“La Sexta” de caballería
Por Antonio Coll
Después de la avanzadilla de los francotiradores de El País, ahora desde el “inquisidor cuartelillo general” envía a “La Sexta” de Caballería, en busca de los ¿100? sioux y cheyennes, “imputados” en el caso “Unión”, cada día más “desunido”, después de más de cinco años, desde el inicio de la instrucción y donde han pasado ya cuatro jueces. La actual magistrada del Juzgado nº 5, una vez ha buceado en los trámites utilizados, ha comprobado muchas “irregularidades”, voluntarias o involuntarias, lo que puede representar una sensible “quiebra” del caso “Unión” o “Desunión”, a la vista de los últimos acontecimientos y demandas presentadas, entre los mismos funcionarios judiciales, que ofrecen dudas sobre las actuaciones judiciales-policiales desde el inicio del caso, sobre todo, en las cuestiones de garantías de seguridad que se deben tomar, cuando se dictan decisiones de privación de libertad o registros a domicilios, sean públicos o privados. Naturalmente, una supuesta “sobreactuación” no significa que los supuestos implicados, con pruebas fehacientes, queden impunes. Lo hago constar para que no se me interprete de que estoy defendiendo la ilegalidad o actuaciones punibles.
No tengo por costumbre realizar críticas sobre informaciones que publicitan o difunden otros medios, pero a nadie se le escapa que el reportaje de El País y ahora la información televisiva de La Sexta, contiene el mismo hilo conductor, con el objetivo de producir el mayor daño a la imagen turística de Lanzarote y desprestigiar a determinados empresarios o políticos. Porque “mosquea” airear de nuevo un caso que se inició hace cinco años, sin aportar nuevos argumentos, si exceptuamos las incidencias expuestas al principio del artículo.
Por otro lado, percibo, que a los potenciales instigadores les está saliendo el tiro por la culata y la información ofrecida por los medios españoles citados, lo único que están consiguiendo es confundir más a la opinión pública con “medias verdades” y que ésta descubra que todo se trata de una “trama” mediática para influir en las decisiones judiciales. Es decir que el efecto-causa que intentan producir puede ir en su contra.
También el general Custer cometió graves imprudencias con el 7º Regimiento de Caballería, en el intento de exterminar con los indios en la batalla de Washita, en 1868. La masacre producida atacando a mujeres, niños y ancianos, solo sembró el odio a los poblados habitados por los guerreros sioux, cheyennes y los Lakota. Y el 7º de Caballería perdió la mayor parte de sus efectivos ocho años más tarde. Según la película, titulada: “Y murieron con las botas puestas”. Posiblemente, a los soldados no se le dio tiempo de “quitárselas”, ante la avalancha de “flechas envenenadas”.
Por supuesto, que El País y La Sexta no intentan exterminar a los nativos de la isla, pero alguna semejanza “literaria” tiene. En el caso de la Sexta hay que reconocer que han sido más cautos y veraces, sobre todo cuando termina la grabación con la siguiente frase: “Cinco años después ninguno ha sido juzgado y ahora preparan una macroquerella contra los responsables de la investigación por una supuesta falsificación de pruebas masiva”. En esta ocasión, no implican al político de Nueva Canarias, Pedro de Armas, quien nunca ha sido imputado en los casos de referencia. Incluso sus expedientes abiertos, por cuestiones privadas, han sido archivados. En el rotativo del grupo Prisa, aparecía como uno de los principales protagonistas del caso “Unión”, junto a un empresario lanzaroteño, deliberadamente expuesto, cuando su imputación, ya archivada, fue por causas diferentes al de “Unión”. Pero con “malas artes” lo siguen persiguiendo, a pesar de ser uno de los empresarios nativos que más ha arriesgado en las inversiones, con obras excepcionales.
Pero como “Toro Sentado”, líder espiritual de los sioux, tendremos que acostumbrarnos a estos esporádicos episodios de determinados medios españoles y estar atento a la llegada de otros “regimientos”, con el objetivo de atacar a Lanzarote, con informaciones desproporcionadas a la realidad e inconfesables intereses. En todos sitios cuecen habas, y es obvio que, en cuestiones de urbanismo y planeamientos del territorio, en el llamado Reino de España, se han cometido muchas ilegalidades y se han entregado muchos “maletines”. Nada nuevo bajo el sol de este país, donde es costumbre de sus gobernantes decretar el máximo de leyes y normas para no cumplirlas o, mejor dicho, aprovecharse de ellas.
Por lo demás, dejo a la magistrada-juez, Silvia Muñoz, que siga con su reglado trabajo, que no es poco, y quienes hayan cometidos hechos punibles que paguen, según dicten las sentencias judiciales, pero sin presión mediática de ninguna clase. Como en su día dijo su Majestad El Rey: “La Ley es igual para todos”.
