Asumir la responsabilidad
Francisco Pomares
El auto de casi 300 páginas con el que la instructora del caso Mediador cierra la pieza principal y la transforma en procedimiento abreviado no es un trámite más. Es la frontera que separa el ruido preprocesal del indicio sólido. Cuando una jueza sostiene que existen indicios de nueve delitos distintos que afectan a 23 investigados –dos de ellos miembros del Gobierno de Ángel Víctor Torres-, lo que está en juego ya no es sólo la suerte penal de unos cuantos nombres propios. Es la responsabilidad política de quien gobernaba mientras todo eso ocurría.
El núcleo político de la trama es conocido. El exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni y su sobrino Taishet Fuentes. La Dirección General de Ganadería, empresarios del sector primario, patrocinios que fluían hacia un club deportivo presidido por Su Señoría, hombre fuerte del PSOE majorero. Y como figura vertebradora, el mediador profesional: Navarro Tacoronte, el lerenda que aparece en todas las conversaciones, en todos los contactos, en todas las promesas.
No estamos ante un desliz individual, esto es cosa de una foto comprometedora en una juerga machorra en tiempos de covid. La instructora habla de cohecho, malversación, prevaricación, tráfico de influencias, estafa, falsedad documental, blanqueo y delito contra la Hacienda Pública. Un catálogo penal que no describe una travesura, sino todo un sistema extractivo al servicio de los Fuentes.
Y aquí es donde el PSOE tiene un problema que no se resuelve con un comunicado sobre la “tolerancia cero”. Porque durante la presidencia de Torres, Taishet Fuentes ocupó la Dirección General de Ganadería. Las decisiones administrativas bajo sospecha se produjeron en ese periodo. ¿Significa eso que el presidente conocía lo que ocurría? No. Pero sí significa que el partido y el Gobierno son responsables políticos del entorno en el que operaba la trama. La diferencia entre responsabilidad penal y política es precisamente que la segunda no exige prueba de conocimiento directo, sino asunción de control y vigilancia. Si durante tu mandato se consolida una red mafiosa y cutre (half & half) de favores, influencias y retornos económicos, en un área sensible, es culpable el que cobró, pero también es responsable el que debía supervisar.
El caso ya tuvo un primer veredicto en una pieza separada: culpabilidad por cohecho para el general Espinosa, para Navarro y para el empresario implicado. Una parte de la trama ya ha sido judicialmente acreditada: no fue una invención mediática, ni la maledicencia de una oposición empeñada en embasurar al PSOE: existió soborno.
Ahora la causa principal entra en su fase decisiva. Las partes tienen diez días para pedir apertura de juicio oral. Si se abre, el PSOE canario se enfrentará a un juicio que no será solo jurídico, sino también moral y político. Durante meses, se intentó reducir el caso a una mancha personal, a un diputado engolfado que actuaba por libre. Pero el auto dibuja con precisión algo mucho más amplio: dos líneas de actuación conectadas por un intermediario que se movía con naturalidad entre empresarios, altos cargos y responsables públicos. Eso no se improvisa en un despacho aislado.
A efectos de responsabilidad política la pregunta no es si Tito Berni es culpable -eso lo dirime un tribunal-, sino cómo pudo operar durante tanto tiempo sin que nadie detectara nada. ¿Nadie vio nada? ¿Nadie oyó nada? ¿Nadie sospechó de patrocinios sospechosamente generosos en un sector subvencionado? El PSOE ha reaccionado siempre con esa mezcla de distancia y resignación que han convertido en la respuesta estándar ante casos de corrupción: “ya no es militante”, “no nos representa”, “que actúe la justicia”. La misma respuesta tipo que Sánchez esgrime frente a sus tres colegas del Peugeot. Pero la política no puede limitarse a esperar sentencias. Tiene que explicar qué falló, quién supervisaba, qué controles existían y por qué no funcionaron.
Cuando un partido gobierna, no lo hacen solo sus siglas: gobierna su cultura interna. Y el caso Mediador apunta a una cultura de proximidad peligrosa entre política y negocio. Un ecosistema donde las gestiones, los contactos y las “facilitaciones” se convierten en moneda corriente. El daño es institucional: cada vez que un ciudadano escucha la palabra “cohecho” asociada a un diputado, la confianza en la administración se erosiona aún más. El PSOE isleño tiene ahora la oportunidad de asumir que el problema no se reduce a un individuo extravagante, que se produjo un fallo estructural de control político. El PSOE puede optar por la estrategia del avestruz, esperando a que el calendario judicial diluya el escándalo. O revisar sus mecanismos internos, reconocer que se hizo mal, y explicar qué garantías existen hoy para que no vuelva a ocurrir. Lo que no debe hacer es fingir que esto es una anécdota. Porque, aunque el procedimiento abreviado no es una condena, tampoco es una absolución anticipada. Es el reconocimiento judicial de que existe materia suficiente para sentar a 23 personas ante un tribunal.
