El gran poder y la justicia
Por Alex Solar
La Justicia española y las sentencias derivadas de su ejercicio son motivo de debate y escándalo desde hace algún tiempo. La última sentencia del Supremo con relación a los impuestos de las hipotecas es solo una más de estas actuaciones que se han visto cuestionadas por los ciudadanos afectados y en otras ocasiones también por asociaciones de defensa de los usuarios de la banca y por los tribunales europeos hasta los que han llegado estos polémicos dictámenes. Por ejemplo la de los impuestos, la referente a las cláusulas suelo. Hay que recordar que el Tribunal de Justicia de la UE no actúa de oficio, es decir que sus sentencias contra los abusos bancarios ha sido provocada por la intervención de algunos jueces españoles que han puesto en duda que nuestras leyes se ajusten a las normativas europeas.
Esto quiere decir, también, que no toda la justicia española es responsable de actuaciones lesivas para los intereses o derechos de los consumidores frente a las entidades bancarias. Ajenos a las interferencias políticas en el sistema judicial hay cerca de un millar de jueces civiles que en España no les deben la toga a los representantes del otro gran poder, el legislativo. Muy distinto es el caso del Tribunal Constitucional donde los partidos políticos tienen clara influencia en los nombramientos de una docena de magistrados, con lo que su vulnerabilidad frente a las presiones es evidente, lo mismo que en el Supremo. Pero gran parte de la judicatura ha sido sensible a los derechos de los ciudadanos en estos asuntos, a pesar de que la legislación española es tremendamente favorable a los intereses de la banca, lo que ha propiciado que tuvieran lugar acciones ejecutivas masivas de desahucios. El desequilibrio entre las partes es tal que ante el sobreseimiento de un procedimiento hipotecario en perjuicio de un banco, éste podía recurrir esa apelación, pero los consumidores no. Esta indefensión ante la maquinaria procesal llegó hasta los tribunales europeos gracias a ciertos magistrados españoles que la habían elevado al Constitucional, que rechazó declarar su inconstitucionalidad por ser manifiestamente injustas. Por fortuna, la jurisdicción europea corrigió este trato desigual y eliminó cláusulas abusivas, aunque la restitución de los importes abonados siguió un camino más azaroso.
Curiosamente, en el asunto de las cláusulas suelo tuvo un papel destacado una organización que posteriormente fue objeto de investigación por sus prácticas dudosas y que en vez de proteger los derechos de los usuarios de la banca pretendía lucrarse mediante chantajes en forma de apoyos publicitarios. Como una entidad bancaria no cedió se destapó el pastel, pero el caso ya había pasado a manos del Supremo, que dictó una sentencia que admitiendo que la cláusula suelo era abusiva solo obligaba a pagar una parte de lo mal cobrado y además explicaba que devolver todo el dinero ponía en riesgo la estabilidad del sistema financiero. Un argumento que una vez más se ha ha dejado sentir en este turbio asunto que sacude los cimientos del Supremo y la confianza de los ciudadanos españoles en su justicia.
Si realmente existe una separación de poderes y la Justicia es independiente, el poder judicial no puede arrogarse el papel de garante del orden económico. Una Justicia que pase por alto los flagrantes atropellos al usuario de la banca que se ve obligado a firmar contratos tramposos y que tolere el blindaje de las entidades financieras, no es justa y es sospechosa de seguir los dictados de un poder económico que alcanza a todas las instituciones que presumen de independencia o libertad, incluidos partidos políticos y medios informativos que crean vínculos ventajosos con él porque están atados de pies y manos por la necesidad de apoyo crediticio y financiero.
El interés general de la sociedad debe ser protegido frente a este poder formado por intereses particulares bien concretos ante los cuales los usuarios permanecen inermes, motivo por el cual una alta cantidad de afectados renuncia a litigar. Y es por eso que es tarea del gobierno garantizar los derechos de los ciudadanos antes que un tribunal de ámbito europeo tenga que decirnos que las cosas se están haciendo mal para perjudicarnos a posta, con nocturnidad y alevosía. Mientras se estaba rescatando a la banca o a las cajas, muchos ciudadanos de a pie se iban a la puñetera calle, lo perdían todo, quedaban endeudados y el banco se quedaba con la vivienda cerrada a cal y canto.
Pero el cerdo no tiene toda la culpa sino el que le da de comer. Ni los jueces de primera instancia que poco han podido hacer para evitar los efectos perversos de la ley más antigua de nuestra legislación, la Ley Hipotecaria. Al menos ahora hay un gobierno que no mira para otro lado, como los que antes mantenían un ominoso silencio ante los abusos. Ya sabemos que la medida no es suficiente, porque no incluye la retroactividad. Sánchez no es tonto, y no iba dispararse un tiro en el pie, sabiendo que en tal caso pagaría el fisco. O sea todos.
