Amnistías

Francisco Pomares

El Gobierno español ha pedido a la Unión Europea que levante las sanciones contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras la aprobación de la nueva ley de amnistía en Caracas. Dice el ministro Albares, que si se dan pasos hacia la democracia, Europa debe “enviar un signo”, porque las sanciones “no son un fin, sino un medio”. Supongamos que la premura de Albares no tiene nada que ver con maleta alguna: el argumento parece impecable. Sobre todo, si uno cree que lo que está ocurriendo en Venezuela es realmente un tránsito hacia la democracia. Pero ahí empieza el problema.

La amnistía aprobada por el Parlamento venezolano tiene una apariencia generosa: cubre hechos desde 1999 hasta hoy, es decir, prácticamente todo el ciclo político del chavismo. Incluye delitos vinculados a protestas, procesos electorales y episodios de confrontación política. Y ordena borrar antecedentes administrativos y policiales. Sobre el papel, suena a reconciliación nacional.

Lo peludo es que su aplicación queda en manos de los “tribunales competentes”. Es decir, del mismo aparato judicial que ha actuado durante un terrible cuarto de siglo bajo el control político del chavismo. En Venezuela la última instancia judicial sigue siendo el mismo Tribunal Supremo, cuyos jueces designó la Asamblea Nacional controlada férreamente por el régimen bolivariano.

La clave no está en lo que se amnistía en el artículo 8 de la ley, sino en lo que excluye el artículo 9: quedan fuera quienes hayan promovido “acciones armadas o de fuerza contra la soberanía con apoyo extranjero”. Y es ahí donde comienza el margen interpretativo. ¿Qué significa exactamente eso? ¿Pedir sanciones internacionales? ¿Respaldar una intervención exterior? ¿Apelar a presión diplomática? Todo dependerá de cómo interpreten lo que es una acción de fuerza los jueces del chavismo. En otras palabras: la amnistía se aplicará a la oposición… si el poder judicial que sirvió a Maduro, decide que merece ser aplicada.

Por eso resulta difícil de entender la prisa española por certificar que en Caracas “se va por el buen camino”. La amnistía venezolana deja fuera a quienes el chavismo considere que han promovido la intervención extranjera. Eso podría afectar, por ejemplo, a figuras como María Corina Machado o a otros líderes opositores que han defendido sanciones internacionales o presión exterior. Es obvio que esta amnistía puede convertirse en un instrumento selectivo, donde la reconciliación dependa de la obediencia. Si la aplicación queda en manos de un poder judicial cuya independencia es nula, la amnistía podría transformarse en una herramienta de control político, más que en un instrumento de pacificación y convivencia…

Aquí aparecen otras dudas que escuecen:  las sanciones europeas contra Delcy Rodríguez no son en absoluto simbólicas. Se impusieron por la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela y por socavar desde el Gobierno bolivariano la democracia y el Estado de derecho. Levantar las sanciones no es un gesto neutro. Es una declaración política ¿Por qué tanta prisa? Oficialmente, para incentivar el proceso de reconciliación. Extraoficialmente, quizá responda a que España organiza la próxima cumbre iberoamericana y necesita aliados e interlocutores.

Albares sostiene que nunca se sanciona a un presidente en ejercicio, para así mantener el diálogo. Pero la cuestión no es formal, es sustantiva. ¿Ha cambiado realmente el régimen venezolano o estamos ante una transición lampedusiana, en la que algo se mueve para que nada cambie? En España sabemos de eso: el Gobierno sanchista también aprobó una amnistía forzada. No por Trump, sino por Junts. O había amnistía o no había Gobierno. Más o menos lo mismo que ha ocurrido en Venezuela. Delcy intenta cumplir las instrucciones de Trump para sobrevivir al postchavismo, como Sánchez intentó cumplir las órdenes de Puigdemont para mantenerse en el Gobierno. Aunque aquí convenga no caer en una comparación tramposa: las amnistía forzadas responden siempre a un mismo patrón: concesiones inevitables en contextos complejos. Pero Venezuela no es España. El sistema judicial español no está sometido al control gubernamental en los términos en que lo está el venezolano. En España los jueces pueden disentir, elevar cuestiones prejudiciales, acudir al Tribunal Constitucional o incluso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En Venezuela, el margen real de autonomía de su Tribunal Supremo es prácticamente nulo.

A pesar de esa zona oscura, el Gobierno español interpreta la aprobación de la ley de amnistía como una señal suficiente para pedir el levantamiento de sanciones. Pero lo ocurrido en Venezuela en las últimas semanas no puede analizarse sin fijar el contexto: una intervención militar estadounidense que culmina con el secuestro del tirano Maduro y su mujer, un reacomodo del poder interno auspiciado por un Trump obsesionado con hacer caja con el petróleo venezolano, y un proyecto de amnistía otorgada bajo presión que mantiene intacto el control institucional chavista. Si yo fuera Albares esperaría a ver qué pasa.