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La eutanasia es explicada en Lanzarote

Mientras el PSOE considera que la ley está "avalada" socialmente, PP y Vox acusan a los socialistas de "querer matar a personas mayores para ahorrar costes"

 

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    La Ley sobre la Eutanasia que daría cobertura a unos casos en concreto que ahora están en un limbo jurídico, pero que según el PSOE se llevan a cabo en la clandestinidad, ha sido explicada en Lanzarote. El primer dato a tener en cuenta según los socialistas es que "la eutanasia está avalada socialmente".

     

    "Hay más de un 70%, un 80%, que demandaba esta circunstancia", ha dicho Juan Bernardo Fuentes, congresista canario del PSOE.

     

     

    En la rueda de prensa que ha estado liderada por la congresista, Ariagona González, se han dejado claro cuáles son los márgenes de la ley y las situaciones aplicables.

     

    "Lo que viene es a dar una garantía jurídica. Está amparada por nuestra Constitución Española, tiene un trámite orgánico porque afecta a los derechos fundamentales de la ciudadanía. Por eso es ley orgánica sobre la reforma de la eutanasia y es una ley que va a permitir de una forma voluntaria y sobre unas cuestiones que están tipificadas en la ley... Enfermedades de tipo terminal que no tienen curación, que causan mucho dolor. O sea, determinadas enfermedades que están padeciendo las personas que no precisan otro tipo de tratamientos como puede ser la Ley de cuidados paliativos, que también este gobierno va a sacar adelante", ha explicado Fuentes.

     

    La Ley ha sido aprobada por la mayoría del Congreso, pero habrá que esperar a 2021 para contar con la misma. PP y Vox acusaron al PSOE de querer matar a personas mayores para ahorrar costes.

     

    Rueda de prensa simultánea

     

    En una rueda de prensa simultánea realizada en Santa Cruz de Tenerife y en Arrecife, los diputados y diputadas de ambas provincias canarias destacaron el carácter “social y necesario” de una ley que “atiende una reclamación defendida y avalada por miles de firmas y permite la posibilidad de una muerte digna tanto a los pacientes económicamente solventes como a los que no lo son”, explicó la diputada por la provincia de Las Palmas Ariagona González, para quien esta medida viene a regular una práctica que ya se realiza “aunque de manera clandestina en casa o en viajes al extranjero para quien pueda afrontar el gasto”.

     

    En ese sentido, la diputada lanzaroteña aclaró que dicha ley “no obliga a nadie a morir, como la Ley de matrimonio igualitario no obliga a nadie a casarse ni la Ley del aborto obliga a nadie a interrumpir un embarazo”, sino que busca que, en los casos en los que proceda, “sea posible poner término a la vida de un paciente bajo el paraguas del sistema público de salud, con seguridad y garantías”.

     

    El diputado socialista Héctor Gómez, por su parte, consideró que la iniciativa “pivota sobre tres consideraciones legales esenciales”, como son la Constitución Española, la Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y “evidentemente también” sobre el Código Penal, toda vez que se tramita como Ley Orgánica orientada a despenalizar las situaciones que se dan y la cobertura a las personas “que en un momento dado pueden ayudar a poner punto y final a un proyecto de vida cuando se encuentren en situaciones excepcionales”, explicó.

     

    Así, desde esas garantías éticas, jurídicas y también sanitarias, es una ley que reconoce no solo garantías para los pacientes “sino también para los profesionales sanitarios, que cuentan además siempre con la objeción, es decir, la posibilidad de no participar en este proceso si así lo desean”, matizó.

     

    Por otra parte, el diputado tinerfeño trasladó la “preocupación por los mensajes que una vez más expresa la derecha en este país”, que en el caso del Partido Popular ha llegado a comunicar que dicha ley nace con el propósito de minimizar gastos en el ámbito social y sanitario. En ese sentido, Gómez criticó “la deriva de confrontación incluso en un aspecto tan importante como éste, y que sean capaces de articular mensajes tan contradictorios de cara a la ciudadanía”, consideró.

     

    Para el diputado majorero por la provincia de Las Palmas Juan Bernardo Fuentes, por su parte, es “un orgullo” que en España termine la consideración de suicidas “para quienes solo desean irse en paz”. Así, con la aprobación de dicha Ley, “se acabó la criminalización de los allegados colaboradores, se acabó morir solo en un país desconocido para liberarse del dolor, se acabó que decidan por nosotros y nosotras en una cuestión tan íntima y tan p

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