Bajas emisiones
Francisco Pomares
El Gobierno español ha amenazado al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con hacerle devolver diez millones de euros en fondos europeos si no aprueba antes del 26 de junio la ordenanza de la zona de bajas emisiones. No se trata únicamente de un conflicto administrativo. Es también un ejemplo de cómo determinadas políticas públicas se aplican sin atender a la realidad territorial que se supone se pretende mejorar.
Conviene recordar entonces una obviedad que a veces parece nadie quiere recordar: Santa Cruz de Tenerife -como la totalidad de las grandes ciudades de las islas- no sufre desde hace años –desde que se cerró el refino de petróleo- episodios graves o recurrentes de contaminación atmosférica. No es que eso lo digan sus gobernantes, es que lo aseguran los datos de medición de que se dispone y lo reconocen incluso organizaciones ecologistas. La capital tinerfeña se beneficia de una circunstancia climática singular, los vientos alisios, que renuevan de forma constante el aire y mantienen niveles de calidad muy superiores a los de la mayoría de las grandes ciudades españolas. Por eso, aplicar aquí los mismos métodos y el mismo esquema de restricciones que funcionan en Madrid o Barcelona es, como mínimo, discutible.
Si el objetivo último de las zonas de bajas emisiones es reducir la presencia en el aire de gases de efecto invernadero, el problema de fondo en Canarias no está en el tráfico urbano, sino en el sistema energético. Mas del ochenta por ciento de la energía que se consume en el Archipiélago sigue teniendo origen fósil. Dicho de otro modo: buena parte de los coches eléctricos que hoy circulan por Tenerife, Gran Canaria o cualquier otra isla, se alimentan de electricidad producida con fueloil. El balance ambiental real de esa sustitución es, en el mejor de los casos, modesto; y en el peor, puramente teórico.
A esto se suma un factor que rara vez se incorpora al debate político: la contaminación más visible y molesta que sufre Santa Cruz no procede de los tubos de escape, sino de la calima africana. Un fenómeno natural vinculado a la proximidad del Sahara, que dispara los niveles de partículas en suspensión sin que la acción humana tenga mucho que ver. Frente a ese “castigo climático”, restringir el acceso de vehículos a determinadas zonas de la ciudad resulta poco más que un gesto simbólico. Por eso, la idea de reducir emisiones limitando la movilidad de los ciudadanos en función del tipo de coche que conducen tiene en Canarias un impacto ambiental prácticamente nulo. Se penaliza al usuario, se tensiona el comercio urbano y se genera rechazo social, sin que el beneficio ecológico sea proporcional al coste asumido.
Reconocer esta absurda incoherencia no significa ignorar la otra parte del problema. Santa Cruz, como otras ciudades isleñas, ha recibido fondos europeos precisamente para avanzar en políticas de reducción de emisiones y movilidad sostenible. Y esos fondos conllevan obligaciones. El Ayuntamiento debe cumplirlas, y está trabajando para hacerlo, aunque los procedimientos administrativos, los concursos tecnológicos y los problemas jurídicos –como la anulación de la ordenanza de tráfico– no se resuelvan a golpe de calendario ministerial. Lo que resulta difícil de justificar es que el Estado amenace con reclamar la devolución de ayudas ya ejecutadas en obras finalizadas o en fase avanzada, como la remodelación de Imeldo Serís, de la calle de La Rosa o la adquisición de guaguas eléctricas. Castigar a un municipio que ha gestionado con un grado de eficacia cercano al 90 por ciento los fondos europeos, por no llegar a tiempo a una ordenanza concreta, roza el absurdo administrativo y sienta un precedente injusto, más aún cuando la raíz del problema no está en la supuesta resistencia municipal, sino en la contradicción de origen del propio modelo. La Unión Europea exige zonas de bajas emisiones, pero mira hacia otro lado cuando se trata de cuestionar cómo se produce la electricidad en territorios ultraperiféricos como Canarias. Se obliga a cambiar al coche eléctrico, pero no se acelera el cambio del sistema energético. Se imponen restricciones urbanas, pero se tolera que llevemos medio siglo dependiendo del fuel sin avances estructurales significativos.
Y eso sí es una hipocresía ambiental. Sin transformar el modelo de generación eléctrica del Archipiélago, exigir el uso en partes de la ciudad de coches eléctricos –exceptuando los híbridos- no sirve absolutamente para nada, porque no reduce el nivel de emisiones, solo la concentra en los entornos de las centrales térmicas. Medio siglo después de las primeras denuncias, seguimos quemando fuel para producir electricidad. Y lo que nos queda. Mientras tanto, se exige a los ayuntamientos cumplir plazos imposibles bajo amenaza de sanción, se presume de rigor en transición ecológica y se perpetua una política ambiental basada en gestos administrativos. Quizá ha llegado el momento de admitir que no todas las recetas sirven para todos los territorios, y que aplicar dogmas sin matices produce casi siempre más frustración que resultados. En Santa Cruz, al menos, la política de bajas emisiones convive con contradicciones demasiado altas como para seguir ignorándolas.
