Los 17
Por Francisco J. Chavanel (publicado en Canarias 7)
1.- Sobreseímiento parcial que apunta a un solo culpable: Dimas Martín
El número de imputados por el denominado “caso Unión” supera ampliamente la centena, distribuidos en quince piezas separadas, todas ellas contaminadas por el mismo pecado original: la causa, desde el principio, fue instruida de forma deficiente por parte del juez Pamparacuatro y su compañero de viaje, el fiscal Ignacio Stampa, tal como fue descrita y denunciada por la juez Lucía Barrancos, una vez que el titular original fue desplazado a un juzgado de La Laguna.
El último día del anterior mes de julio fue elegido por la “garante del proceso”, La Fiscalía provincial que dirige Guillermo García-Panasco, para hacer pública una nota en la que se explicaba que había dictado un auto de sobreseimiento provisional con el objeto de “desimputar” a diecisiete supuestos sospechosos, todos ellos integrantes de la trama ocurrida en el Ayuntamiento de Arrecife de Lanzarote, plagada de presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos. Más de cinco años después de ser detenidos, enviados en algún momento a la cárcel o al calabozo, llamados ante la presencia del juez y del fiscal para escuchar sus “gravísimas” acusaciones, el fiscal Javier Ródenas, responsable en la actualidad del caso, firma un auto de 33 folios en el que viene a comentar que la Fiscalía “carece de material probatorio que justifique la pendencia de este estado procesal ante la falta de elementos corroboradores en la investigación que legitime la posibilidad de interesar la apertura de juicio oral”.
El auto justifica la existencia del todavía caso en que todo lo que sucedió en el ámbito de Arrecife de Lanzarote, referente sobre todo al cobro de comisiones, tuvo como destinatario final a Dimas Martín, que “se había servido de Ubaldo Becerra, teniente de alcalde y concejal del Plan General de Arrecife, y de José Miguel Rodríguez, concejal de Hacienda y de Urbanismo”, razón por la que mantiene las veinte imputaciones restantes de un total de treinta y siete. Por lo que parece hay una idea que se abre paso en “los garantes del proceso”: la culpa de todo la tuvo Dimas Martín. Si hay alguien que debe llevar la cruz ha de ser él. Aparte de ello ya tiene costumbre. A la gente no le sorprendería, sería su enésima condena, y ya lleva como unos ochos años entrando y saliendo de la cárcel. Sin duda, es un buen candidato a pagar los sobreesfuerzos efectuados por Pamparacuatro, Stampa, la FCM, el despacho de Manuel Fajardo y Carlos Espino, sin olvidarnos de la UCO y de su capitán Vicente Corral Escariz, en la soberana utilización de los medios del Estado al servicio de una confabulación política. Sin duda, Dimas es el mejor candidato posible.
2.- La Fiscalía descomprime un caso que ya le asfíxia
El auto que firma Ródenas con fecha de 21 de julio indica que ya esa Fiscalía tenía conocimiento del aplastante informe de la jueza Barrancos sobre el caos que resultó ser el caso del que se autonombran como “garantes -veremos si al final no terminan en “garantes kamikaces”, pues ni instruyeron ni conocieron las actuaciones del juez durante más de un año y medio-, en el que se detalla la complicidad de esa Fiscalía con las actuaciones incalificables del juez Pamparacuatro, su elocuente silencio durante los tres años que dicho documento estuvo oculto por parte del CGPJ, y tal vez su deseo de descomprimir la presión pública que empieza a sentir porque hay comportamientos suyos que no cuadran.
Ese auto, hecho público semanas antes de la reunión del GGPJ, donde se decide investigar las actuaciones de Pamparacuatro, delata la incomodidad de la Fiscalía, seguramente una información fehaciente que les indicaba por dónde iba a tirar el máximo órgano de los jueces para no caer en presuntos delitos emparentados con el encubrimiento, la sensación de que muchas de las cosas que creían apresadas como garantes del procedimiento se les escapaban entre los dedos.
Leo el auto y todo él es una continua justificación de actos difíciles de justificar. Es un mantra de esta guisa: “seguimos en la brecha/estamos convencidos de que son culpables/ellos son los malos nosotros los buenos/si desimputamos a 17 es porque tenemos buen corazón y somos justos…” ¿Justicia? ¿Buen corazón? No hay un solo detalle de humanidad en toda esa prosa. Ni un leve perdón por habérseles paseado por la vía pública como si fueran unos golfos. Ni el menor asomo de arrepentimiento por hacer preparado unas detenciones pensando en las primeras páginas de los periódicos… Es como si dijeran: desimputo a 17 porque de lo que se trata es de conseguir una condena, una, tan sólo una, cuando podamos, pero nosotros estamos convencidos de que son unos delincuentes… Ya, otros estamos convencidos de que un Estado de derecho que utiliza contra los delincuentes metodologías propias de delincuentes, son semejantes a exactamente lo mismo que aquellos a los que combaten.
3.- La lista de los ‘malhechores’
Segundo Rodríguez, ex secretario de organización del PSOE de Lanzarote, fue detenido por la policía y se le incomunicó nueve horas sin existencia de autorización judicial. Se le practicó una entrada y registro en su domicilio particular de forma irregular. Se le acusó de participar en varios delitos de cohecho como intermediario, en el cobro de comisiones ilegales. Fue ingresado en prisión el 28 de mayo de 2009, estando dos meses y tres días en la prisión de Tahíche. Es uno de los “desimputados”. Salió de la cárcel el 31 de julio de 2009. Después de aquello entró en una profunda depresión y desapareció de la vida social de Arrecife. Formaba parte del PSOE enemigo de Espino y Fajardo.
Dayran Jesús Muñoz, amigo de Ubaldo Becerra, miembro del PIl rama juvenil. Fue detenido y se le incomunicó nueve horas sin la pertinente autorización judicial. Se le acusó de cohecho y tráfico de influencias. Ausente de la vida social de Arrecife en los últimos años.
Alfredo Santiago Rodriguez, ex policía nacional, ex del PIL. Primo hermano de Manuela Armas (PSOE). Un hombre de Matías Curbelo, uno de los principales controladores de Dimas Martín en el Ayuntamiento de Arrecife. Curbelo lo envió la mañana en la que fue detenido a una cafetería a recoger una bolsa que contenía supuestamente una mordida preparada por uno de los denunciantes del caso, el empresario José Antonio Castellano. Se le incomunicó durante once horas sin autorización judicial. Se le acusó de cohecho. De los diecisiete es el único que no sabe que ya no está imputado. Falleció de cáncer hace unos meses.
María José García Acosta, empresaria, sobrina del fallecido periodista Agustín Acosta y su heredera por los conflictos entre el periodista y sus hijos, que lograron hacerse con el control de los medios que fundó Acosta. Se la detuvo porque se había preocupado de que distintas administraciones le pagasen al grupo de comunicación varias deudas pendientes. Por eso se acercó a Dimas. No había delito pero sí un trasfondo familiar que afectaba a los amigos mediáticos de Espino/Fajardo y de la Fundación César Manrique. La detuvieron y la amedrentaron.
Jorge Ramón Alvarez Pérez, empresario, hijo de Camilo Alvarez. Fue detenido por acercarse a Segundo Rodríguez para enterarse de una concesión de basuras en el Ayuntamiento de Yaiza, para lo que solicita una entrevista con la alcaldesa. Fue detenido en Las Palmas de Gran Canaria sin orden judicial por medio. Y se le traslada igualmente a Lanzarote sin autorización alguna. Fue acusado de presunto cohecho
Fermín Curbelo Perdomo, empresario de la construcción de la zona de Tinajo. Buscó un acuerdo con el PIL respecto a un solar de Arrecife. Se derrumbó personalmente después de la imputación. Nunca debió ser detenido, pues en todo caso era víctima de otros sin saberlo siquiera. El PIL se dedicaba a lo que todos sabemos: a financiarse permanentemente, igual que el PSOE de Lanzarote. Estuvo más de 72 horas detenido, vulnerando cualquier precepto legal sobre la incomunicación.
Remigio Joel Delgado, ex concejal del PP en Arrecife. Se le acusó de un presunto delito de tráfico de influencias. Su intención era que Ubaldo Becerra metiese a su madre como trabajadora en el Ayuntamiento de Arrecife, cosa que nunca sucedió (este y otros casos hablan bien a las claras de la “profundidad” y “rigor” de las investigaciones de Pamparacuatro y Stampa)
Carlos Morales Quintana, arquitecto, marido de Alexia de Grecia. Es primo de Ubaldo Becerra. Fue la guinda del pastel. El éxtasis absoluto para los socialistas de chaqueta de pana: el marido de la princesa familia de la Reina, en sus garras… Según la UCO junto con el arquitecto Víctor Alberto Sánchez Martín y el aparejador José María Pérez Sánchez prentendían amañar con Dimas Martín la redacción del Plan General de Arrecife. En el atestado 300/2008 se les incluye en cuatro tramas distintas (tráfico de influencias, prevaricación administrativa, actividades prohibidas a funcionarios públicos, contra la ordenación del territorio)
Celso Betancor Delgado (ex político del PIL). Estuvo primero en el PSOE. Se le acusó del cobro de comisiones por la adjudicación de servicios al Ayuntamiento de Arrecife cuando era concejal del PIL. Trabajaba en el Aeropuerto.
Demetrio Rodríguez Robayna, empresario de la construcción, dueño de Lanzagrava. Estaba retirado desde hacía años por problemas serios con su corazón. Lo delegó todo en un gerente. Aún así fue detenido y registrado su domicilio. Lo detuvieron por unas declaraciones en sede judicial de Matías Curbelo donde manifestó que diversos empresarios entregaron dinero al PIL a cambio de adjudicaciones de obra. A Rodríguez el juzgado le retuvo la cantidad de 700.000 euros, que tenía en la caja de seguridad de la empresa, durante un largo tiempo.
José Luis Betancort Acosta, empresario y propietario de la constructora Torres. También denunciado por Matias Curbelo (es curioso comprobar cómo algún que otro miembro del PIL también fue denunciado por dos altos cargos al menos de ser él quien coordinaba las acciones de quincalla, y nunca fue llamado a declarar)
Juan Jesús Acuña Borges, empresario de la construcción. Cuando fue detenido llevaba en su casa dos semanas en estado de reposo al padecer una enfermedad en la espalda. No hay acta de detención judicial en este caso, ni siquiera el mandamiento de detención que se remitió a la Guardia Civil. Otro de los delatados por Matías Curbelo.
Pedro Manuel Rodríguez García, Ginés Parrilla Curbelo y Manuel Arbelo Pérez. Los tres víctimas del “cante” de Curbelo, de intervenciones de la UCO, y los tres empresarios. La mujer de Rodríguez era una destacada dirigente del PSOE cuando fue detenido. De Ginés Parrilla debe saberse que fue asistido por el letrado… Manuel Fajardo, que no pudo evitar la actuación de la guardia civil que ya se conducía como la propietaria del terreno.
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