Aclarar las cifras
Francisco Pomares
Dos millones y medio de personas es el número que el Gobierno viene manejando para defender el alcance de la Ley de Nietos. Ayer, Ángel Víctor Torres volvió a utilizar esa cifra para responder a las denuncias de Feijóo sobre sospechas de tongo, recordando que “desde 1995 ha habido cinco iniciativas para ampliar las posibilidades de acceso a la nacionalidad”. Lo que quiere decir Torres es que esto mismo ya lo hizo Aznar. Y es cierto, pero induce a pensar que todas las iniciativas han tenido un alcance similar, y conviene matizar, porque no ha sido así en absoluto: la comparación con lo que hizo Aznar puede resultar políticamente útil, pero no responde a la pregunta que hay que hacerse: porque la cuestión no es quién regularizó antes, ni quién concede más nacionalidades. La cuestión es: ¿de dónde salen esos dos millones y medio de posibles beneficiarios que calcula el Gobierno?
Es falso que el gran salto se produzca por reconocer colectivos perseguidos durante el franquismo, como las personas represaliadas por su orientación sexual o identidad de género. Esa casuística afecta a un número reducido de personas en términos cuantitativos. Torres mezcla deliberadamente dos debates distintos: la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática no concede la nacionalidad a las personas que fueron perseguidas, lo que hace es regular el acceso a la nacionalidad de los descendientes de españoles. La referencia a la persecución por orientación sexual forma parte del reconocimiento como víctimas del franquismo, pero no explica en absoluto el volumen de solicitudes de nacionalidad. Y las cuentas no salen si contamos solo el exilio republicano de 1939. No salen de ninguna manera.
La única explicación posible es que la Ley de Memoria Democrática no se limita a los nietos del exilio. En realidad, amplía de forma muy considerable los supuestos que permiten acceder a la nacionalidad española. Entre ellos figuran los hijos de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad al casarse con extranjeros antes de la Constitución de 1978 y, sobre todo incorpora, un cambio mucho menos conocido, pero decisivo: se incluye como candidatos a la nacionalización a todos los hijos mayores de edad de quienes obtuvieron la nacionalidad gracias a leyes anteriores. Ese detalle altera completamente la dimensión del fenómeno. Ya no estamos únicamente ante los descendientes del exilio. Cada español que haya recuperado la nacionalidad gracias a cualquier legislación anterior se convierte, a su vez, en origen de nuevos solicitantes. Es un mecanismo de crecimiento acumulativo que multiplica el número potencial de beneficiarios.
Pero incluso aceptando esa explicación, hay algo que sigue sin cuadrar: el Gobierno habla de dos millones y medio de personas, mientras los datos oficiales disponibles apuntan a una realidad muy distinta: alrededor de 1,2 millones de expedientes presentados, algo más de medio millón de concesiones y poco más de trescientas mil inscripciones efectivamente realizadas. La diferencia entre unas cifras y otras es enorme, pero no se ofrece el desglose que permitiría entender qué es lo que pasa para que las cifras no encajen.
Hay, pues, preguntas que hacer: ¿Cuántos de esos expedientes corresponden realmente a nietos de exiliados políticos? ¿Cuántos derivan de la emigración económica de los años cincuenta y sesenta? ¿Cuántos pertenecen a hijos de mujeres que perdieron la nacionalidad al casarse? ¿Cuántos son hijos de españoles que recuperaron previamente esa condición?
Nadie lo sabe. O, al menos, nadie lo explica. Y la diferencia no es menor: durante estos días Torres nos ha vendido la idea de que España está reparando, mediante la nacionalidad, la tragedia del exilio republicano. Y no es así, eso es sólo una parte del fenómeno. En países como Venezuela, la mayoría de los potenciales beneficiarios descienden de la gran emigración económica de la posguerra, producida muchos años después del final de la Guerra Civil. También ellos tienen derecho a acogerse a determinados supuestos previstos en la ley. Y nos convendría saber qué peso tienen dentro del conjunto.
Si esas personas merecen o no la nacionalidad española es un debate razonable y legítimo. Pero lo que resulta más difícil de digerir es que una cifra de semejante magnitud –dos millones y medio de potenciales ‘nuevos españoles’- circule por el debate público sin que nadie se haya tomado la molestia de explicar de qué está compuesta.
Quizá el Gobierno tenga razón y existan realmente esos dos millones y medio de personas con derecho a solicitar la nacionalidad española, de acuerdo con la Ley. Es perfectamente posible que sea así. Pero si esa es la realidad, lo razonable sería explicar cómo se llega a una cifra tan enorme, qué colectivos la integran y cuál es el peso de cada uno de ellos.
¿Podría Torres aclarar eso? ¿O va a seguir con el “y tú más”?
