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Ástrid Pérez: "Gobernar en contra de la Ley sería cometer prevaricación"

La alcaldesa de Arrecife asegura que si se tarda mucho más en hacer algo el edificio acabará por caerse solo dado su mal estado

 

  • Lancelot Digital
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    “Los políticos tenemos la obligación de gobernar de acuerdo a la legalidad desde que juramos lealtad al Rey, así como el cumplimiento de la Constitución y del ordenamiento jurídico español. El resto es otra cosa que es constitutiva de delito, que es dictar resoluciones o gobernar en contra de la legalidad y se llama prevaricación”. Así de contundente se ha mostrado Ástrid Pérez. La alcaldesa de Arrecife se ha visto obligada a convocar una rueda de prensa para aclarar la situación legal de la obra de remodelación del Hotel Oriental situado en pleno centro de la capital.

     

    Pérez señaló que “el Cabildo no tiene competencias, nosotros lo hacemos sin obligación legal, por lo que el Cabildo no conteste no es negativo”.

     

    Una aclaración en respuesta a unas declaraciones de la oposición que pidieron al Cabildo de Lanzarote medidas cautelares para evitar el derribo parcial del edificio. “Se trata de un patrimonio histórico, arquitectónico y cultural absolutamente en estado de ruina que si tardamos un par de años más sin hacer nada, se cae… por tanto, ya no habría nada que demoler, ni que proteger. Puede que alguno sea lo que quiere”.

     

    Leticia Padilla, portavoz de Lanzarote en pie, señala que “lo que es patrimonio es patrimonio, que esté o no dentro de un catálogo para proteger el patrimonio, no le da más valor. Hay que protegerlo y el proyecto presentado por la empresa para la remodelación completa del hotel, destruye completamente los valores del edificio desde la segunda planta”, apunta. “Pedimos al Cabildo y al Gobierno de Canarias que tome medidas cautelares para seguir negociando con la propiedad”.

     

     

    También en referencia a las dudas sobre la votación de este proceso ha sido clara. La decisión ha sido unánime en el grupo de gobierno.

     

    El sentimiento generalizado de la ciudadanía es darle un lavado de imagen a un edificio que se encuentra en unas condiciones deplorables.

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