Valbuena cree que hay que limitar los usos en La Graciosa para garantizar su sostenibilidad
El consejero de Transición Ecológica señaló que el Gobierno no se plantea de momento adquirir Alegranza
El Gobierno de Canarias se ha puesto las pilas para aprobar lo antes posible el polémico Plan Rector de Uso y Gestión del Archipiélago Chinijo, que fue tumbado en los tribunales de Justicia hace unos años. Precisamente, en estos días estuvo por Lanzarote, el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, presentó el borrador del famoso PORN, Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, que fue el documento que es preciso aprobar antes del PROUG del Archipiélago Chinijo. Para Valbuena antes que los usos hay que marcar las medidas para defender la naturaleza de los nuevos usos en esos espacios. “Una vez protegida la naturaleza, vamos a empezar a ver qué podemos hacer dentro de esa naturaleza, sin atacarla de manera agresiva, es decir, el uso y gestión, el PROUG, que fue lo que tumbó la Justicia”, señala.
Puso el ejemplo de La Graciosa y las limitaciones de los usos que necesita para mantener un desarrollo sostenible sin perjudicar el bien natural que se pretende proteger. “La Graciosa se presta a que sea un territorio sostenible al cien por cien, con otro concepto de movilidad y con unos usos turísticos de recreo, relacionados con usos marítimos, porque hay que recordar que, de las 46.000 hectáreas que componen el Archipiélago Chinijo, 37.000 son ámbitos marinos”, asegura.
Por otro lado, el consejero de Transición Ecológica no se quiso aventurar a decir si entre las ideas para Alegranza está la de comprarla a sus propietarios como en su día se rumoreó porque entiende que primero hay que marcar sus usos. “No está en nuestra hoja de ruta a corto plazo, porque para nosotros ahora lo primero es planificar. Es bueno que se quede en manos públicas, pero lo más importante es que su nivel de protección sea máximo”, argumenta, apuntando que lo fundamental es desterrar cualquier uso que no sea propio de la isla.
Por otro lado, Valbuena cree que es positiva la sección administrativa de las Costas al Gobierno autónomo, pero señala que se va a ser estricto para evitar cualquier mal uso de nuestro litoral, aunque reconoció que hay situaciones como la ampliación del dominio público en cascos urbanos consolidados que hay que resolver. “Algunos núcleos poblacionales que están en costa cuya situación hay que solucionar. Ahora la Dirección General de Costas ha cambiado de criterio y ha pasado la servidumbre de veinte a cien metros, cuando no existe ningún tipo de criterio, ni justificación social, histórica o geográfica que lo avale. Nosotros tenemos un conocimiento del territorio que, lógicamente, no tiene Madrid y eso, evidentemente, se va a hacer valer”.
El consejero no quiso adelantar fechas de la aprobación definitiva del Plan Rector de Uso y Gestión, pero sí dijo que esperaba que el documento previo, el PORN estuviese aprobado antes de finalizar 2021.
