Stratvs, primero la sentencia, luego el veredicto

El “bofetón jurídico” que recibió la Fiscalía y, especialmente el fiscal Stampa y sus aliados, en el caso de la Bodega Stratvs ha sido tan sonoro que posiblemente se estudie en las universidades de Derecho de España como el ejemplo de cómo se puede hinchar, adornar y manipular un caso judicial para convertirlo, ante la opinión pública, convenientemente adobado y amplificado por medios de comunicación miserables e interesados, en el mayor atentado medioambiental de Canarias y descubrirse años después la estafa jurídica. Ese es el resumen del juzgado caso Stratvs donde se pedían penas de hasta 15 años de cárcel al promotor de la bodega y que sentó en el banquillo a 12 personas, todas ellas ahora absueltas de infinitos delitos por una sentencia contundente de la Audiencia Provincial de Las Palmas.

A los que urdieron esta operación de derribo contra Juan Francisco Rosa nunca se les pasó por la cabeza que el promotor de la bodega se librara de la cárcel después del meticuloso trabajo de preparar durante años el escenario para que terminara el proceso en una contundente condena. Los autores de tan vergonzante actuación no escatimaron medios en la cacería contra el empresario, torciendo los reglones de la Justicia que fueran necesarios porque creían que el precio de la pieza a cazar merecía correr el riesgo de hacer el ridículo.

Como en el disparatado juicio de “Alicia en el País de las Maravillas” de Lewis Carroll, los acusadores y amigos de la causa contra Stratvs pedían “primero la sentencia... después el veredicto”. Primero que le corten la cabeza a Juan Francisco Rosa y luego, una vez muerto, que se valorara la culpabilidad del promotor de la bodega. No sólo el promotor sufrió la pena del telediario durante años, sino que la injusticia llegó a cerrarle de manera cautelar durante más de cuatro años las instalaciones por una supuesta contaminación de las aguas subterráneas inexistentes. Nunca en España se había mantenido una medida cautelar durante tantos años, sin evidencias manifiestas o groseras de un probable daño irreparable a la naturaleza. Una medida extrema y extendida en el tiempo, la del cierre, que arruinó a la bodega y dañó la imagen de unos vinos que comenzaban a ser reconocidos internacionalmente de manera unánime, además de dejar, esa precipitada clausura, en el desempleo a una veintena de familias.

¿Y quién pagará estos daños económicos y morales a una empresa y a los 14 acusados, algunos de estos con problemas psicológicos por la presión mediática que sufrieron sus familias?, ¿Se puede “inventar” una causa judicial sin que nadie pague la fiesta?  Pues parece que en Lanzarote sí. Ya existen los antecedentes de los excesos cometidos en el caso Unión que avergonzó a más de un magistrado.

Y lo peor es comprobar como lograron engañar a muchos ciudadanos de a pie, gente de buena fe, asombrada y con las manos en la cabeza todavía, al resultarle increíble una sentencia absolutoria cuando durante años presentaron al promotor como la persona que había cometido el crimen del siglo infringiendo todos los delitos que recoge el código penal. Sobre todo, cuando la Audiencia Provincial en su sentencia dice cosas como que es la bodega que menos impacto produce en el paisaje de La Geria y que es necesaria para mantener, junto al resto de instalaciones, ese espacio protegido.

El daño está hecho. Pero desconocemos si saben los autores intelectuales del Caso Stratvs cuánto daño más tienen que hacer a esta isla para saber que ya han hecho demasiado. Quizás lo mejor de este caso es ver como el deseo de algunos medios de comunicación, partidos políticos y juristas de culpar antes de juzgar, nublando la vista de la opinión pública, ha quedado retratado, con las vergüenzas al aire. Medios de comunicación que priorizaron sus intereses a la verdad y a la búsqueda de la Justicia.