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Dimas Martín condenado en otra pieza del Caso Unión

La Audiencia Provincial cree que el ex dirigente del PIL lideró una trama para financiar su partido de forma irregular

 

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    La Audiencia Provincial ha condenado a diez años de cárcel al ex dirigente del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, y a los exconcejales de Arrecife Antonio Machín y Ubaldo Becerra, acusados en la pieza del caso Unión relacionada por el cobro de comisiones para la financiación ilegal de la formación insularista.

     


    Según auto judicial, de la decena de condenados -entre los que se encuentran también el ex interventor de la capital, Carlos Sáenz, y los empresarios Samuel Lemes, Antonio Gómez, Jesús Manuel Brito y Manuel Gregorio Reina-, a ocho se les impone pena de prisión. Entre los absueltos destacan el empresario Juan Francisco Rosa y la técnico municipal Elena Martín, hija del fundador del PIL.

     


    En el caso particular de Dimas Martín, los magistrados consideran que el entramado para saquear las cuentas del Ayuntamiento de Arrecife, que supervisó durante varios años de la pasada década, le debe suponer condena en conjunto de 7 años y 5 meses de cárcel, por haber cometido asociación ilícita, malversación con fraude y cohecho, entre otros delitos; debiendo afrontar el abono de una multa de 223.400 euros.

     

    A nivel de cárcel más rotunda es la pena que se impone al exedil Antonio Machín, quien en la vista negó las acusaciones. La condena es de 8 años de prisión, por cohecho y malversación. La sanción económica fijada se eleva a 95.000 euros.

     

    Menor condena tiene el exconcejal Ubaldo Becerra, al aplicarse el atenuante de reconocimiento de los hechos. Se fijan 4 años y 2 meses de cárcel, por los delitos de asociación ilícita, cohecho, malversación, revelación de información privilegiada y fraude. De multa, 70.900 euros.

     

    Carlos Sáenz, el antiguo interventor, ya condenado por otras piezas del caso Unión, es condenado por malversación y fraude a 3 años y 6 meses de prisión. Es una pena donde se tiene en cuenta, como atenuante, que reconoció los hechos imputados durante el juicio.

     

    Además, también resulta condenado el funcionario Juan Rafael Arrocha (que en el auto figura como Juan Francisco), por revelación de información privilegiada. Condenado ya con anterioridad, en este caso evita la cárcel, pero deberá abonar una multa de 2.190 euros.

     

    Otras condenas

     

    Los demás condenados son empresarios y un consultor que sacaron partido por las comisiones por servicios vinculados con el Ayuntamiento. A cuatro se les impone prisión, mientras que a un quinto se le condena a multa.

     

    El peor parado es Manuel Gregorio Reina, que negó las acusaciones en su contra en la vista. Se le considera responsable de cohecho, malversación, fraude y falsedad, siendo condenado a 2 años y 6 meses de cárcel. Y multa de 4.000 euros.

     

    Al reconocer los hechos, a Jesús Manuel Brito, quien llegó a devolver dinero, es condenado a 1 año y 3 meses de cárcel, por los mismos delitos que en el caso anterior; así como a sanción de 50.000 euros.

     

    Para el inversor Samuel Lemes, por malversación, fraude y falsedad, la pena es de 1 año y 6 meses de cárcel. No se le condena por cohecho.  La pena para el empresarios Antonio Gómez, por los delitos de cohecho y malversación, la pena es 1 año de cárcel. Reconoció los hechos.

     

    Para el consultor Antonio Cárdenas, por último, por aprovechar información privilegiada, se impone una multa cifrada en 4.225 euros.

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