Anuncios olvidables
Francisco Pomares
Limitar el acceso de los menores a las redes sociales no me parece una idea reaccionaria o censora. Muy al contrario: creo que hacerlo es sensato, necesario y, seguramente, inevitable. La pregunta no es si hay que poner freno al impacto tóxico de la hiperconexión, sino cómo hay que hacerlo, hasta que edad y -sobre todo-, si esta vez el Gobierno va en serio.
Sánchez eligió un ágape de gobernantes celebrado en Qatar, para anunciarnos (lo hizo en un inglés envidiable) que va a prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. La decisión conecta con una preocupación real -el daño que supone el abuso de redes y plataformas para la salud mental, la violencia simbólica, la adicción y la manipulación- y además se alinea claramente con lo que ya hacen otros países adelantados. Hasta aquí, nada que objetar.
Pero basta rascar un poco bajo la superficie de la intención para que aparezcan dudas. No tanto sobre el objetivo como sobre el diseño de la medida y la credibilidad del anuncio.
Para empezar, el asunto de la edad. Resulta llamativo -por no decir contradictorio- que se equipare la madurez necesaria para acceder a redes sociales con la permite decisiones graves como un cambio de sexo o un aborto. No se trata de una objeción moral, sino una preocupación creciente sobre la incoherencia normativa de nuestro ordenamiento. Si a los 14 años se reconoce capacidad suficiente para decisiones personales de enorme calado, ¿por qué no para acceder, con tutela, a un entorno digital? Quizá habría sido más inteligente fijar el acceso pleno a partir de los 16, sí, pero permitirlo desde los 14 con mecanismos de vigilancia de los padres y control de contenidos, como ocurre en muchos otros ámbitos. No todo es blanco o negro. Entre la barra libre y la prohibición absoluta debería existir un espacio para políticas más finas. Manejarse en internet también se debe aprender. Hay, además, un elemento del que se habla muy poco y que es –para mí- la madre del cordero: me refiero al anonimato y a su colega de juergas que es la impunidad. Gran parte de la degradación de las redes responde a la posibilidad de actuar sin identidad, sin coste y sin responsabilidad alguna por lo que se dice. Obligar a identificarse para crear una cuenta no elimina todos los problemas, pero eleva notablemente el umbral de acceso y educa el comportamiento. Eso no va a impedir que un hermano mayor, una madre desesperada ante la exigencia de su hijo o un amigo pueda prestarle su móvil a un menor, pero sin duda dificultaría el acceso masivo y trivial que hoy es la norma.
Pero el verdadero motivo de mi escepticismo no es técnico. Tiene que ver con mi propia experiencia. Este Gobierno tiene una larga y acreditada trayectoria de anuncios ruidosos con resultados inexistentes. Por ejemplo… ¿qué fue de aquella cruzada para impedir el acceso indiscriminado de los menores a la pornografía en internet? ¿Recuerdan el “carné porno por puntos”, las verificaciones milagrosas, las soluciones inmediatas que ocuparon semanas de tertulias y titulares? ¿Las leyes en las que se estaba trabajando? ¿Que hubo de todo eso? Nada. Pero nada de nada. Absolutamente. ¿Y la decisión de limitar a tres minutos el tiempo de espera en los teléfonos de atención al público? Hay días -especialmente los fines de semana- en los que he esperado más diez minutos sin que me cojan el teléfono del servicio de taxi. Pedir una cita previa en Hacienda o la Seguridad Social es un auténtico calvario de tiempo perdido. Y no pasa nada. La norma se anuncia a bombo y platillo, se discute a sangre y fuego en tertulias y parlamentos, se aprueba (o no) y directamente se olvida.
Si hacemos una lista de las decisiones del Gobierno presentadas como urgentes, históricas o inaplazables y que después no avanzan ni un milímetro, quizá seríamos más cautos a la hora de valorar la efectividad de esta nueva cruzada digital con la que Sánchez ha logrado la atención del país y de Elon Musk.
El momento no es inocente. La Comisión Europea ya ha enfriado parte del entusiasmo de La Moncloa, recordando que la Ley de Servicios Digitales (DSA) armoniza las obligaciones de las plataformas y que los Estados no pueden ir mucho más allá. Bruselas rechaza, por ejemplo, la propuesta de responsabilizar penalmente a los CEO por los contenidos creados por sus usuarios. Ni Elon Musk en X ni Mark Zuckerberg en Facebook van a pagar personalmente por el odio que vomiten sus clientes. Aun así, Sánchez ha elegido ya el espacio donde mejor se mueve: el de la confrontación simbólica con la tecnocasta, el de un combate más trucado que épico con los milmillonarios, el del insulto amplificado en redes, con Musk haciendo de imbécil útil y villano de cuento. Por eso, uno no puede evitar la sospecha de que el objetivo no es regular mejor las redes sino desviar la atención del bochorno reiterado de los decretos imposibles.
En fin, que comparto la necesidad de intervenir en este ecosistema claramente tóxico. Y creo que hay que regular el acceso de los menores a las redes. Pero también soy escéptico sobre el resultado. A fuerza de tanta milonga, escenografía y mentiras, cada vez me cuesta más tragarme que al Gobierno le interese algo. Aparte, claro, su propia perpetuación.
