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Un informe revela que sólo Yuco y Stratvs tenían permisos para verter aguas fecales


El presidente del Cabildo anuncia que se instara las bodegas a que regularicen la situación al tiempo que se les abrirá expedientes sancionadores

 

Lancelot Digital

Vídeo: Lancelot Televisión


El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, hizo público en la tertulia Café de Periodistas un informe realizado por los servicios técnicos del Consorcio Insular del Agua, a petición de un ciudadano, que revela que, a excepción de Yuco y Stratvs, el resto de bodegas de la isla no tienen permisos para verter aguas fecales.

 

"Ninguna de las bodegas ha tenido nunca autorización de vertidos y es obligatorio que la tengan. Eso es lo que dice ese informe. Sólo la tiene Yuco y la tuvo Stratvs, condicionada, las demás ni la tienen ni la han pedido, y el informe viene a concluir que por el interés general en una actividad de esta naturaleza, con las consecuencias que tendría la clausura, lo que hay que hacer es abrir un proceso en el que se les inste a regularizar esa situación, a solicitar esa autorización al tiempo que se les abrirá expedientes sancionadores a todas ellas", afirmó San Ginés.

 

"El que no tengan la autorización no significa que no puedan tenerla con lo que tienen instalado y mucho menos que se esté contaminando el medio ambiente. Lo que quiero decir con esto es que a lo único que obliga la norma es que a lo que se vierta esté autorizado y sólo lo estará si se vierte bajo determinados parámetros de calidad del agua, que se pueden alcanzar por decantación, fosas sépticas o depuradoras. Es decir, no obliga a un sistema en concreto, sino a un resultado del agua. Es un tema que llevaré a la asamblea del Consejo del Agua y que me parece de enorme enjundia, porque si lees el informe al principio parece que fuera a obligarnos a cerrar todas las bodegas", añadió el presidente del Cabildo.

 

Cabe destacar que precisamente el vertido de las aguas fecales es el motivo que llevó a la juez Silvia Muñoz al cierre de la bodega como medida cautelar a un supuesto delito contra el medio ambiente.

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