24 horas después

Francisco Pomares

A Pedro Sánchez le ha durado 24 horas la satisfacción por haber escapado vivo de su comparecencia ante la Comisión que investiga el ‘caso Ábalos’ en el Senado. El miércoles negó solemnemente cualquier irregularidad en la financiación del PSOE; y el jueves, el Supremo remitía a la Audiencia Nacional la orden de investigar precisamente la existencia de una caja paralela en Ferraz, que habría realizado pagos en metálico a Ábalos y Koldo. 24 horas: el tiempo que han tardado los hechos en desmentir el relato presidencial.

El auto del magistrado Leopoldo Puente no deja margen a la interpretación. En él se ordena practicar las diligencias necesarias para comprobar si los pagos en efectivo realizados por el PSOE proceden de una actividad ilícita y si esos abonos en sobres, sirvieron para blanquear dinero. El juez subraya que las explicaciones ofrecidas por el exgerente y una trabajadora del partido no resultan satisfactorias, y que siguen abiertas incógnitas sobre el origen del dinero, el modo de distribución y el papel de quienes gestionaban esas entregas.

El informe de la UCO que sustenta la decisión es incluso más claro: en él se asegura que hay pagos “opacos e irregulares” que no figuran en la contabilidad oficial del PSOE, ni por su importe ni por su fecha. Los pagos no son inventos de la prensa ni fabulaciones de la oposición: se reflejan en conversaciones, documentos y testimonios incorporados al sumario. El magistrado cree necesario comprobar si la devolución de gastos servía para pagar en efectivo con dinero procedente de “actividades delictivas”, o -traducido a lenguaje común- si el partido del Gobierno ha blanqueado dinero.

La paradoja es obvia. Apenas 24 horas después de que un altivo Sánchez se presentara como víctima de la consabida campaña mediática y judicial contra las políticas progresistas, el Supremo confirmaba que existen indicios suficientes para investigar a su partido por financiación ilegal y blanqueo. No hablamos de un juez díscolo ni de una denuncia anónima: hablamos del Supremo, basándose en informes de la Guardia Civil. Y hablamos de la Audiencia Nacional, que a partir de ahora investigará si la caja de Ferraz se usó como sistema de compensación de gastos o como maquinaria de lavado de fondos. La Justicia escribe la primera línea del capítulo más incómodo del mandato Sánchez.

Durante meses, el Gobierno ha intentado reducir el caso Koldo a una historia menor, una anécdota protagonizada por un exasesor pícaro y sinvergüenza, del que Sánchez -que lo calificó en su ‘Manual de resistencia’ como “ejemplo para la militancia”-, ha intentado desmarcarse. Pero la investigación ha subido peldaños: primero Ábalos, luego Santos Cerdán, y ahora el propio PSOE. El presidente puede seguir repitiendo que se trata de una persecución, pero la justicia ya no investiga a un individuo, ahora investiga a una organización en su conjunto. La diferencia no es menor: significa que la corrupción dejaría de ser personal para volverse estructural.

La actitud del Gobierno  ha sido el negacionismo metódico. Cada vez que la UCO aporta nuevos indicios, Moncloa responde con nuevas consignas. Cada vez que un juez emite un auto, el aparato socialista lo responde con una nota de prensa sobre el lawfare y la “politización judicial”. Pero la realidad desobedece al argumentario: los sobres existen, los pagos existen, y las incógnitas también. Ninguna nota puede tapar el hecho de que el juez Puente considere que hay que investigar si los pagos de Ferraz se utilizaron para blanquear dinero ilícito.

No estamos ante un episodio más del circo político al que se ha referido Sánchez para calificar al Senado. Si la Audiencia confirma los indicios, este será el primer caso en el que el PSOE es imputado por financiación ilegal. Que eso ocurra con un partido que llegó al poder   denunciando la corrupción, o que hizo de la ética pública una bandera contra Bárcenas y Gürtel, resulta devastador: el partido que presumía de combatir la corrupción podría terminar condenado por corrupto.

El auto del Supremo detalla además que el procedimiento empleado para pagar compensaciones en metálico no se justifica. ¿Por qué trasladar dinero en efectivo con empresa de seguridad desde un banco hasta Ferraz para entregarlo a miembros de la Secretaría de Organización? ¿Por qué no hacerlo mediante transferencia, si todos ellos cobraban sus sueldos así? La respuesta implícita es inquietante: porque el dinero no podía dejar rastro.

El daño ya está hecho. A partir de ahora, cada vez que Sánchez hable de regeneración democrática, alguien recordará que el Supremo ha pedido investigar al PSOE por financiación ilegal por los sobres de Ferraz. El relato presidencial patina. Quizá el presidente confíe en que el ruido lo tape todo. Pero el ruido no para ni los informes de la UCO, ni los autos judiciales.