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El Consejo de Ministros aprueba el indulto "parcial" de Josefa

Se le exige que derribe las obras ilegalmente cometidas 

 

Lancelot Digital

 

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado este viernes que el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se concede el "indulto parcial" a Josefa Hernández, la conocida como 'abuela de Fuerteventura', según informa Europa Press.

 

"Se notificará inmediatamente, a pesar de que se ha levantado su ingreso en prisión", ha manifestado Sáenz de Santamaría durante su intervención en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.


La vicepresidenta ha precisado que se trata de "un indulto parcial, de manera que afecta sólo a la pena privativa de libertad, a los seis meses, y se mantiene viva y exigible la obligación de demoler las obras ilegalmente cometidas". "Tenemos que respetar, como Gobierno, esa legislación vigente", ha recalcado. "Lo que se ha reclamado al Gobierno de Canarias, también por el presidente del Gobierno, es que dado que esa parte no es indultable porque hay una legislación que cumplir, que el Gobierno de Canarias ponga a disposición de esta persona una vivienda adecuada que permita dar cumplimento a la otra parte de la sentencia, que no es susceptible de ese indulto", ha explicado según Europa Press.

 

Asimismo, Sáenz de Santamaría ha agradecido "la celeridad con la que el anuncio de esa admisión de indulto ha permitido su puesta en libertad". "Esperamos que con la colaboración de todas las administraciones, desde luego con la voluntad del Gobierno, pueda darse una adecuada salida a esa difícil situación familiar", ha subrayado.


Josefa Hernández abandonó este jueves la prisión de Tahíche, después de que la Audiencia de Las Palmas revocara el auto de la juez del Juzgado de lo Penal Número 2 de Puerto del Rosario que ordenaba su ingreso en la cárcel por negarse a derribar la ampliación de su vivienda construida en un paraje protegido aunque, en este caso, también condicionaba su salida de prisión a que derribe la parte de la casa construida ilegalmente en un plazo de seis meses.

 

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