Segunda jornada del juicio de la Incautación de la desaladora
El portavoz de Montaña Roja reconoce que antes de la incautación ya se le había advertido de esa posibilidad
Este miércoles continuaba el juicio contra Pedro San Ginés por una presunta prevaricación, cuando en su día se vio obligado a incautar de manera cautelar la planta desaladora de Montaña Roja, para conseguir que los más de 5 mil vecinos de esa urbanización en Playa Blanca, pudiera tener el precio del agua al mismo coste que el del resto de la isla, tal y como exigía el Diputado del Común. También se vio forzado como presidente del Cabildo de Lanzarote a forzar la incautación para evitar la ilegalidad que se cometía por Montaña Roja de vender agua a terceros.
Declararon como testigos varios agentes de la autoridad, Policía municipal y Guardia Civil, que participaron en el acto presencial de la incautación, además de otros como el promotor del Plan Parcial Montaña Roja, Joaquín Cañada. Éste reconoció que antes de la incautación de su planta ya se le había advertido desde el Cabildo con tal posibilidad si no se atenía a resolver los incumplimientos. También intervino el exconsejero de agricultura del Gobierno de Canarias, Narváez Quintero y el secretario técnico del ejecutivo autonómico, que conminaron en su día a tomar medidas contra los incumplimientos de Montaña Roja.
En su testimonio Pedro San Ginés volvió a recordar que ya un juez señaló que no era necesaria una orden judicial para incautar la planta al no tratarse de un domicilio.
Este juicio ha sido para muchos analistas inflado por cuestiones políticas dado que finalmente la parte perjudicada por la incautación, Montaña Roja, se retiró del pleito en la fase de instrucción e inicialmente la Fiscalía pidió el archivo de la causa. Sólo representantes en aquel entonces de Podemos ejercieron la acusación popular, y por ello finalmente se ha celebrado este juicio que entra en la fase final.
