PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Crepúsculo del ‘caso Unión’

Por Francisco J. CHAVANEL

(Publicado en la edición del domingo 27 de julio de Canarias7)

 

1.- El informe ‘Lucía Barrancos’
El 29 de noviembre de 2011 la juez titular del Juzgado de Primera Instancia nª 5 de Arrecife de Lanzarote, Lucía Barrancos Julián, eleva un escrito de nueve folios al Tribunal Superior de Juasticia de Canarias –en la época presidido por Antonio Castro Feliciano-, en el que se denuncia con todo lujo de detalles la desastrosa y caótica instrucción del “caso Unión” por parte del juez César Romero Pamparacuatro. En la ocasión no son periodistas, ni alguna de las partes implicadas, ni ningún “paracaidista” caído sobre el asunto de forma sospechosa. Es la juez que hereda el caso, tras el breve interinato de Albano González Padrón de apenas cinco meses.


El informe Barrancos ha estado oculto durante casi tres años. El TSJC ni siquiera lo registró. Extrañamente lo envió al Consejo General del Poder Judicial, el cual en acuerdo de la “comisión disciplinaria” (échenle hilo a la cometa) de 24 de julio de 2012 decidió archivarlo para que ninguno de los imputados pudiera utilizarlo en el derecho legítimo de su defensa. Tuvo que ser justamente el imputado Antonio Jerónimo Machín Ramos –detenido en las actuaciones presuntamente delictivas en el ámbito del Ayuntamiento de Arrecife- el que primero lo solicitase al juzgado de la isla siéndole denegado, para posteriormente abrir un contencioso contra el CGPJ, con el resultado que conocemos, y finalmente recurrir al amparo del Tribunal Supremo, quien, en sentencia de 10 de febrero de 2014, dice textualmente: “No resulta explicable que una petición formal dirigida al secretario general del CGPJ, sea remitida al Servicio de Inspección y dé lugar a unas diligencias informativas, previas a una eventual actuación disciplinaria” cuando lo que se pide es “a efectos de la defensa de sus derechos en las diligencias en las que estaba implicado”. Y en el folio 13 expone: “Ha de afirmarse además que el acuerdo vulnera el derecho del recurrente, sin que en el caso se dé ninguno de los límites a ese derecho constitucional”. La Sala falló a favor del imputado Machín Ramón, aunque tuvo que esperar unos cuantos meses para que el CGPJ acatase la sentencia y le remitiese el informe Barrancos. Exactamente cinco.


Las preguntas son obvias: ¿por qué les entró el pánico al TSJC y al CGPJ para vulnerar un derecho constitucional, intentando hacer desaparecer una prueba vital para la defensa de los “deshonrados” imputados, amparando con su comportamiento la inasumible instrucción del juez Pamparacuatro, y la de su principal cómplice en las actuaciones el fiscal Ignacio Stampa? ¿A quién se le ocurrió cometer este disparate que desacredita a aquellos que pretenden una condena a toda costa como si estuviéramos en un estado dictatorial? ¿Es evidente o no que el caso Unión fue impulsado por una conspiración política en la que participaron altos cargos de la Justicia, en la creencia de que jamás aparecerían las pruebas de sus desatinos? Ya lo he escrito antes pero lo recuerdo ahora: ningún Estado que se precie como tal puede hacer valer sus argumentos a través del avasallamiento, el castigo desmedido, la vulneración de la ley. Si toleramos esto aceptamos la tortura, las desapariciones en las oscuridades de las comisarías, el que entren en tu casa y violen a tus hijos: aceptamos la barbarie.


2.- El fiscal Ródenas fue informado por la juez
La Fiscalía provincial, la Fiscalía del TSJC, y la Fiscalía General del Estado, tampoco quedan bien tras la lectura actual del informe de Lucía Barrancos. En el folio dos leemos: “Durante los días 22 y 23 de noviembre de 2011, el fiscal Javier Ródenas Molina, en su condición de Fiscal Decano de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, adscrito para este asunto a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, se desplazó a la sede de este juzgado. Durante un total de 16 horas, procedimos a analizar el estado en el que se encontraba materialmente el procedimiento, descubriendo una serie de irregularidades en la organización y formación de la causa judicial”. Y Barrancos añade: “su presencia vino motivada por el hecho de que no se tenía constancia de que los escritos del Ministerio Fiscal hubieran sido proveídos”.


Lo que denuncia Barrancos le da la razón a este periodista cuando señaló hace algunas semanas que durante un año y medio Pamparacuatro y la Fiscalía no mantuvieron relación alguna. Desde el momento en que Stampa fue relevado por Ródenas se produce un agujero negro de alta intensidad, en la que el Ministerio Fiscal no tiene la menor información de cómo va el caso. Llama la atención como esa Fiscalía se comprometió públicamente a ser la “garante del caso” cuando conocía al detalle la penosa instrucción de Pamparacuatro a través de Javier Ródenas, y cuando estuvo en Belén con los pastores un año y medio más. Esa Fiscalía ha estado muy lista para llevar al Consejo Fiscal artículos de periodistas incómodos que buscaban la verdad de este siniestro caso, para después intentar intimidarlos si continuaban con sus averiguaciones.


Díganme: ¿le van abrir un expediente al señor Stampa por no denunciar los desastres perpetrados contra los legítimos derechos constitucionales de los imputados por el juez Pamparacuatro cinco años después de los desafueros? ¿Se van abrir a sí mismos un expediente por tapar la realidad de lo sucedido? ¿Por qué el fiscal Ródenas no elaboró un informe explicando su estupor ante las denuncias de Barrancos? ¿Existe ese informe, dónde está? ¿Por qué la Fiscalía, “la garante del”, no puso el grito en el cielo en la defensa de los sagrados intereses de ese Estado al que debe proteger, y reclamó un escarmiento donde debía, precisamente en el Consejo Fiscal?


Cualquier empresa privada hubiese despedido a altos ejecutivos por actuaciones tan desleales con la propia imagen de la empresa. Sin embargo, en la civilización que nos toca vivir hay funcionarios tan poderosos que pueden hacer lo que les dé la gana sin que su aval de impunidad sea mínimamente tocado.


3.- Los detalles del caos
Lucía Barrancos habla en su informe de la “tremenda magnitud” del Caso Unión. 30.000 folios y decenas de imputados. Afirma que procedió a verificar sus descubrimientos con la UCO Unidad Central Operativa de la Guardia Civil), que “confirmó que muchas de las diligencias de investigación nunca fueron acordadas”. El 30 de marzo de 2012 la jueza envía su famoso escrito a la UCO en Madrid reclamándole que enviase las pruebas de convicción del caso. Se las habían llevado. En concreto el teniente Vicente Corral Escariz, ascendido a comandante por los méritos contraídos (¿?), amo y señor del procedimiento judicial con Carlos Espino, el despacho de Manuel Fajardo, y la Fundación César Manrique, en el papel de delatores.


Barranco enumera: A) de los 64 tomos que conforman la causa principal, “más de la mitad no se encuentran ni numerados ni foliados”. B) en cada archivador existen sin foliar resoluciones judiciales “que adoptan forma de auto, providencia, diligencias de constancia sin orden aparente de fechas…”; “existen además un total de 26 archivadores que no se encuentran ni numerados ni foliados interiormente”. C) Los folios no se encuentran organizados por fechas, ni siguen una continuación lógica ni cronológica. D) El archivador 31 comienza con “un atestado de la UCO de 26 de septiembre de 2009, atestado que no se incluye en su integridad”. E) Existen “cinco archivadores completos sin numerar ni foliar”. F) La jueza detalla algunas curiosidades como el proceder de Pamparacuatro con el caso “Centros Turísticos”, en el que está imputado Carlos Espino, donde explica la preocupación del juez para que el asunto no fuera instruido en el juzgado que investigaba “Unión”, resultando el citado Espino el principal denunciante: había que proteger a la principal fuente. Y g) El relato de Barrancos es prolijo, cuidadoso, enumera uno a uno cada uno de los archivadores; es una montaña de cifras y de observaciones, precisiones de todo tipo tan eficientes como cansinas; son tan extraordinarios los errores cometidos, por cantidad y calidad, que es imposible retenerlo todo.


4.- Dónde estuvieron los jefes
Queda lo más grave. La jueza detalla que “no existe una relación detallada de las piezas de convicción que se encuentran en la cámara de seguridad del Juzgado, por lo que tras la reincorporación del secretario sustituto en el mes de enero de 2012, se procederá a acordar la comprobación y elaboración de un listado de la totalidad de las piezas”. Se entiende que es ahí, en esa comprobación, cuando la jueza Barrancos se entera de que el eje neurálgico del caso estaba en poder de la UCO en Madrid. Sobre las grabaciones comenta; “dados que los originales de más de 150 cds en los que se contienen las grabaciones de las intervenciones judiciales acordadas se encontraban en el archivo, se han trasferido con fecha de hoy, y de forma provisional al despacho del juez”. O sea, que estaban de cualquier manera…

 

Luego añade: “Asimismo, se procederá a enviar al Ministerio Fiscal un total de 10 archivadores completos, 9 carpetillas y 20 cds encontrados en una caja de forma dispersa por el archivo, que constituyen copias de los atestados de la UCO, que en su día nunca se remitieron al Ministerio Público”… Que me lo expliquen porque no lo entiendo: ¿a qué viene ese singular proteccionismo del TSJC, CGPJ, Fiscalía de Las Palmas, Fiscalía del TSJC, Fiscalía General del Estado, de un juez que realiza pésimamente su trabajo y que, además, durante un largo periodo no informo de nada de lo que hizo a la propia Fiscalía? Parece el accionista principal de la empresa.


La jueza Barrancos despide su informe curándose en salud por si acaso: “Se comunica al TSJC las irregularidades en la tramitación, que a modo simplemente simplificativo, se han enumerado más arriba, de manera que en el futuro no me puedan atribuir ningún tipo de responsabilidad por aquellas anomalías y otras que quizá se puedan descubrir a medida que se ahonde en el estudio del procedimiento”.


Durante tres largos años este informe no existió, fue purgado y escondido por instituciones que no debieran tener el menor asomo de sospecha en cuanto a su respetabilidad. Durante ese tiempo, y desde 2008, el honor de los imputados ha sido pisoteado unas cuantas decenas de veces. Entre ellos seguro que hay unos cuantos inocentes. Les ha importado un pimiento su sufrimiento y la devastación personal a la que han sido sometidos. Como si fuera una segunda parte del humillante caso Icfem. En un estado de derecho el criminal puede ser declarado inocente si los acusadores no encuentran pruebas. En este caso las pruebas nunca han importado demasiado. ¿Hay caso Unión o hay caso Pamparacuatro con su colección de cómplices? Ahora ya sabemos dónde estuvieron los jefes. De cacería por Guinea, porque todo lo ocurrido pertenece a una geografía política y judicial tan carente de principios como la guineana.

 

 

Condena a Lancelot Digital y a D. Francisco Javier Chavanel Seoane por lesión del derecho al honor de D. César Romero Pamparacuatro

Descargue AQUÍ la sentencia

Comentarios (19)