Construir: misión imposible
Francisco Pomares
Un reciente informe académico, dictamina que en Canarias hay 216.000 viviendas previstas que no se acaban de construir. Que el aumento del precio de la vivienda no impulse la construcción es una paradoja del nuevo mercado inmobiliario. Hoy, siete de cada diez casas proyectadas están bloqueadas. Si ese dato se compara con el hecho de que el precio de la vivienda se ha encarecido más de la mitad durante la última década –eso dicen, al menos, los datos del Ministerio- es que algo no funciona. La gente se queja de la escasez de oferta, los precios se disparan, pero el mercado no reacciona construyendo. A mí algo no me encaja.
La lógica económica más básica nos explica que cuando los precios suben, el mercado aumenta la oferta. Esa es la forma en la que normalmente funciona el capitalismo. Produciendo los bienes sobre los que existe una fuerte demanda. Pero en ese axioma hay trampa: solo se cumple si existe capacidad real de producir más. Y en Canarias esa capacidad está estrangulada por una combinación letal: escasez de suelo urbanizable, falta de mano de obra cualificada, encarecimiento de materiales, y -sobre todo- un sistema de planeamiento territorial y urbano altamente intervenido, cuya arquitectura normativa arrastra inercias burocráticas heredadas del franquismo. Es por eso que más de 200.000 viviendas pendientes de ser puestas a disposición de decenas de miles de ciudadanos que las quieren -y que podrían disponer de los recursos para financiarlas-, no se construyen. Habrá algún obcecado convencido de que ocurre porque existe una perversa conspiración de promotores vampíricos y fondos buitre decididos a retener la oferta para poder especular con lo que ya hay construido. La verdad es que el mercado solo funciona así en la mente de algunos, pero hemos repetido tanto que el problema es la codicia del propietario, el turismo vacacional, los malvados fondos dedicados a comprar edificios enteros, o el extranjero con cartera abultada dispuesto a pagar lo que sea, que ya damos por hecho que esos son los problemas que hay que resolver. Sin duda, alguno de esos factores puede influir en el encarecimiento de los precios, pero ninguno –ni juntos ni por separado- explica por qué, cuando la demanda aprieta y el precio sube un 52 por ciento en diez años, el sector no responde construyendo más.
Canarias es probablemente uno de los territorios más regulados de Europa en materia urbanística. Planes generales que tardan décadas en aprobarse, modificaciones puntuales que necesitan informes sectoriales interminables, evaluaciones ambientales que se solapan, recursos judiciales que paralizan las obras durante años… y normativas insulares, autonómicas, estatales y europeas, que se superponen. Cada escalón tiene su lógica, pero es resultado de la suma de todos ellos. Hemos permitido que se imponga un modelo que desconfía sistemáticamente de la transformación del suelo, considera sospechosa cualquier iniciativa edificatoria y convierte cada licencia en una carrera de obstáculos. Y luego nos sorprendemos de que no florezca la oferta.
Canarias soporta un sistema altamente intervenido, cuyo diseño original no nació precisamente para facilitar la construcción. Y aunque el contexto cambie, la cultura administrativa se mantiene. Seguimos instalados en los controles exhaustivos, la desconfianza preventiva y la hiperregulación. El resultado es una paradoja siniestra: en un archipiélago con miles de jóvenes que no pueden emanciparse, con trabajadores que destinan más del 40 por ciento de sus ingresos mensuales al alquiler, con familias atrapadas en viviendas heredadas o compartidas, los gobiernos mantienen bloqueadas las posibles soluciones.
Estamos ante un fallo estructural. La vivienda se ha convertido en un bien inaccesible no solo por falta de espacio físico -aunque el territorio disponible es limitado- sino por desidia administrativa para activar ese espacio escaso. Y la política ha preferido el atajo del titular: topes al alquiler, declaraciones de zona tensionada, anuncios de vivienda pública que tardan lustros en empezar a materializarse. Las medidas políticas quizá alivien algún síntoma puntual, pero ignoran el núcleo del problema, que es producir más vivienda. Porque la escasez no se combate con decretos simbólicos, sino con una oferta real.
Es obvio que Canarias no puede ni debe construir sin límite. Nuestro territorio es frágil y finito. Pero entre la barra libre urbanística del pasado y el bloqueo crónico actual, debiera existir un punto de equilibrio razonable. Un modelo que combine protección ambiental con agilidad administrativa, seguridad jurídica con plazos tasados y evaluación rigurosa con simplificación de procedimientos. Si en aprobar un plan de ordenación se tardan veinte años, los constructores tirarán la toalla antes de que entre en vigor. Si una promoción afronta una maraña de informes y permisos durante décadas, el riesgo financiero crece y la inversión se va.
Por eso hay que revisar sin prejuicios la arquitectura normativa que hemos heredado. La protección del territorio no puede seguir basándose en procedimientos interminables. Lo que hoy tenemos no es un modelo garantista; es un modelo paralizante. Mantener bloqueada la construcción no es prudencia ambiental, es una irresponsabilidad social.
