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Primera crisis municipal

Por Francisco Pomares

Publicado en El Día

 


Astrid Pérez, alcaldesa de Arrecife, retiró fulminantemente las competencias en materia de Fiestas y Vivienda a la concejal socialista Nova Kir kpatrick, pasándoselas a Alfredo Mendoza, compañero de esta. El motivo alegado es la existencia de graves diferencias de criterio entre la concejal y la alcaldesa en el desarrollo de las fiestas de San Ginés, y especialmente en el gasto destinado a las fiestas, en las que se produjo este año un disparatado sobrecoste en relación con años anteriores. Aunque no se han hecho oficiales los datos, el gasto total podría haber sobrepasado los 700.000 euros, con abonos de caché a grupos participantes hasta tres veces superiores a lo que se paga en otras actuaciones similares de estos propios grupos. La concejala y Carlos Espino, asesor de Lola Corujo, impulsaron un convenio para asumir el exceso de gastos de las fiestas, por el que el Cabildo facilitará al ayuntamiento la friolera 325.000 euros, al no disponer Arrecife del dinero necesario para hacerse cargo de los compromisos contraídos con los proveedores. El problema es que el ayuntamiento considera que el convenio es nulo, porque no fue siquiera registrado, y los rumores y comentarios en la ciudad sobre el sobrecoste de las contrataciones han provocado ya to do tipo de especulaciones.

 

La alcaldesa de Arrecife decidió revocar en un decreto, firmado el jueves pasado, la delegación de las responsabilidades de la edil, que le habían sido atribuidas al principio del mandato, tras la compleja negociación que acabó con la retirada de la candidata socialista a la alcaldía, Eva de Anta, del grupo municipal. Para evitar precipitar una crisis con el PSOE –la edil es considerada muy próxima al grupo que hoy gobierna el PSOE conejero, encabezado por Lola Corujo y Carlos Espino– Astrid Pérez, repartió las competencias de Kirkpatrick entre su primer teniente de alcalde (el socialista Mendoza) y la concejal de Servicios Sociales (la popular María Jesús Tovar). Además, le asignó a Kirkpatrick el área de Actividades Clasificadas y Responsabilidad Patrimonial, un departamento sin especial relevancia, tradicionalmente adscrito a otras concejalías con más competencias, que tiene como principal función supervisar las reclamaciones de los ciudadanos ante la Administración local por accidentes o daños en las vías o espacios públicos del municipio.

 

El PSOE ha aceptado sin mucha alharaca lo que es una extraordinaria descalificación de su concejal, que se produce en un momento en el que se ha especulado mucho (tras las instrucciones cursadas a Astrid Pérez por Génova de revertir el acuerdo en el Cabildo), sobre el inicio de una crisis de mayor calado que podría romper el actual acuerdo, a los tres meses escasos de haberse puesto en funcionamiento. Pero en realidad, el silencio del PSOE en este asunto parece obedecer un asunto más pedestre: la certeza de que la gestión de Kirkpatrick tanto en los formatos de contratación, la materialización del convenio o el exceso de gasto realizado, es absolutamente indefendible...

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