"Usted está diciendo que Batllori cobró 26.000 euros por hacer una llamada y planificar un curso"

El fiscal volvió a poner en duda la labor de este abogado en la última sesión en Arrecife del juicio del Caso Unión, que termina con el ex asesor de Recursos Humanos de lInalsa defendiendo que Batllori fue esencial en la formación y el convenio colectivo

El fiscal del Caso Unión, Javier Ródenas, ha sido muy duro en su interrogatorio al ex asesor de Recursos Humanos de Inalsa, Roberto Acuña, uno de los testigos de la defensa, al que ha preguntado repetidas veces sobre cuál era el papel de Francisco Rodríguez Batllori en la empresa pública, de la que cobró 26.000 euros por su asesoramiento.

Acuña aseguró que entre las labores de Batllori se encontraban la de "abordar el complejo convenio colectivo", así como ponerle en contacto con Femepa (Federación Provincial de la Pequeña y Mediana Empresa del Sector del Metal y Nuevas Tecnologías de Las Palmas) para que se dieran unos cursos de formación en Inalsa, que además fueron organizados por Batllori.

El fiscal fue muy contundente: "Usted ya era asesor de Inalsa, cobró 14.851 euros en 2008 y 18.359 euros en 2009, y me está diciendo que usted no sabía que tenía que reunirse con las autoridades laborales ni llamar a Femepa. ¿Es que no aparecía en las páginas amarillas?", le ha espetado Ródenas a Acuña. "Usted está diciendo que Batllori cobró 26.000 euros por llamar a Femepa y por decidir que el curso de formación iba a durar tres semanas".

Acuña además ha afirmado que Batllori daba un asesoramiento jurídico y estratégico, pero sin embargo el fiscal le ha recordado que en su anterior declaración negó que el asesoramiento fuera jurídico. Además, también ha habido un cambio en el número de ocasiones que Acuña asegura que se reunió con Batllori, pues si bien en un primer momento aseguró que lo había visto unas cinco o seis veces en dos años, este lunes ha asegurado que se veían entre dos y tres veces al mes.

Acuña defiende el asesoramiento de Batllori

El ex asesor defendió en todo momento lo útil que fue Batllori para el área de Recursos Humanos de Inalsa: "La empresa pública tenía muchos problemas en materia laboral, con avisos de huelga y un convenio colectivo muy complejo; Plácida Guerra y Rafael Elorrieta me presentaron a Batllori y me dijeron que era una colaborador, que me iba a ayudar".

Con el empresario se reunió Acuña para "decidir si se denunciaba o no el convenio colectivo, para llevar a cabo el Plan Estratégico de Inalsa y para realizar cursos de formación de los trabajadores". "Mi relación era fluida con Batllori, acudía con frecuencia a Inalsa para asistir a las reuniones: era un aesor más de la empresa pública", ha añadido.

María José Docal: "Yo presenté a Batllori a los concejales" 

Antes de Acuña testificaba la consejera del PIL en el Cabildo, María José Docal, aunque su testimonio duró poco y no aportó grandes datos que no se conocieran. Docal reconoció que fue la encargada de presentar a Batllori a los ediles del partido en Arrecife "a petición de Dimas Martín", pero que luego se desentendió de los resultados de dicho encuentro.

El abogado de Dimas Martín le ha preguntado si consideraba que José Miguel Rodríguez era una persona influenciable, a lo que Docal ha respondido que no se lo parecía; además, la pilista ha afirmado que "Dimas Martín no tomaba decisiones porque no pertenecía a ningún órgano del partido, era asesor y se le podían consultar dudas, pero no tenía voto". Para Docal, "Dimas Martín no imponía su voluntad, cada uno era responasble de lo que hacía".

Final del juicio en Arrecife

Con las declaraciones de estos dos testigos se ponían fin a las vistas en Arrecife, pues la defensa ha renunciado a numerosos testigos, incluso a los que había propuesto a última hora, como los ex ediles del PIL Amor Castañeyra o Antonio Machín, así como el interventor de Arrecife Carlos Sáenz.

La sesión se retomará el próximo 18 de noviembre en Las Palmas de Gran Canaria, donde hay previstas cuatro sesiones en las que declararán, entre otros, varios agentes de la Guardia Civil, el ex presidente de la Autoridad Portuaria, Javier Sánchez Limón, el consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, el juez Juan José Cobo Plana o el que fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Castro Feliciano.