Rehenes
Francisco Pomares
Desde el inicio del confinamiento, el paro registrado en España ha subido en casi 600.000 personas, algo más de la mitad en los últimos quince días del mes de marzo y el resto en abril. Eso supone que el uno de mayo, día del trabajador, en España había -según las cifras oficiales- 3,89 millones de personas desempleadas que no podían celebrarlo. Lo que ocurre es que las cifras oficiales no incluyen como parados -no tienen trabajo, pero no se les considera desempleados porque no son demandantes de empleo-, a los casi tres millones y medio de afectados por las regulaciones temporales de empleo, y a algo más de 1.100.000 trabajadores autónomos que están recibiendo ayudas de la Seguridad Social, porque han dejado de facturar como mínimo el 70 por ciento de sus ingresos. Es a esos cinco millones de personas que se han quedado colgadas de la brocha, a las que nuestro Gobierno ha convertido en rehenes de la posible quiebra de la mayoría que lo sostiene, al asegurar que si el Congreso no prorroga hoy el estado de alarma, no podrá pagar sus prestaciones.
Antes de manifestar lo que opino sobre este argumento, creo que es conveniente dejar claro algunos aspectos relativos al contexto en que se produce. Primero, creo sinceramente que el Gobierno ha cometido muchísimos errores en la gestión de esta crisis sanitaria, pero tengo el convencimiento de que cualquier otro gobierno español, enfrentado a esta situación habría cometido los mismos o muy parecidos errores. También creo que es imperativo mantener los planes de desescalada del confinamiento, y que prorrogar el estado de alarma es probablemente el mejor recurso (aunque no el único) del que dispone Pedro Sánchez para dirigir esta complicadísima situación. Creo igualmente que el presidente ha malbaratado los poderes excepcionales que le confiere la declaración del estado de alarma, usándolos para colar a Pablo Iglesias en el CNI, modificando su funcionamiento y composición en el mismo decreto de declaración de la excepcionalidad, abusando de los poderes discrecionales de contratación, inhabilitando las normas de transparencia, usando órdenes ministeriales como ukasses indiscutibles, modificando arbitrariamente y sin consenso los plazos de instrucción judicial, impulsando por la puerta falsa medidas de su programa cuestionadas por muchos españoles como la reforma de la ley de Educación o la eutanasia, y -sobre todo- reduciendo el papel de la oposición, el legislativo y las Autonomías, al de meras comparsas. Sánchez ha utilizado el estado de alarma no sólo para recortar el derecho de libre circulación a los españoles -algo inevitable en esta situación de grave epidemia- sino también para imponer su política y la de Podemos a los ciudadanos, y para sortear el control político de la oposición.
Pero lo más grave de todo lo que ha hecho hasta ahora, es ami juico esta grosera amenaza al país, advirtiéndonos que su Gobierno no podrá mantener los Ertes y las ayudas a los autónomos -que protegen del hambre y la desesperación a cinco millones de ciudadanos y de la ruina a casi dos millones de pequeñas empresas-, si el Congreso no prorroga su mando único. Es muy difícil reaccionar cabalmente a un chantaje así. Es difícil encontrar el equilibrio necesario entre hacer lo que hay que hacer, que es derrotar la pandemia prorrogando la excepcionalidad, y tolerar esta repugnante deriva autoritaria.
