Celebrado en Canarias el primer juicio en situación de alerta sanitaria
La Audiencia Provincial acogió la vista contra un acusado por delitos sexuales cumpliendo las medidas de distancia social entre los declarantes
La Audiencia Provincial de Las Palmas ha celebrado este jueves el juicio contra Enrique Luis P.R. acusado de un delito continuado de abusos sexuales a una menor de edad. La Fiscalía ha solicitado hasta doce años de cárcel para el presunto autor de los hechos, así como la prohibición de que el acusado se acerque a menos de 500 metros de distancia de la supuesta víctima, a su domicilio o a cualquier otro lugar que esta frecuente, ni comunicarse con ella de cualquier forma, directa o indirecta, durante un periodo de 15 años.
La audiencia, que se prolongó durante cuatro horas, ha sido la primera celebrada en un juzgado de las islas tras la declaración de alerta sanitaria por el coronavirus. Por ello, entre declarante y declarante se limpió el estrado exhaustivamente, así como las sillas y los micrófonos utilizados por los testigos, cumpliéndose las medidas de distancia social. Además, otra particularidad de la sesión ha sido la urgencia al tratarse de una causa con preso.
Según el Ministerio Público, el acusado, con ánimo de satisfacer sus deseos sexuales y prevaliéndose de la corta edad de la menor, y del hecho de que la misma fuese hija de su expareja sentimental, lo que le impedía a la menor prestar consentimiento de forma libre y consciente, desde el año 2011 y hasta el verano de 2018 mantuvo con ella relaciones sexuales en varias ocasiones, tal como publica el diario Canarias 7.
La acusación explica que las mismas se iniciaron en el año 2007, cuando Enrique Luis P.R. comenzó a realizarle tocamientos en la zona vaginal en la vivienda en la que convivían, en Telde, y que continuaron de forma similar en posteriores domicilios familiares. A partir de 2016, cuando la menor contaba con tan solo 12 años, tales relaciones sexuales pasaron a ser, presuntamente, relaciones sexuales completas con penetración vaginal incluida.
La Fiscalía pide como responsabilidad civil al encausado la indemnización a la supuesta víctima, a través de su representante legal, la cantidad de 6.000 euros por los daños morales ocasionados. Además, una vez cumplida la pena de privación de libertad, el Ministerio Fiscal requiere para el acusado la medida de libertad vigilada por un periodo de siete años. Una disposición que deberá consistir en el sometimiento del encausado a la obligación de participar en programas de educación sexual.
