La Audiencia de Las Palmas ordena la inmediata liberación de Josefa Hernández
Condiciona su liberación a que proceda a la demolición de lo ilegalmente construido en el plazo máximo de seis meses y a que no delinca en los próximos cinco años.
Yolanda Téllez
Foto: Jesús Betancort
La Audiencia de Las Palmas ha revocado este jueves el auto de la juez que ordenó el ingreso en prisión de Josefa Hernández, la vecina de Fuerteventura condenada a seis meses de cárcel por no derribar la casa que construyó en un espacio protegido, decretando su inmediata puesta en libertad. Eso sí, condiciona su liberación a que proceda a la demolición de lo ilegalmente construido en el plazo máximo de seis meses y a que no delinca en los próximos cinco años.
La sala considera que los argumentos dados por la magistrada de primera instancia para denegar la suspensión de la pena privativa de libertad no son "para nada insensatos ni descabellados, sino sólidos y consistentes", ya que Josefa no sólo no derribó lo ilegalmente construido, sino que pudo incluso "haber construido con posterioridad a la condena una nueva pequeña edificación según el informe del Seprona", lo que revela "una actitud renuente y rebelde poco o nada compatible con la concesión del beneficio solicitado".
Sin embargo, la Audiencia Provincial cree que "no se puede olvidar" lo dicho por el Ministerio Fiscal, favorable a la estimación del recurso de la defensa de Josefa: que "la condenada carece de antecedentes penales" y que concurren "especiales circunstancias personales en ella", a pesar de que "no justifican desde luego la pasividad mostrada por ésta ante su deber de reparar el daño causado". Ello, unido al compromiso "aparentemente firme" de Josefa ahora a demoler la vivienda, "su escasa peligrosidad y el pronostico favorable a que no vuelva a delinquir" han hecho que la sala haya decidido ordenar su puesta en libertad,
La Audiencia de Las Palmas considera además que los seis meses dados a la condenada para derribar la parte de la vivienda afectada por la sentencia que la condenó en 2012 son "suficientes" para "conseguir los medios económicos si los tuviere, así como las ayudas administrativas necesarias".
