¿Dónde están los jefes?
Por Francisco J. CHAVANEL
1.- Más vale ponerse colorado una vez
Confieso que no puedo apartar la vista de la pantalla. Asombrado y alucinado. Cuanto más sabes del caso Unión o del caso Pamparacuatro -que tal vez haya que cambiar la denominación en vista de lo que está surgiendo- más perplejo te quedas. No conozco en mis largos años de periodista una instrucción mínimamente parecida. Ni las de Garzón, ni de la del juez Elpidio Silva en el “caso Blesa”, ni los casos Carmelo Padrón o Icfem, o la actuación de la Fiscalía en los casos Nòos o Bárcenas, a beneficio de inventario bien sean de la Monarquía, del Gobierno, o del PP.
Supera todo lo conocido. Lo arbitrado por el PSC, la Fundación César Manrique (pobre César, si tuviera la oportunidad de contemplar la fenicia obra de Fernando Gómez Aguilera lo correría a gorrazos en menos de un minuto), y la colaboración necesaria de la UCO, es un dislate de tal naturaleza que no se comprende que todavía no haya actuado el Consejo General del Poder Judicial –más allá de un viaje de cortesía que terminó en nada- o la Fiscalía del Estado o de la provincia. Las garantías procesales que hacen de un país algo razonablemente serio se han vulnerado en no pocas ocasiones; la mayoría de las pruebas de convicción han desaparecido misteriosamente; la cadena de custodia de las pruebas fue rota desde el inicio del proceso; más de cien autos no han sido firmados por la autoridad judicial correspondiente; ninguna de las seis grabaciones que dan pie a la instrucción es original y, por lo tanto, válida; el secretario del juzgado ha denunciado a la actual magistrada que lleva el asunto por presunta prevaricación; el secretario no se habla ni con la jueza ni con el fiscal Stampa; Pamparacuatro sube en un barco a cámaras de la Sexta para que destrocen la reputación de los imputados que él mismo procesó después de haber sido apartado del caso…
La Fiscalía dice que es el seguro de una pésima instrucción y lo único que tiene es al intermediario Fernando Becerra, que habría de mantenerse en las declaraciones que le hizo a Carlos Espino cuando éste lo cazó parloteando con la grabadora Gnome, propiedad de un miembro de la UCO que se la llevó consigo una vez finalizado el interrogatorio … ¿Es suficiente Becerra y las escuchas telefónicas, que ya veremos si aguantan como pruebas válidas, para conseguir condenas para más de cien imputados? Es para dudarlo.
Pamparacuatro pudo salir a hombros y convertirse en un héroe, como lo es el juez Castro en Palma de Mallorca, el cual, conjuntamente con el fiscal Horrach, que ahora no pueden ni verse a causa del asunto de la infanta, han logado importantes triunfos contra la corrupción, entre ellos la cárcel para dos ex presidentes autonómicos, Antonia Munar y Jaume Matas. Pero tanto él como el fiscal Stampa prefirieron delegar sus funciones en el secretario, José Ramón Vera Machín o, en el peor de los supuestos, en la propia UCO, como en este artículo quedará demostrado. Quizá ese fuera el trato. Para ustedes la gloria, y para nosotros el trabajo de fontanería. El caso Unión es política de alcantarilla. Sólo es eso. Política sectaria que no duda en utilizar los poderosos mecanismos del Estado contra los enemigos de un partido. Los jefes, que deben tutelar por la salud de una institución clave para el sistema, debieran taparse la nariz y bucear en las aguas del corporativismo. Más vale ponerse colorado una vez que cien.
2.- ¿Qué hacían las pruebas del caso Unión en Madrid en manos de la UCO?
Pamparacuatro dejó de ser juez del caso Unión el 24 de diciembre de 2010. Ahí terminó su última comisión de servicios. El presidente del TSJC, Antonio Castro Feliciano, lo remitió a La Laguna, harto de aguantar una instrucción que ya en la época presentaba serios desajustes. Lo sustituyó Albano González Padrón, un profesional tolerante que recibió con el corazón ancho a un Pamparacuatro nostálgico que viajaba casi todos los fines de semana desde La Laguna, donde estaba destinado, a Lanzarote. De jueves a domingo Pamparacuatro utilizaba su antiguo despacho y allí interpretaba maravillosas canciones ante el ordenador. Cantó “ópera” durante tres meses aproximadamente. Otros sostienen que vino a arreglar lo que dejó mal cosido. El tiempo no le alcanzó.
En mayo de 2011 se hace cargo del caso la jueza Lucía Barrancos, que rápidamente altera la vida del juzgado intentando poner orden en el caos, la única de los cinco magistrados con responsabilidad en “Unión”. Lo primero que descubre Barrancos es que todas las pruebas del asunto no se encuentran en Lanzarote. Tal como lo leen. Después de 60 registros no existe prueba de convicción alguna en su juzgado. ¿Dónde se encuentran? O mejor: ¿por qué entonces los jefes de la Justicia no iniciaron una investigación para aclarar tal turbia cuestión?
Lo cierto es que la jueza libra un oficio con fecha 30 de marzo de 2012 ordenándole a la UCO que entregue las pruebas que estaban… ¡en Madrid! El material que sustentaba una de las investigaciones más importantes desarrolladas en Canarias (en boca de Espino superior incluso al “caso Marbella”) dormía en las instalaciones de la UCO en la capital de España. La Guardia Civil se lo llevó para su sede, sin que juez y fiscal se lo impidieran. ¿Quién mandaba realmente? ¿Pamparacuatro, Stampa o el capitán de la UCO, Vicente Corral Escariz, justamente el que le prestó la grabadora a Carlos Espino para que iniciara su razzia? ¿Cómo es posible que las pruebas determinantes del caso fueran custodiadas por la guardia civil, al margen por completo de la Justicia, la garante del Estado de Derecho?... En ese momento, ¿por qué los jefes no actuaron?... La documentación cabía en dos furgonetas, y en dos furgonetas llegaron los papeles. El capitán Corral Escariz fue ascendido a comandante, en pago a los servicios prestados y, en terminología militar, “desplazado lateralmente” de Lanzarote a otra ciudad en agosto de 2013, cuando el pastel estaba a punto de descubrirse.
3.- El secretario y la jueza se acusan mutuamente y no se hablan; ¿nadie frena este bochorno?
La visualización de los papeles trajo consigo la comprobación de que más de ciento diez actuaciones no habían sido firmadas por Pamparacuatro. En la pasada primavera la quinta juez que tutela el caso, Silvia Muñoz, que no destaca precisamente por un deseo nítido de aclarar el proceso, ante la magnitud del escándalo, llamó al peculiar juez para que explicase lo sucedido. Los medios de comunicación comentaron que Pamparacuatro firmó unas cincuenta autos y que otros cincuenta quedaron en barbecho al no reconocerlos.
En realidad lo sucedido fue un poco diferente. Pamparacuatro se negó a firmar cualquiera de ellos. No estampó su firma en ninguno. Y lo argumentó de la siguiente manera: hay un bloque que son diligencias de careo, no los firmé porque no tuve tiempo; hay otro bloque que son providencias, no están firmadas pero tampoco es fundamental hacerlo; y hay un bloque de autos que responden a escuchas, detenciones, puestas en libertad, elementos fundamentales del proceso, que yo sí firmé y que ahora me los enseñan sin firma alguna… Estos últimos son un total de 24. De un taponazo Pamparacuatro acusó a “alguien” de falsificación de documentos y de apropiación indebida. ¿A quién?
La jueza Muñoz y el fiscal Stampa no dudaron en defender a su compañero de travesía. Enseguida le echaron la culpa al secretario del juzgado, José Ramón Vera Machín, hasta ese instante un complaciente amigo de los instructores, el cual, probablemente, firmaba cuando los otros estaban disfrutando de la existencia. El sector Manuel Fajardo lanzó la siguiente acusación: los ricos han entrado en el juzgado y se llevaron los autos que ¿firmó? Pamparacuatro. Se supone que los citados documentos estaban protegidos en la caja fuerte del juzgado. ¿El secretario se puso de acuerdo con los “ricos”, o es el secretario el chivo expiatorio elegido por Pamparacuatro y Stampa? Hace unas fechas supimos de otro escándalo: Vera Machín se querelló contra la jueza Muñoz, acusándola de presunta prevaricación. La denuncia está en el Supremo, sin visos de que prospere por razones corporativas obvias. ¿Es normal que un secretario y la magistrada del mismo juzgado se peleen y lleven sus diferencias a los tribunales? No conozco un sólo caso parecido. Ni los jefes tampoco. Sin embargo, ¿por qué no demandaron responsabilidades, propiciando el destierro de actuaciones dudosas y, por el contrario, callaron protegiendo este baile de desatinos?
En la actualidad el secretario se mantiene en su despacho en la planta número dos del edificio de los juzgados de la Avenida Medular, y la jueza Muñoz se ha mudado a la planta baja, acogida por el fiscal Stampa, que gobierna la zona, operando entre la Fiscalía y el Decanato. Otro bochorno que los jefes toleran con suma generosidad. La realidad es que se llevan a matar. Lo más hermoso que brota de los labios de los funcionarios es que al secretario le van a caer cien años de cárcel. Ni ellos mismos se creen que los “ricos” robaran algo. Su culpable ya lo tienen: el secretario, que para colmo no es de carrera sino excrecencia de un dedazo, por lo que no hay piedad para el enchufado.
4.- Pamparacuatro ‘secuestró’ el caso durante año y medio, cuando Stampa fue apartado
Vuelvo hacia atrás. Como ya he relatado la Fiscalía Provincial asume el caso pese a sus evidentes averías. Respeto su opinión y su voluntad. La Fiscalía presume de la culpabilidad de unos cuantos. Seguro que hay varios corruptos en esa laguna. Pero si no defendemos las garantías procesales, ¿dónde queda el Estado de Derecho? ¿Somos delincuentes contra los aparentes delincuentes? Pero esa Fiscalía sabe algo que yo también sé: que el caso Pamparacuatro fue invisible para ellos desde que Ignacio Stampa es apartado en julio de 2009, por sus extralimitaciones con motivo de las incomunicaciones a los detenidos de junio de ese año, hasta que se le ordena a Pamparacuatro abandonar la nave, en diciembre de 2010. Es decir, durante año y medio el caso estuvo “secuestrado” por el juez. Probablemente porque Pamparacuatro y Stampa estaban juntos en la riqueza y en la pobreza, como un matrimonio que hubiese jurado fidelidad eterna, por lo que el juez en su prepotencia no perdonaba a la Fiscalía Provincial que le arrebatara a su principal afluente. La Fiscalía fue deliberadamente puenteada por el instructor, de manera que el sustituto de Stampa, Javier Ródenas, apenas tuvo información. Ahí, entonces, cuando sintieron algo familiar al desprecio, ¿por qué no pusieron en su sitio a quienes habían ridiculizado a algo tan sagrado como la propia Justicia? Puede que estemos ante un sacrificio de imagen excesivo.
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