Suspendido provisionalmente el juez Lis
El Tribunal Supremo desestimó su recurso el pasado marzo
La presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha señalado el próximo 1 de mayo, martes, como fecha de inicio de la suspensión de funciones durante seis meses que el pleno del Consejo General del Poder Judicial confirmó el pasado 30 de noviembre de 2017 al magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife, Rafael Lis Estévez.
Lis Estévez ha presentado recurso en vía administrativa contra la decisión del presidente del TSJC, Antonio Doreste. La orden de Doreste sólo se paralizará si así lo estima oportuno el Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces españoles.
El que fuera juez decano de Las Palmas de Gran Canaria y candidato a presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias fue sancionado por la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial en septiembre de 2016 como autor de una falta muy grave tipificada en el artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, desatención en sus funciones por no apartarse de una causa judicial en la había sido recusado. El pleno del CGPJ confirmó la suspensión en noviembre del año pasado.
El magistrado sancionado recurrió la decisión del gobierno judicial ante el Tribunal Supremo, que en el pasado marzo desestimó su recurso.
Fue en febrero de 2014 cuando al Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife, del que es titular Rafael Lis, llega la denuncia de Pamparacuatro por la supuesta falsificación y desaparición de un centenar de autos. Sin embargo, Pamparacuatro recusó a Lis, alegando que estaba contaminado porque su mujer había sido letrada de la defensa de Bodegas Stratvs.
Lis rechazó entonces la recusación, pero la Audiencia Provincial ordenó en enero de 2015 que fuera apartado siendo sustituido por la juez del juzgado de Instrucción número 1. Resalta Canarias 7 que, curiosamente, meses después, Pamparacuatro presentó un escrito desdiciéndose de su denuncia por robo y falsificación de sus propios autos, afirmando que todo estaba correcto. Asumió entonces la autoría de lo que había sido supuestamente robado.
Estos días atrás se ha conocido que el mismo magistrado ha dictaminado que el exconsejero de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) del Cabildo de Lanzarote y destacado socialista, Carlos Espino, deberá entregar en el Juzgado de Instrucción número tres de Arrecife un aval de un millón y medio de euros. Además, Rafael Lis, que investiga la denuncia contra Espino, entre 2007 y 2009, dictando un auto en el que da un plazo de diez días para que los cinco investigados depositen hasta tres millones de euros en concepto de fianza por responsabilidades pecuniarias, «al existir sobrados indicios racionales de haber incurrido en delitos de prevaricación, malversación y fraude», según informa el diario Canarias 7.
