Tres años después se anuncia por fin un plan para salvar el palmeral lanzaroteño
Cabildo y Gobierno de Canarias acuerdan ejecutar un proyecto para luchar contra la plaga de la Diocalandra frumenti
Tras tres años de legislatura, y con una importante parte del palmeral perdido, el Cabildo de Lanzarote se pone manos a la obra para tratar de salvar las palmeras que quedan en la isla. Una tarea, que a decir de los técnicos y expertos, será ardua dado el deterioro y el avance imparable de la enfermedad, la Diocalandra frumenti, que afecta a más de la mitad de las palmeras de la isla
Lo cierto es que, aunque el picudín llevan muchos años atacando al palmeral lanzaroteño, sobre todo a los ejemplares que están ubicados en jardines públicos y en los márgenes de las carreteras insulares, el mayor deterioro apreciable se ha producido en los últimos años. Las causas principales de este agravamiento del problema se deben al confinamiento que se produjo por la pandemia mundial del covid-19 que llevó consigo un importante falta de cuidados y de riego, en este caso por los problemas con el agua terciaria.
Así y todo, aunque tarde, es una importante iniciativa la que se pone en marcha ya que el Plan de control y erradicación de la Diocalandra frumenti responde a la necesidad de actuar "de forma urgente" frente a un parásito invasor que arribó a la isla en ejemplares foráneos importados, principalmente desde el sureste asiático, y que se ha convertido en una amenaza "real" para la supervivencia del palmeral de Lanzarote.
La iniciativa será ejecutada por técnicos y personal especializado de la empresa pública Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR) en dos fases. Inicialmente, se realizará un diagnóstico del estado tanto de los palmerales naturales como de los ejemplares localizados en las zonas verdes de la isla. Una vez se disponga de los resultados, se aplicarán los tratamientos fitosanitarios adecuados en los ejemplares afectados para "iniciar su recuperación, por un lado, y frenar la propagación del parásito a las palmeras del entorno, por otro".
Este convenio tiene un presupuesto inicial de dos millones de euros que serán sufragados en un 50% entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote, y una duración de cuatro años.
