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Pamparacuatro niega al TSJC que retardara de forma maliciosa el “Caso Corredor”

El abogado del juez asegura que “no hay causa de delito pues se ha dado cumplida respuesta a todo lo que contenía la querella"

 

 

Texto y foto: Lancelot Digital

 

El juez César Romero Pamparacuatro ha negado este martes ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que retardara de forma maliciosa la instrucción del conocido como "caso Corredor", que afecta al alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, y a varios empresarios y cargos municipales, tal y como publica el periódico La Provincia.

 

"Se ha dado cumplida respuesta a todo lo que contenía la querella y se ha acreditado que no hay ningún ilícito de ningún tipo ni causa de delito", ha manifestado este martes al término de la declaración en el juzgado, el abogado de Pamparacuatro, Juan Gil.

 

La declaración del juez se produce después de que sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias admitiese a trámite la querella presentada por uno de los imputados del "caso Corredor", el empresario Evaristo González, lo que conllevó que se le apartase de la instrucción de este caso.

 

González había denunciado Romero Pamparacuatro, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de La Laguna (Tenerife), por un presunto delito de retardo malicioso en la Administración de Justicia. El instructor hasta hace unas semanas del "caso Corredor" ha rehusado hacer declaraciones a los periodistas a su salida del TSJC y se ha remitido a su abogado. Este se ha limitado a negar que su cliente haya cometido delito alguno, porque la instrucción de la querella sigue abierta.

 

No es la primera vez que la labor del juez César Romero Pamparacuatro se pone en entredicho, pues ya desde hace años se ha venido cuestionando la misma en relación con su instrucción en el Caso Unión. De hecho, el abogado Luis Lle presentó una querella contra él, el ex secretario del Juzgado, el fiscal Ignacio Stampa y un mando de la Guardia Civil (UCO) por falsedad en documento público, al acusarles de adulterar las órdenes para prorrogar las escuchas telefónicas.

 

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