de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en la Estrategia de  Seguridad Nacional 2021 y se incluye en el PERTE Aeroespacial, España se  iguala al resto de países de nuestro entorno que cuentan con figuras y  organismos similares para orientar y dirigir las estrategias y actividades en el  ámbito del espacio.

     

     

     

    Comisión consultiva para la determinación de las sedes

     

    La Comisión consultiva para la determinación de las sedes de los nuevos  organismos públicos está adscrita al Ministerio de Política Territorial y es el órgano  que asiste al Consejo de Ministros en el proceso de elección.

     

    La admisión a trámite de las candidaturas está condicionada a que la Comisión  consultiva verifique que reúnen los requisitos establecidos al efecto. En el caso de  que, además de las ya indicadas, se haya remitido alguna candidatura al margen  de la sede electrónica del Ministerio, se comunicará en los próximos días.

     

    La Comisión está presidida por la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez,  y forman parte de la misma representantes de los ministerios de Política Territorial;  Asuntos Económicos y Transformación Digital; Trabajo y Economía Social;  Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Asuntos Exteriores, Unión Europea y  Cooperación; Hacienda y Función Pública; Transportes, Movilidad y Agenda  Urbana; Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; y  Derechos Sociales y Agenda 2030, junto a representantes de los ministerios a los  que se adscriben los nuevos organismos públicos.

     

    Finalizado el plazo de presentación de candidaturas ayer, 7 de noviembre, la  Comisión consultiva solicitará informe, que deberá emitirse en el plazo de 10 días, a los Ministerios de adscripción.

     

    Concluido el plazo para la emisión de los informes, la Comisión elaborará un  dictamen que analizará las posibles sedes para la entidad afectada, dictamen que podrá tomar en consideración localidades que no hubieran sido postuladas pero  que cumplan los criterios establecidos por la Comisión.

     

    El dictamen se remitirá para su conocimiento a la Comisión Delegada del Gobierno  para el Reto Demográfico y se elevará al Consejo de Ministros que, tras valorarlo,  adoptará su decisión.

     

    La desconcentración, principio de funcionamiento de la AGE

     

    Está acreditado el papel beneficioso que ejercen las instituciones públicas en el  entorno físico de su ubicación, así como la creación de empleos directos e  indirectos. Efectos positivos de la desconcentración que se verán reforzados con  un procedimiento de elección racionalizado, con criterios como la cohesión  territorial, la eficacia de los servicios públicos y la transparencia dentro de un  proceso objetivo y competitivo.

     

    La desconcentración de organismos públicos, fortalecerá asimismo la igualdad de  oportunidades, al facilitar que la ciudadanía, con independencia de su lugar de  residencia, pueda relacionarse o incluso trabajar directamente en unidades de las  instituciones públicas estatales.

     

    Al enunciar los principios que deben regir el funcionamiento de la Administración  pública, la Constitución resalta los de eficacia, jerarquía, desconcentración y  coordinación. El principio de desconcentración se recoge asimismo en el artículo  54.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

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