1.225 millones sin gastar
Francisco Pomares
Los datos son difíciles de digerir. De los fondos destinados a inversión pública -el célebre capítulo VI, el que convierte el dinero en obras, carreteras, centros educativos, infraestructuras- Canarias dejó sin ejecutar 1.225 millones de euros. No hablamos de un pequeño retraso administrativo, ni de un porcentaje razonable de desajuste entre lo previsto y lo realizado. Hablamos de que prácticamente la mitad de la inversión presupuestada jamás se materializó. De cada dos euros destinados a mejorar las islas, uno se quedó en el papel. Y los papeles, por mucha literatura que les eches, no cierran el anillo insular ni construyen escuelas infantiles.
La Audiencia lo dice con una claridad que debería avergonzar incluso a los más militantes defensores del relato gubernamental: El Gobierno de Torres presupuestó mucho más de lo que es capaz de ejecutar. Y lo hizo porque depende de fondos europeos, porque incluye proyectos que no están listos para ser llevados a cabo, y porque el aparato administrativo es tan disperso, tan frágil y tan mal organizado que cualquier inversión compleja se convierte en una carrera de obstáculos interminable. El documento señala el origen del problema: los presupuestos se inflan cada año con proyectos empujados por la política, que no tienen desarrollo técnico, ni suelo disponible, ni permisos ambientales. En otras palabras: se incluyen inversiones imaginarias para cuadrar los ingresos procedentes de Europa o del Estado. Se reserva dinero para actuaciones que no pueden comenzar porque ni siquiera cumplen los requisitos mínimos para existir. La Audiencia lo llama “falta de madurez”. Eso, traducido al lenguaje corriente, significa que se planifica con humo.
Más del 60 por ciento de las inversiones comprometidas por el Gobierno Torres dependían de dinero que venía de fuera. Y para justificar esos fondos finalistas, los departamentos se veían obligados a meter en el presupuesto actuaciones que sabían de antemano que no podían ejecutar. Una especie de trampa circular en la que el Gobierno fingía que iba a hacer obras y Europa fingía que se las creía. La realidad, como era de esperar, acaba imponiéndose: 1.225 kilos sin gastar.
A la falta de planificación se suma -aquí el informe es aún más demoledor- una estructura administrativa que roza el absurdo. Sesenta y siete unidades gestoras de contratación repartidas por consejerías y organismos, con una media de tan solo dos técnicos por unidad. Si alguien quiere un ejemplo de cómo bloquear un sistema, aquí lo tienes: atomización, duplicidad, fragilidad técnica y dispersión incompatible con un volumen de inversión tan elevado. Con esos mimbres ejecutar una obra puede llevar más de seis años.
La lista de proyectos con ejecución cero es sonrojante: el cierre del anillo insular, la variante de Vallehermoso, mejoras de seguridad en carreteras esenciales de El Hierro, programas educativos financiados con dinero europeo… millones de euros en proyectos que existieron únicamente en las cuentas públicas, como fantasmas recurrentes que se presupuestan año tras año sin que nadie coloque una sola piedra.
La Audiencia también desmonta el otro gran relato de la etapa Torres: la aplicación de los Next Generation. Los Instrumentos de Planificación Estratégica -diseñados para orientar la inversión europea- resultaron ser documentos vacíos, sin estudios de viabilidad, sin análisis de riesgos, sin datos técnicos y, en ocasiones, sin saber siquiera que necesidades reales se quería atender. El plan de escolarización de 0 a 3 años, el proyecto social estrella del presidente Torres, es surrealista: se presupuestó el programa sin saber cuántos niños había por municipio.
La conclusión es devastadora: el Gobierno Torres tuvo recursos como nunca antes, pero no supo gastarlos. Disponía de fondos estatales y europeos, de un marco político favorable y de una demanda social clara, pero la falta de planificación y el afán de cuadrar ingresos ficticios con inversiones imposibles, hicieron que Canarias dejara sin gastar más de mil millones de euros destinados a mejorar la vida de los ciudadanos.
Lo peor es que seguimos pagando hoy las consecuencias de esa ineficacia: carreteras que no se hicieron, centros educativos que no se construyeron, inversiones que nunca llegaron y oportunidades que se perdieron. La Audiencia no habla de política; habla de gestión. Y lo que retrata no es una mala racha, sino una incompetencia estructural.
El Gobierno Torres presumió de estabilidad, de cohesión y de “diálogo social”. Pero, el informe revela un legado al frente de la comunidad menos épico: cuatro años de inversiones prometidas y no ejecutadas, cuatro años de papeles sin obras y un agujero de más de mil millones de euros en oportunidades perdidas.
