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Catpe propone aflojar la presión legislativa sobre el turismo

Aboga por centrar en el turismo las estrategias públicas de creación de empleo y estima que en 10 años se podrían generar 100.000 puestos de trabajo

 

 

Lancelot Digital

 

Canarias se enfrenta en 2016 a decisiones de vital importancia en el ámbito turístico que condicionarán de forma significativa el futuro desarrollo de este sector. Esta es una de las principales conclusiones  del segundo informe sobre la Competitividad Turística de Canarias y séptimo del Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico (CATPE) que hoy presentaba.

 

 

De ahí, la oportunidad de este trabajo realizado por el laboratorio de ideas, que conforman destacados profesionales de la sociedad canaria y a cuya cabeza se encuentran Ángel Ferrera y José Fernando Rodríguez de Azero.

 

 

El volumen y trascendencia de los temas de máxima actualidad que están afectando al sector, urge a Canarias a decidir sobre cuestiones estratégicas que desatasquen el bloqueo que soporta el desarrollo de la actividad turística en las Islas, tales como la prolongación o derogación definitiva de la moratoria; la simplificación de las leyes turísticas en un texto refundido que integre la legislación dispersa relativa al sector; la regulación del alquiler vacacional y el residencial turístico; y el Plan Estratégico Promocional 2006-2020.

 

 

 

El análisis conforma el séptimo informe CATPE y el segundo que dedica a la competitividad turística de Canarias, y en el que, además de evaluar las cuestiones analizadas en el informe de 2014,  plantea otras surgida desde entonces,  “poniendo el énfasis”, según palabras del presidente de CATPE,  Ángel Ferrera, “en el marco turístico legal, por su actualidad durante 2016 y dado que, sin un desbloqueo de la situación, no habría desarrollo futuro posible”.

 

 

Propugna, en este sentido, por un acercamiento a una economía de libre mercado “modelo económico del que Canarias se ha alejado en gran medida en los últimos 15 años”, pues como se recoge en el informe, “el máximo regulador de calidad no es el legislador, sino el mismo mercado”. Para el presidente de CATPE “no es bueno regular aspecto, que corresponden al mercado y al sano juego de la libre competencia”.

Ahondando en esa petición de freno al exceso de intervención, propone CATPE la abstención de cualquier regulación añadida, como la prohibición o limitación del Todo Incluido o la regulación de plantillas de personal. Igualmente, se posicionan en contra de una posible implantación de tasa turística en Canarias. 

 

 

El documento, que ha coordinado el experto y miembro del consejo asesor del primer think tank constituido en Canarias, Antonio Garzón Beckmann, recoge un total de 20 propuestas sobre todos los aspectos del negocio turístico: desde el legislativo, a la formación, pasando por la promoción, sostenibilidad o los nuevos modelos de negocio.

En este sentido, aborda cuestiones como la moratoria turística e insta, de cara a futuras planificaciones estratégicas, a utilizar la sostenibilidad en sus tres dimensiones: la medioambiental, la social y la económica, y que éstas mantengan un equilibrio.

 

 

Al respecto de la moratoria, se argumentan los perjuicios que ha conllevado para la economía canaria en los últimos 15 año el marco legislativo que se ha derivado de entender la sostenibilidad como crecimiento cero.

 

 

Lo argumenta con datos económicos en su intervención Rafael Molina Pettit, director territorial del ICEX. “Canarias en los años 50 tenía una renta per cápita muy por debajo de la media nacional. El turismo nos sacó de la miseria y en el año 2000 llegamos a igualar nuestra renta a la media española. Pero a partir de ahí”, explicó, “algo habremos hecho mal para que en la actualidad estemos en un 85% de la renta per cápita nacional y tengamos una de las tasas de paro más alta del país” (28%).

 

 

Para CATPE, las moratorias han sido el principal desestabilizador social y económico canario, pues al prohibir el crecimiento se lograron efectos contrarios a los deseados: desde la pérdida de competitividad progresiva derivada de la falta de modernización en comparación con otros destinos,  a los efectos que provocó la avalancha sin precedentes de construcción de camas con licencias ya otorgadas, que temían su desclasificación ante las moratorias y que, junto con el boom inmobiliario, derivó en la mayor alza poblacional canaria en un corto espacio de tiempo (400.000 nuevos habitantes en la primera década de los 2000), condicionando la actual tasa de paro (10 puntos mas que la media nacional).

 

 

Nicolás Villalobos Mestre, director general en Cordial Canarias Hotels & Resorts e interviniente en el acto, lanza como propuesta resumen del informe presentado la apuesta por “la libertad de mercado frente al planificador absolutista”.

 

Empleo y formación dual

 

El informe de CATPE analiza también las estrategias de creación de empleo que se han llevado a cabo y considera que las mismas han sido insuficientes. Se refiere al empleo subvencionado, que si bien es importante desde el punto de vista social, no se sostiene a largo plazo, y a los planes de rehabilitación alojativa y de diversificación económica (industria, agricultura, astrofísca, medio marino…), entendiendo que tienen muy poco margen de crecimiento y mucho menos de generar empleo masivo de cara a 2020.

Para el laboratorio de ideas, “mire como se mire” el turismo es el único motor económico de relevancia de Canarias y con potencial de creación masiva de actividad laboral, por lo que debe ser el eje central sobre el que pivoten las estrategias generadoras de empleo.

 

 

Al respecto, se estima que con el nuevo crecimiento alojativo y el de ocio complementario - para lo que sería necesario abolir la prohibición de nuevas construcciones y la simplificación de la maraña burocrática- podría generarse hasta 100.000 empleos directos, indirectos y derivados en un plazo de diez años.

Suponiendo que la moratoria se liberalizase, se prevé que en la próxima década se puedan  ejecutar en Canarias un máximo de 60.000/70.000 camas (un 60% de las clasificadas en los planes parciales con suelo de uso turístico). Según los cálculos del sector, cada nueva cama genera un ratio de 0,45 empleo directo, 0,20 indirecto (proveedores, etcétera) y 0,05 derivado (nuevos servicios poblacionales como sanidad, formación…); a lo que se une el ratio de 0,70 empleos por plaza alojativa en la construcción de las mismas.

 

 

Estas cifras se verían, además, complementadas, según CATPE, por un aumento de la empleabilidad a través de la formación. De ahí, la  insistencia en la formación profesional dual (modelo alemán), que se unifique con el contrato de formación y aprendizaje y que se aumente a un 75% el tiempo de formación práctica y que el otro 25% sea teórica, contemplando un periodo total de formación de tres años, de acuerdo con lo defendido en su intervención por Pilar López González, directora de Recursos Humanos en Labranda Hotels&Resorts.

 

 

CATPE se pronuncia también sobre el reconocimiento del turismo residencial como modalidad turística, así como garantizar los derechos adquiridos  por los residentes en suelo turístico (40.000 camas de uso residencial), y legalizar el alquiler vacacional, incluyendo las viviendas en suelo turístico.

 

 

El trabajo presentado por CATPE, llama la atención sobre el hecho de que en 2014 y 2015 se han dado numerosos ejemplos de normas, leyes e iniciativas que, lejos de reducir la inseguridad jurídica que tantos años lleva caracterizando el marco legal para nuevas inversiones en el Archipiélago, han aumentado dicha inseguridad.

Al igual que apuntara el Consejo Económico y Social y CATPE en su informe de 2014 sobre la competitividad turística, el trabajo coordinado por Garzón insiste en la simplificación de la legislación turística. Villalobos describe “la enmarañada normativa turística” como “plena de contradicciones, ventanas a la arbitrariedad, conflictos con normativas superiores (como el Código Civil, la Constitución o las directivas comunitarias) y preñada de la soberbia del legislador que desprecia la capacidad autorregulatoria del mercado”.

 

 

Se propone, así, la elaboración de una Ley Turística simplificada y refundida, ya que, como se apunta, “en Canarias se ha ido aprobando una ley tras otra sin derogar las anteriores, lo cual hace cada vez más difícil para el inversor potencial aclararse en la jungla normativa”.

 

 

En el apartado de promoción turística, CATPE anima a la aprobación de un nuevo Plan Estratégico Promocional del Turismo en Canarias para el periodo 2016 y 2020 en el que se insista en el clima como principal valor, enfatizando las campañas bajo el lema de ‘mejor clima del mundo’, incluido para la temporada de verano.

 

 

Además de ese posicionamiento claro como destino maduro de sol y playa, con sus distintos perfiles de turistas, que defiende en su intervención David Morales, director del  Hotel Lopesan Costa Meloneras, el informe de CATPE  se inclina porque se mantenga la promoción bajo la marca-paraguas Islas Canarias, en contra de una descentralización total en favor de cada cabildo insular, sin que ello contradiga que no se pueda llevar a cabo los procesos de segmentación o especialización que hay en el mercado de los distintos destinos canarios. 

 

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