Ya es el ‘caso Pamparacuatro’
Por Francisco J. Chavanel
Gran semana para la Justicia, al menos para el máximo órgano de los jueces. En agosto, el mes inhábil por excelencia, el CGPJ corrige un error lamentable sucedido en una isla “perdida” llamada Lanzarote. Nada de este calibre hubiera ocurrido sin el conocimiento por parte de la opinión pública del denominado “informe Lucía Barrancos”, la jueza que sustituyó a Pamparacuatro en la instrucción del “caso Unión” en mayo de 2011… Asustada ante la dimensión de los disparates que cada día descubría redactó su famoso informe que entregó al TSJC (representando por Antonio Castro Feliciano, de obediencia socialista) y al CGPJ (con Carlos Dívar de presidente, apuesta personal de Zapatero).
Si a estas alturas ya aceptamos como verdad incontrovertible que el caso Unión se inicia en cripta socialista, por la confabulación del despacho de Manuel Fajardo (hoy portavoz del PSC en el Parlamento), con Espino (secretario del PSC en Lanzarote) de punta de lanza, con la Fundación César Manrique en la armería, y con la UCO y una serie jueces y fiscales dispuestos a tomarse la justicia por su mano, con la anuencia de JFLA, que estaba al tanto de los detalles…, no puede sorprendernos que la ocultación del informe Barrancos haya durado casi tres años.
El informe que describe una causa sin foliar, sin archivar, sin custodia de las pruebas, con la mayoría de ellas en la sede de la UCO en Madrid, con los CDs de las escuchas desparramados por las habitaciones del juzgado, sin autos ni providencias que no se firman sobre testificaciones, detenciones, registros, etcétera, no fue ni siquiera registrado por Castro Feliciano. Y fue guardado en un cajón por Dívar. Todos protegieron la pésima instrucción de Pamparacuatro. La Fiscalía también. Cuando el fiscal-jefe provincial supo que Ignacio Stampa se había propasado con motivo de las incomunicaciones de mayo de 2009, lo apartó del caso y colocó en su lugar a Javier Ródenas. No se tomó medida disciplinaria alguna contra Stampa pese a no entenderse las andanzas de Pamparacuatro sin las de Stampa. Y en ese instante, en el momento en que entró Ródenas, la Fiscalía calló hasta el infinito, pese a que el juez les “condenó” a no darles ningún tipo de información durante más de un año y medio. No se explica la complacencia de esa Fiscalía con Pamparacuatro, ni con miembros suyos que no efectúan diligentemente su trabajo.
En ese baile tormentoso de silencio, donde altos cargos de la Justicia perseguían actos irregulares cuando los tenían delante de sus narices, probablemente protagonizados por gente a la que conocían muy bien, todos fueron cómplices de una evidencia cruel, que igual que mortificaba a las víctimas enaltecía a los verdugos hasta transformarlos en figuras míticas e inalcanzables. Lanzarote fue suyo; las haciendas de todas suyas; las vidas y sus reputaciones, dependieron de un fino hilo.
La jueza Barrancos expone su reunión con Ródenas los días 22 y 23 de noviembre de 2011: “Durante un total de 16 horas, esta titular y el fiscal procedimos a analizar el estado en el que se encontraba materialmente el procedimiento, descubriendo una serie de irregularidades en la organización y formación de la causa judicial que se hacen constar a continuación”. Y Barrancos, relata pericialmente, el tamaño del caos… La Fiscalía lo sabía todo, conocía el informe Barrancos y, sin embargo, se hizo la loca, acudió incluso a un Consejo Fiscal -presente Vicente Garrido- para intentar intimidar a este periodista si seguía escribiendo y hablando del caso.
El martes, el CGPJ que preside el conservador Carlos Lesmes, ordenó al promotor de Acción Disciplinaria, Antonio Jesús Fonseca, que investigue la comisión de presuntas irregularidades por parte del juez Pamparacuatro a lo largo de la instrucción del “caso Unión”. Van hacer lo que tenían que haber decidido hace tres años, pero al menos vuelven sobre sus pasos, y conscientes de que ha tenido que ser el Tribunal Supremo quien ha recordado que el conocimiento del informe Barrancos para los imputados es esencial para poder ejercer la legítima defensa a la que tienen derecho en un Estado de garantías procesales, reconocen sus profundos errores en esta materia, actuando contra el posible autor de las irregularidades, y parapetándose ante otros posibles procedimientos impulsados por las víctimas de sus desvaríos.
¿Qué hará la Fiscalía? ¿Seguirá siendo el garante de un proceso que no instruyó? ¿Creerán que “desimputando” a 17 de la trama del Ayuntamiento de Arrecife se suavizará el visible enfado que alimentan con alguna de sus decisiones? ¿Se reunirá el Consejo Fiscal para iniciar una investigación sobre cómo se ayudó a Pamparacuatro a confeccionar una instrucción que ahora será investigada por el máximo órgano de los jueces? ¿Se percata de que cae en un incómodo ridículo por defender lo indefendible?
Yo ya no sé si hay o no “caso Unión”. Cabezonerías peores hemos conocido. Pero “caso Pamparacuatro” desde luego que sí
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