Teoría de la estafa olvidable
Francisco Pomares
Hace diez años, la compañía Binter denunció en Fomento la posible existencia de trampas en la facturación de las subvenciones por residencia en el transporte aéreo, por parte de su competencia. Para estar seguros y no meter la pata en una denuncia tan dura, Binter llevó a cabo una investigación propia, e incluso compró sistemáticamente billetes de Islas Airways, que permitieron demostrar la existencia de un comportamiento irregular en la liquidación de esas subvenciones. Como resultas de esa denuncia, Fomento abrió un expediente y detectó indicios de fraude en las liquidaciones por parte de Islas y Air Europa. Ocurrió en los últimos meses del Gobierno Zapatero, pero la historia no tuvo demasiada publicidad entonces, a pesar de que se trataba de un asunto de varios millones de euros, en el que aparecía como principal implicado Miguel Concepción, presidente del Club Deportivo Tenerife, constructor muy mimado en la concesión de obra pública, amigo del alma del expresidente Rivero, y principal adjudicatario en Tenerife de licencias de televisión digital y frecuencia modulada, realizadas por el Gobierno de Canarias cuando Rivero mandaba.
Después de años de forcejeos judiciales, denuncias contra los periodistas y medios que mantuvieron abierta la atención sobre el caso, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a Concepción a 23 meses de prisión. Además tendrá que pagar casi cuatro millones de euros, por un delito continuado de estafa agravada. Sus dos hijas han sido condenadas a ocho meses de prisión por ser cómplices. La sentencia, que libra a Concepción de entrar en prisión, es resultado de un acuerdo con la fiscalía, por el que el presidente del Tenerife y sus hijas reconocieron explícitamente haber delinquido y aceptaron ser condenados en sentencia de conformidad. En ella se declara probado que los acusados, dueños y responsables de Islas Airways, inflaron las partidas de subvención que solicitaban a Fomento con certificaciones falsas y ficheros de vuelos inventados, facturando subvenciones de más por casi 8.400.000 euros. Una pasta, de la que Fomento no pagó más que unos cuatro millones de euros, y que Concepción y sus hijas tienen que devolver. El proceso que ha llevado a esta sentencia con acuerdo previo ha sido largo y confuso: después de años de acorralar a Concepción, y en contra del criterio de la abogacía del Estado y de la acusación popular ejercida por Binter, la fiscalía optó por precipitar el cierre del caso con un acuerdo que libra al presidente del Tenerife y sus hijas de ir a prisión, a cambio de que paguen una multa considerable. Para algunos, es una decisión práctica: logra la confesión del delito, pacta penas en el límite justo del ingreso en prisión, y consigue recuperar lo estafado. Para otros, es una demostración de que quienes disponen de dinero e influencia lo tienen siempre más fácil para escapar del peso de la ley.
Lo que resta ahora es saber qué será de Concepción después de reconocer en sede judicial que es un delincuente y un estafador, y ser condenado a casi (aquí el casi es determinante) dos años de prisión. Tengo curiosidad por saber si sus socios en el Club tendrán la decencia de pedirle que dimita y deje el sitio a alguien que no haya sido condenado por estafa. Tengo bastante curiosidad, pero poca confianza en que hagan lo correcto.
