Mejor nos dejan en paz

Antonio Salazar

El Presidente de la Audiencia Provincial de Tenerife, Joaquín Astor Landete, tuvo un pronunciamiento público en la apertura del Año Judicial que fue muy bien recibido. ¡No es para menos!. Reclamó, ahí es nada, que se garantice el derecho a la felicidad de todos los canarios. ¿Cómo estar en desacuerdo con una idea así? Más si, para reforzar el argumento, invocó las constituciones de Virginia de 1776, Estados Unidos de 1789 y nuestra popular Pepa de 1812. Hay que ser muy bicho para oponerse.

Lo malo de todo relato edulcorado es que tienen una base endeble. De entrada, porque en las constituciones citadas no se proclama tal cosa como un derecho a la felicidad de los ciudadanos. En la de Virginia encontramos en su artículo I “…el goce de la vida y la libertad, con los medios para adquirir y poseer propiedad, y perseguir y obtener felicidad y seguridad”. La de Estados Unidos no tiene una interpretación distinta, la de Virginia fue su antecesora y fijó, a la Jeffersoniana manera, el mismo principio: “sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”. Y la Constitución Española de 1812, en el artículo 13 -lo de redactar y redactar se ve que es algo que tiene larga data-: “El objeto del gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen”.

Si lo que pretendía adverar esta propuesta no parece que case bien con la realidad, desde el punto de vista práctico tampoco es que resulte sencillo. Porque, ¿cómo demonios se garantiza la felicidad? Vivimos tiempos extraños donde frente a los derechos clásicos negativos -a la vida, la libertad, la propiedad o la búsqueda de la felicidad- se ha ido desarrollando toda una suerte de derechos positivos que siempre requieren limitar y dañar los de otras personas. Sirva como ejemplo el derecho a la vivienda que está consagrado en muchos textos legales (constituciones, estatutos de autonomía,…), pero que no puede significar que un ciudadano tiene la posibilidad de comprar una vivienda, para eso no es necesario reconocimiento alguno porque bastará contar con los medios adecuados. Lo que dice ese derecho es que, mediante la política, se le quita a unos para poder dar a otros una vivienda.

El problema, con todo, es que cada uno de nosotros somos distintos y nuestros anhelos e ilusiones también lo son, no es algo que pueda homogeneizarse. Proponer una idea así es desconocer nuestra naturaleza pero, sobre todo, la de los gobiernos llamados a garantizar nuestra felicidad. Mejor nos dejan en paz.