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Enésima pieza de Unión que cae

 

El auto de archivo de la causa que se seguía contra el empresario almeriense José María Rosell, que ayer publicamos en primicia en LANCELOT DIGITAL, por las relaciones mercantiles que mantenía con Dimas Martín, demuestran una vez más los excesos y errores que se cometieron en la operación Unión. Una operación policial, por cierto, que se ha ido desinflando poco a poco y en la que cada vez más da la sensación de que hubo más ruido que nueces.

 

No es la primera causa que cae del Caso Unión y, por lo que nos dicen fuentes juristas, no será la última. Hay que recordar, por ejemplo, la detención y posterior ingreso de Segundo Rodríguez. Luego la Justicia lo dejó en libertad sin cargos. O la del secretario del Cabildo, Francisco Perdomo, que fue interrogado en los juzgados de manera surrealista por el Juez Pamparacuatro y posteriormente se archivó la imputación sin saberse muy bien porqué se le metió en ese lío del Caso Unión, y que ha tenido unas consecuencias profesionales y sicológicas importantes para este lanzaroteño. O los 17 desimputados que en el año 2014 (entre ellos muchos pequeños y medianos empresarios) que el fiscal decidió archivar sus causas. Hay empresario muy respetados en esta isla que pasaron hasta tres días en los calabozos, a los que se le aplicaron incluso la ley antiterroristas para superar las 48 horas. Personas que se les metió en el calabozo sin saber de que se les acusaba y que posteriormente ni siquiera han tenido que ir a juicio.

 

Instrucción fallida

 

El caso Unión se ha tratado de vender como uno de los casos más importantes de corrupción de España, lo cual no sólo es una estupidez sino una exageración de aquellos que presumen de buscar la limpieza de las instituciones públicas. “Más de 100 imputados en los mayores casos de corrupción de la historia”, se llegó a titular. Sólo el caso de los “Eres” en Andalucía donde se pringó a dos presidentes socialistas y a directores generales militantes del PSOE o el famoso caso Gürtel donde se cobraron comisiones relacionados con el PP valenciano, por poner sólo dos de los tantos casos de corrupción que han saltado a la opinión pública, son la importancia y cuantía de lo defraudado mucho más importantes con lo que se presume se investiga el Caso Unión. De esos inicialmente 100 investigados del caso Unión, ya se han archivado, ni siquiera ha ido a juicio, una treintena y, según fuentes jurídicas, irán cayendo otras piezas más por el tortuoso camino.

 

Por si fuera poco, la mayoría de lo que van a juicio quedarán absueltos o con penas muy bajas, como ocurrió con el caso Batllori, la única pieza del caso Unión que ha llegado a juicio 10 años después. En ese caso, de los ochos imputados sólo fueron finalmente condenados el propio Dimas y Batllori por cobrar su facturas a través del ayuntamiento e Inalsa. Si a eso le añadimos las irregularidades cometidas en la instrucción con autos de detención si firmas adecuadas o que la grabación de Espino que da lugar al caso Unión está anulada en primera instancia por la Audiencia Provincial, dibuja un panorama realmente lúgubre. En cualquier caso, más allá de que el caso Unión desveló comportamientos e irregularidades realmente punibles moral y judicialmente, también es verdad que se ha inflado interesadamente y, sobre todo, se cometieron excesos en las llamadas detenciones televisadas de personas inocentes, que han pagado muy caro, una operación más política-policial que jurídica. Queremos decir que más que buscar hacer justicia se trataba de vender la imagen de lucha contra la corrupción sólo de algunos partidos y empresarios.