Proteger lo indefendible
Por Antonio Coll
No hay razón ni criterios convincentes para intentar de nuevo “proteger” inmuebles, en Arrecife, que no tienen el más mínimo valor arquitectónico y, si fuera poco, están en una situación de emergencia para sus derribos, por la peligrosidad que representan sus frágiles estructuras, por desuso y no haber sido rehabilitados o reformados. Corroboro la actitud de los propietarios de los inmuebles que ya contaba con licencias de derribo, desde el año 2005, pero que no se pudo ejecutar las demoliciones al aprobarse el Catálogo Municipal Arquitectónico, paradójicamente, anulado, con buen criterio, por el Tribunal Supremo, en julio de 2013. Entre tanto, el grupo de gobierno de Arrecife, vuelve de nuevo al frente, para suspender, cautelarmente, las licencias de derribo, con el fin de ganar tiempo y elaborar un nuevo Catálogo e incluirlo en el Plan General Urbano de Arrecife. Los propietarios y promotores de los inmuebles afectados consideran un quebranto a la decisión del Alto Tribunal y un “abuso de poder” el comportamiento de los responsables políticos y técnicos del Ayuntamiento de Arrecife. Y tienen razón porque poseen un derecho adquirido y, ahora, los gobernantes. en actitud preponderante, quieren de nuevo frenar el destino de dichos inmuebles que, en opinión generalizada, no es otra que la demolición, en la mayoría de los casos, o bien, dejar libertad a los sus dueños, para decidir el futuro de las propiedades, respetando las normas urbanísticas de los lugares que están emplazadas.
El proteger el patrimonio arquitectónico, histórico y cultural de la ciudad, me parece una obligación y un deber del gobernante. Pero esta cuestión no es el debate de mi artículo, ya que me estoy refiriendo a determinadas casas o inmuebles, que no tienen interés arquitectónico ni cultural para mantenerlos. Por otro lado, cualquier propietario que tenga un mínimo de razón, no acometerá la locura de rehabilitar un edificio que, sin lugar a dudas, habría que destinar una inversión de muchos euros, si en el fondo, como me imagino que sucede en la mayoría de las edificaciones, existe una realidad palpable de no poder rentabilizar el desembolso. La mayoría de la gente sabe que estoy hablando de inmuebles en “ruinas”, en estados lamentables, de inseguridad para los viandantes y su entorno, y carente de las más mínimas condiciones de salubridad e higiénicas-sanitarias.
Para mi parecer, lo recomendable y lo más sensato, es que el grupo de gobierno de Arrecife retire la suspensión cautelar de las licencias de derribo y se deje de majaderías de revocar las mismas, porque al final, los ganadores, en estos litigios, siempre son los despachos de abogados y procuradores. El Ayuntamiento de Arrecife no está, en estos tiempos, para “tirar” dinero de nuestros impuestos y los propietarios están en su legítimo derecho de demandar a la Corporación, si comete prevaricación y acciones discriminatorias o gravosas para sus intereses.
No se puede proteger lo indefendible. Arrecife necesita avanzar y modernizarse. Precisa inversión para la economía real de sus pobladores.
Percibo que, en el fondo, los que necesitan especial protección y seguridad colectiva, son, precisamente, los ciudadanos de Arrecife, antes que cualquier inmueble en desuso, pueda derribarse sin uso de palas mecánicas. Sin más comentarios.
