Fijan en 3.000 el cupo máximo de menores migrantes que podrá acoger Canarias
Las comunidades autónomas receptoras tendrán 12 meses para tramitar la llegada de los niños y niñas que tutelarán
El presidente del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España, que a su vez también es el coordinador de la Comisión Interterministerial sobre Inmigración, Ángel Víctor Torres, se reunieron este lunes para trazar las líneas del primer documento que regirá de manera oficial el reparto de menores migrantes que llegan a las islas hacia otras comunidades autónomas del país. Aunque aún quedan elementos y discrepancias que salvar, a grandes rasgos el acuerdo está perfilado, y ambos mandatarios confían en que éste se apruebe en un plazo máximo de tres meses, tal y como publica Tiempo de Canarias.
En líneas generales este “acuerdo histórico”, como lo denominó Clavijo, establece que las comunidades en situación de “contingencia de emergencia migratoria”, o lo que es lo mismo, que superen su capacidad de acogida de menores en un 150%, y que en este caso son Canarias, Ceuta y Melilla, deriven al territorio nacional el 50% de estos. Una vez alcanzada la saturación de las instalaciones, las comunidades autónomas receptoras tendrán un plazo máximo de 12 meses para realizar las acciones oportunas –incluida la prueba ósea– que les permitan darles cobijo correctamente. Para el Archipiélago se ha establecido en 3.000 el cupo límite de menores que se pueden atender con todas las garantías, por lo que, si ahora mismo entrase en vigor esta normativa, se trasladarían al resto del territorio nacional 2.500 menores.
Una de las propuestas que el Gobierno regional ha hecho llegar al estatal, y que se quiere incluir en el documento, es que los menores que continúen llegando a partir de ese 150%, o de los 3.000 en el contexto específico de Canarias, sean derivados a la península en el plazo de 15 días para así evitar la sobresaturación de los recursos de atención. Cabe destacar que la intención de las instituciones es que “si no hubiese acuerdo” entre las comunidades autónomas “en la conferencia sectorial se ejercería a través de esta modificación legislativa la prevalencia del Estado, con la ficha financiera pertinente para distribuir a todos los menores que excedan el 150% más de lo que un territorio pueda tener”, explicó Torres.
En este encuentro se ha presentado un texto surgido del trabajo “que se ha realizado en las últimas semanas, fundamentalmente de la Comisión Interministerial celebrada el pasado martes”, destacó Ángel Víctor Torres. Durante el tiempo transcurrido desde entonces, “los dos gobiernos hemos estado intercambiando documentos”. Ahora, y a la espera de rubricar el acuerdo, para lo que se volverán a reunir en 15 días en la conferencia sectorial, se discutirá entre otras cosas sobre cómo se tramitará el texto, si a través de un decreto ley como quiere el Ejecutivo canario, o mediante proposición de ley como prefiere el Gobierno de España. Se debe resaltar que en el acto celebrado este lunes en la sede de presidencia de la Administración regional, también estuvo presente, de manera telemática, la ministra de Infancia, Sira Rego.
Aunque para Clavijo “los textos, con carácter general son positivos, son buenos” existen tres diferencias que separan al Gobierno de Canarias y al de España, a la hora de dar por definitivo el documento. La primera de ellas se encuentra a la hora de materializar las medidas, si incluidas “en decreto ley, o proposición de ley de lectura única de emergencia sin veto en el Senado, y que como muy pronto puede estar lista en tres meses”. Mientras que “el decreto, en todo caso, tendría que llevar aprobación y la convalidación 30 días después, por lo que no vemos debilidad jurídica en el Constitucional”.
En este sentido, explicaba Torres, el Ejecutivo regional, mediante el acuerdo alcanzado en el Parlamento de Canarias, trasladó al Gobierno de España una propuesta de reforma legislativa que planteaba dos posibilidades: “una, que contemplaba modificar el Código Civil y la Ley de Extranjería con cambios que no fueran orgánicos; y otra, más lenta, más tortuosa que era una modificación de Ley Orgánica, para lo que se exigía una mayoría cualificada”.
Así, y una vez se recibieron las demandas de Canarias, la Administración central realizó “una propuesta oficiosamente al presidente Clavijo en la que planteamos la posibilidad de la modificación del artículo 35, planteando también audiencia a las comunidades porque es competencia autonómica a través de una conferencia sectorial, y que esta propuesta fuera, sin necesidad de llegar a una votación cualificada, por mayoría simple porque modificar el artículo 35 no exigía esa mayoría cualificada”, prosiguió el ministro de Política Territorial y memoria Democrática.
El siguiente “matiz jurídico”, expresó el máximo mandatario del Gobierno autonómico, “es qué ocurre, una vez que estamos saturados, con los menores que lleguen a nuestras costas”. Tras la reunión entre ambas delegaciones, el Ejecutivo regional ha pedido que cuando se supere en Canarias la cifra de 3.000 menores acogidos, cada migrante que arribe, sea derivado automáticamente, y en el plazo de 10 o 15 días, a la península.
La tercera diferencia tiene que ver con la asignación de los recién llegados. Así, “nuestros servicios jurídicos entienden que cuando el Estado recoge al menor, creemos que lo razonable, independientemente de que luego salgan en 10 o 15 días, es que la asignación se tiene que hacer en ese momento, aunque sea aquí en Canarias”. Sin importar que en las islas “se le haga la afiliación, o se le dé el NIE” para que en ese período máximo de tiempo “sea derivado” a otra comunidad española.
Aunque quedan flecos por cortar, Fernando Clavijo se mostró “optimista” con la consecución de las negociaciones, y a pesar de que quiso dejar patente “que si hubiésemos sido nosotros los que redactamos el texto, no sería este”, también aseguró que “la generosidad y la voluntad de alcanzar acuerdos, que no van a satisfacer al 100% de las partes”, van a propiciar que se logre “lo más importante, ya que vamos a tener niños y niñas mucho más protegidos y atendidos”, que en definitiva “es el objetivo del Gobierno de Canarias”.
