Por Francisco Pomares

Una cierta confusión moral, un sentimiento de agridulce satisfacción: el Ministerio de Fomento, cerrado en banda desde hace meses a reconocer la deuda total del Convenio de Carreteras -casi 1200 millones si se cuentan los intereses-, decidió ayer bajarse del burro y aceptar la posición defendida por la Comunidad Autónoma sobre el reintegro de los fondos a los que obligan las sentencias del Supremo. Lo primero, sin duda, felicitarse por el hecho de que al final se impongan la razón y la cordura: el Gobierno de la nación no puede castigar a una región cumplidora (a la fuerza) con sus compromisos fiscales y legales con el Estado, regateando miserablemente lo que los tribunales le han reconocido como suyo. Aplausos pues por el cambio de criterio. Pero luego uno se pregunta por los motivos del cambio de 180 grados en la posición de Madrid, y se contesta que la única explicación posible es que ahora gobiernan en Canarias los mismos que en Madrid. ¿Es razonable aceptar que los partidos se sientan legitimados para favorecer solo a los propios con los recursos del Estado? Yo creo que no. Y creo que normalizar (como ahora se dice) el uso arbitrario de los medios del Estado, en función de que quien gobierne por aquí abajo sea el mismo que gobierna arriba, rompe las reglas del juego y es tan miserable como prevaricatorio.

Además, la cosa tiene segundas, una trampa que nos recuerda -otra vez más- que el Estado está siendo instrumentalizado vilmente: el acuerdo entre el Estado y Canarias queda condicionado al desbloqueo de la investidura de Sánchez. Dice el Ministerio que sin confirmarse el Gobierno central con la investidura del presidente Sánchez, no hay capacidad para que el Consejo de Ministros adopte la decisión de hacer lo que el Supremo le ha mandatado a hacer. Por eso, el formato de devolución de los cuartos se vincula a la negociación de un nuevo Convenio de Carreteras (que aún no puede ser negociado formalmente), para lo que se reunirá en dos semanas la Comisión Mixta de Seguimiento del Convenio de Carreteras entre Canarias y el Estado.

El presidente Torres se ha manifestado feliz y satisfecho por este principio de acuerdo que podrá ser efectivo si Sánchez es investido de nuevo, y ha pronunciado una de esas frases contundentes e inapelables que hoy son moda obligada en la conversación de nuestros gobernantes. "Todo es todo, hasta el último euro", ha dicho. Y yo le aplaudo, y supongo que le aplaudirán todos los que consideran que ha sido una torpe y miserable táctica jugar al ratón y al gato con el dinero de las carreteras. Torres ha dicho más: ha dicho que su Gobierno mantendrá la posición de que "todo es todo" incluso si no hay acuerdo y hubiera que recurrir de nuevo a los tribunales.

Pero ojo: ¿de nuevo? No se recurre de nuevo lo que ya está recurrido, a menos que se decida retirar el recurso antes. Explico el trabalenguas: Canarias ya ha presentado un incidente por la inejecución de la sentencia. ¿Lo va a retirar el Gobierno regional de Torres? Yo creo que estando "todo es todo" tan condicionado al futuro de Sánchez como presidente, plantearse hoy un acuerdo extrajudicial es una coña marinera. Los acuerdos extrajudiciales se adoptan antes de que haya sentencias. No después.