San Ginés explica en el juicio por qué incautó la desaladora privada de Club Lanzarote
El ex-presidente del Cabildo adoptó esa decisión porque era la única fórmula de cumplir con la orden del Gobierno de Canarias
El ex-presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, mantuvo hoy en la primera sesión del juicio por la incautación de Montaña Roja, que se celebra en el Juzgado de lo Penal de Arrecife, que adoptó la decisión cautelar de intervención de la desaladora porque no había otra forma de cumplir con el requerimiento que el Gobierno de Canarias le exigía.
Pedro San Ginés señaló que recibió varios escritos del gobierno de Canarias requiriendo que clausurara la actividad ilegal de Club Lanzarote de vender agua a terceros sin cortar el suministro a los 6000 vecinos de Montaña Roja. “Fueron muchos los requerimientos, me voy a centrar en ese, pero hubo varios del Gobierno de Canarias ya advirtiendo de que emprenderían acciones judiciales tanto contra el promotor como contra el Ayuntamiento de Yaiza, de no actuar dando traslado de esto, tanto al diputado del común como al Consejo Insular de Aguas”, señalaba San Ginés. “Y digo al diputado del Común porque éste comienza a actuar como consecuencia de la denuncia de los vecinos del Plan Parcial Montaña Roja contra esta situación, cosa que también hicieron en el Cabildo de Lanzarote, al menos en diversas reuniones que mantuvieron conmigo y yo no sé si fue en el cuarto, en el quinto o en el sexto requerimiento del diputado del común, advirtiéndome directamente de la inacción por parte del Consejo Insular de Aguas y del Consorcio, terminando por advertir de que corría riesgo cierto de ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal si yo no actuaba”.
San Ginés explicó además que se barajó la opción sólo de la clausura de la planta desaladora, pero creía que esa decisión hubiera dejado sin aguas a los vecinos. “Era una de las dos opciones que se nos dio, usted clausura, lo que hacía inevitable el desabastecimiento de agua para, no sólo la industria turística, sino para los 6.000 vecinos, porque no existía otra manera de obtenerla, pues antes dos medidas, ambas legales, según se me informó, opté por la que entendí que causaba un menor perjuicio al interés público”, señalaba el ex presidente.
Por otro lado, reconoció que el pidió la opinión verbal del secretario del Cabildo en aquellos momentos y que entendió que respaldaba la decisión que él creyó la menos lesiva para el interés público. “Yo fui asesorado, en todo momento, verbalmente. Es verdad, también por un asesor externo, pero fundamental por quien a mí me vincula, que era el secretario del Cabildo, y del Consejo Insular de Aguas y del Consorcio, en el sentido de que se podía incautar y hacer sin autorización judicial, y de que no era preciso que se me informara por escrito”.
Reunión con Club Lanzarote
Asimismo, indicó que se reunió con Club Lanzarote antes de la incautación para hacer una intervención pacífica pero que no llegaron a ningún acuerdo. “En todo momento, señor letrado, eso consta en las testificales de muchos de los testigos, como supongo que contarán cuando pasen por aquí, y no creo que Club Lanzarote niegue este extremo. En el propio Cabildo nos reunimos en varias ocasiones, tratando de alcanzar un acuerdo que, probablemente se habría parecido mucho al que finalmente se alcanzó cuando el promotor recibió la orden de clausura del Gobierno de Canarias. Es, a partir de ese momento, cuando el promotor de verdad entiende que no nos queda otra porque estoy ya mandatado… ya no se trataba de advertencias del diputado, se trataba de un mandato expreso del Gobierno de Canarias. Nos sentamos y alcanzamos un acuerdo, por cierto, validado en los tribunales, creo que es importante decirlo, que viene a resolver, desde el punto de vista administrativo, la situación”.
En definitiva San Ginés terminó concluyendo en sus declaraciones que actuó creyendo que la decisión adoptada no era injusta y, por el contrario, era la mejor para el interés general puesto que al final se llegó a un acuerdo con la empresa, mediante el cual el Consorcio Insular del Agua cobra 400 mil a Lanzarote Club, dinero que ha servido para abaratar el agua agrícola. San Ginés y el resto de investigados, no contestaron a las preguntas de la acusación popular, Nora Ferrer (hermana de Irma Ferrer), al no reconocerla como parte en este juicio en consonancia al argumentario expuesto por sus abogados defensores de que no podían personarse Carlos Meca y Pablo Ramírez como acusación popular al no estar legitimados para ello.
Declaraciones de Duchemín y Perdomo
También declararon hoy los otros dos investigados, el ex-secretario del Cabildo, Francisco Perdomo, quién en resumidas cuentas certificó que sólo se reunió una vez con el Presidente del Cabildo para este asunto, al pedirle este un asesoramiento verbal. En ese asesoramiento, y advirtiendo, que no había podido estudiar el caso en profundidad, opinó que podía clausurar la planta. E incluso que se podría incautar al entender que estaban las instalaciones de Club Lanzarote en dominio público y con varias sanciones por infracciones medioambientales, contra la salud pública y venta ilegal de agua a precios abusivos.
Por su parte, el tercer implicado, José Juan Duchemín, ex-gerente del Consejo Insular del Agua, alegó qué el no intervino, en ningún momento, en la decisión de incautar porque no le correspondía esa función. Sólo actúo una vez que se había decidido la incautación cautelar de la planta para tratar de asegurar el abastecimiento a los vecinos del Plan Montaña Roja y encargando a Canal Gestión que lo llevara a acabo porque era la única empresa especializada, en esos momentos, para prestar el servicio con garantías.
Hoy además han declarado varios testigos. Mañana a las 10 de la mañana será la segunda sesión de las cuatro en la que se ha dividido este juicio.
Lea la carta aclaratoria del abogado de San Ginés
El abogado de Pedro San Ginés, quiso hacer una serie de aclaraciones a través de un comunicado a lo que han publicado algunos medios. Estas son sus aclaraciones:
“Ante la manipulación y tergiversación que por enésima vez, determinados medios de comunicación hacen sobre el proceso judicial que afecta a Pedro San Ginés y, en particular, sobre las declaraciones del secretario del Cabildo, la defensa del expresidente aclara:
- Sobre las declaraciones del secretario del Cabildo
Es rotundamente falso que el secretario desmintiera a San Ginés en el juicio. Todo lo contrario, confirmó lo que ya había dicho en el proceso de instrucción (se adjunta), es decir, que ese asesoramiento verbal fue previo.
Es imposible que el secretario se enterase de la incautación de la desaladora de Montaña Roja por la prensa, como afirman algunos medios, puesto que firmó como fedatario la resolución 78 de incautación el mismo día que lo hizo San Ginés, esto es, el día antes al hecho material de dicha incautación. En todo caso, habrá querido decir que se enteró por la prensa de ese acto material. (Se adjuntan las dos últimas páginas de la resolución que resuelve la incautación en su punto tercero y que suscribe el secretario del Consejo insular de Aguas).
La firma del secretario en la resolución no es una cuestión baladí por cuanto correspondiendo al mismo el asesoramiento jurídico del Consejo insular de Aguas, como él mismo ha declarado, no realizó ninguna advertencia de ilegalidad.
Tan genérico e improvisado no debió ser su asesoramiento previo, cuando en la fase de instrucción, y a pregunta del presidente sobre las medidas a adoptar, se refirió a diversa jurisprudencia en los Tribunales Supremo y Constitucional y a normas legales específicas que versaban sobre el problema suscitado, concretamente la requisa temporal o la intervención de empresas productoras y distribuidoras de agua. Y más explícitamente, respondió al presidente, que “sí se podría incautar la prestación de ese servicio en el marco de entender que eran dotaciones de dominio público”.
- Sobre las razones por las que no se ha respondido al Ministerio fiscal:
Pedro San Ginés no ha respondido al Ministerio Fiscal porque no tiene la carga de la prueba de la acusación porque no acusa.
De esta forma se colabora a aligerar el juicio, suprimiendo partes innecesarias y centrándonos en los testigos y en las pruebas que tienen interés para la defensa.
En el juicio penal, solo acusan dos personas físicas a quienes ninguna resolución judicial les ha autorizado para que sean parte acusadora. Este error lo hemos alegado nada más iniciarse el juicio.
La entidad privada directamente afectada por la Resolución que dictó Pedro San Ginés, aunque inicialmente interpuso la querella, más tarde se apartó del procedimiento.
El Ministerio Fiscal, que defiende la legalidad, pide la absolución”.
