Stratvs, crónica de un juicio mediático

En el primer día, poca carga acusatoria  real y mucho teatro para la galería

La primera jornada del juicio del caso Stratvs del lunes, día 19, sentó en el banquillo a diez acusados, entre ellos el promotor de la bodega, Juan Francisco Rosa, a quien se acusa de un delito de tráfico de influencias, y para el que se piden tres años de cárcel, por llamar por teléfono al entonces concejal de Urbanismo de Yaiza, Leonardo Rodríguez, en 2008 para interesarse por la licencia de actividad, que el promotor había pedido en 2005; y que, sin embargo, no se le concedió hasta tres años después de solicitarla.

El juicio continuará el próximo miércoles, con la declaración de los peritos y testigos señalados. El jueves está previsto que se lean las conclusiones y se deje visto para sentencia, un juicio que ha dado poco de sí, en cuanto a carga acusatoria, al menos en esta primera jornada, de nuevo con mucha parafernalia, habitual en estas causas por parte de la acusación, y una excesiva teatralización, en la que lo que a algunos les interesaba era sentar en el banquillo a Juan Francisco Rosa, y el ruido mediático.

Protagonismo y notoriedad

Con mucho afán de protagonismo y notoriedad del representante del Ministerio Fiscal, como es ya habitual en él, y de la representante de Transparencia Urbanística, acostumbrados a las poses ante sus medios afines, se celebró la primera jornada, demostrándose a la postre que se infló un globo más de la cuenta contra la bodega que ha marcado un antes y un después en La Geria.

Entre los acusados estaba el Consejo de Gobierno del Ayuntamiento de Yaiza en pleno, que participó en la concesión de dicha licencia de actividad, el 20 de diciembre de 2008, cuando la bodega llevaba ya varios años construida, con una autorización para levantarse en el suelo rústico de La Geria, concedida en 1999 por la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Canarias, cuando era el Ejecutivo Regional el competente para autorizar la obra en ese tipo de suelo protegido.

Entre los acusados que declararon el lunes figuran la alcaldesa Gladys Acuña (también diputada regional aforada), y los ya ex ediles Leonardo Rodríguez, Evaristo García, Juan Lorenzo Tavío y José Antonio Rodríguez.

Informes favorables a la licencia

También se sentó en el banquillo al ex secretario de Yaiza, Vicente Bartolomé, el ingeniero de Actividades Clasificadas del municipio sureño, Andrés Morales, el ingeniero de Actividades Clasificadas del Cabildo, Manuel Jesús Spínola, y el anterior alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, que en el 2000 dio la licencia de obra, apoyándose en la autorización dada en 1999 por la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Canarias.

En el caso de los ocho acusados que tomaron parte en la concesión de la licencia de actividad, que es el asunto principal que se enjuicia en esta pieza, tanto los concejales y la alcaldesa, como los técnicos que intervinieron, todos sin excepción, declararon que la licencia de actividad otorgada en diciembre de 2005 «tenía todos los informes favorables, y de no haber sido así, la licencia nunca se hubiera otorgado».

En su declaración, la alcaldesa Gladys Acuña, señaló que «nunca se hubiera concedido una licencia de actividad a esta bodega, sin esos informes favorables». Según Acuña, “en aquella época, cuando entramos a gobernar, después de ver la cantidad de problemas judiciales que tenía el Ayuntamiento, todos los concejales nos comprometimos a no otorgar ninguna licencia de nada, que no tuviera, de forma meridiana,  todos los informes técnicos y jurídicos favorables”.

De este modo tanto la primera edil, como los otros cuatro concejales, la licencia de actividad se dio con cinco informes (la resolución del Gobierno de Canarias autorizando la construcción en suelo rústico, el informe de Actividades Clasificadas municipal, el de Actividades Clasificadas del Cabildo, el informe de Sanidad y el del Consejo de Aguas), todos positivos.

Este argumento lo repitieron, uno por uno, los cuatro ediles que participaron en el Consejo de Gobierno y la propia alcaldesa durante el juicio.

Por su parte, los técnicos acusados, los dos ingenieros y el secretario municipal insistieron en que su competencia no afectaba a materia urbanística, pues la resolución en esa materia era competencia del Gobierno de Canarias que era quien tenía las competencias en suelo rústico. Además, los dos ingenieros, en todo momento, declararon que su cometido era exclusivamente técnico y nada tenía que ver con la ordenación territorial o urbanística.

Sobre el supuesto tráfico de influencias

En relación con el supuesto delito de tráfico de influencias, el ex edil Leonardo Rodríguez fue muy contundente en su declaración al señalar que “jamás recibió llamada alguna del empresario promotor de la bodega, Juan Francisco Rosa, para que acelerara los trámites de los permisos”.

Rodríguez, quien como el resto de acusados se negó a declarar a las preguntas del fiscal, dejó muy claro que recibió cuatro o cinco llamadas a lo largo de los tres meses que tuvo intervenido su teléfono del empresario Juan Francisco Rosa, y que ninguna se habló en modo alguno de la bodega.

En todas ellas se habló de otros asuntos, “como de pagos de impuestos porque yo era el edil de Hacienda”. Rodríguez expuso con rotundidad que jamás había dado trato de favor ni a Rosa, ni a ningún otro vecino y aclaró que, dos o tres días después de acordarse en Consejo de Gobierno la concesión del permiso de actividad a la bodega, con todos los informes favorables, fue a casa de Rosa, pero a entregarle una felicitación de Navidad, y no la licencia, como sostiene erróneamente la Fiscalía.

Por su parte el empresario acusado de tráfico de influencias, aceptó inicialmente responder a las preguntas del fiscal.

Rosa se defiende

Inicialmente Rosa dijo al representante del Ministerio Público que él mismo pidió la licencia de actividad personalmente, pero negó que hubiera ejercido presión, influencia o ascendencia de ningún tipo, sobre ningún concejal, sino que sostuvo que solo intervino para defender su proyecto, “ya que había pedido la licencia en 2005 y 2008, tres años después seguían sin concedérmela",  señaló. "Chiquita influencia ejercí, si tardaron tres años en darme la licencia".

En un momento del interrogatorio del Fiscal, el abogado del empresario le sugirió que no siguiera respondiendo, al tratarse de asunto que no pertenecen a los hechos que se enjuician en esta pieza, relativa a un supuesto delito de tráfico de influencias, ya que el Fiscal estaba preguntando por una supuesta prevaricación urbanística.

En ese momento, el fiscal respondió que el delito de tráfico de influencias lo era también en concurso con uno de prevaricación, a lo que el abogado de Rosa, José Antonio Choclan llegó a acusar al fiscal de mentir, dado que el concurso de delitos era solo un subterfugio para evitar que se diera por prescrito el delito de prevaricación, como el letrado había solicitado por la mañana en la fase de cuestiones previas.

Máxima tensión

Ésto llevó al máximo momento de tensión del juicio, cuando el fiscal pidió a la sala que leyera el artículo del Código Penal relativo al tráfico de influencias en concurso con el de prevaricación, algo que se llevó a efecto.

Sin embargo, el letrado de Rosa recordó que en el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que abría el juicio oral, solo se calificaba un delito de tráfico de influencias y que por tanto, el representante del Ministerio Público estaba utilizando el ardid de cambiar la calificación para evitar la posible prescripción.