Contra el linchamiento
Francisco Pomares
Durante semanas, Gustavo Matos fue arrastrado por el fango como si fuera el jefe de una red criminal. Los medios publicaron su implicación directa en tramas de narcotráfico, corrupción policial y blanqueo de capitales. Algunos, más osados, lo convirtieron en el cerebro de una organización delictiva que operaba en el sur de Tenerife bajo la protección del poder socialista. No faltó quien lo definiera como “amigo personal de Pedro Sánchez”, esa categoría mágica que convierte sospechas en titulares.
El lunes, la jueza instructora que investiga la trama de narcotráfico desmantelada tras la detención de Mohamed Derbah, dictó un auto en el que deja claro lo que, desde el punto de vista jurídico, nunca dejó de ser evidente: Matos no es sospechoso de nada, ni lo ha sido, ni está siendo investigado. No se le imputa ningún delito ni se le atribuye participación en los hechos que se juzgan. Su nombre apareció mencionado en un informe de la Policía –elaborado por Asuntos Internos– que recogía una reunión celebrada en la cafetería del Corte Inglés chicharrero, en la que participó junto a otras personas, incluido el propio Derbah.
Se trataba de una conversación privada, grabada de forma subrepticia por uno de los asistentes –posteriormente detenido– y filtrada a los medios. En ella, Matos se interesaba por las quejas de Derbah respecto a supuestas presiones policiales a sus clubs cannábicos en el sur de la isla. En ningún momento Matos se ofrecía a interceder de manera ilegal, ni se derivaba de sus palabras conducta alguna susceptible de ser penalmente perseguida. Aun así, bastó con su presencia en ese encuentro para que la trituradora hiciera el resto.
La utilización política de ese informe –filtrado en plena efervescencia del ‘caso Koldo’ y con el PSOE en la diana– convirtió a Matos en carne de escándalo. Y aunque nunca fue imputado, la sospecha lo rodeó como si lo estuviera. En este país, basta con que una conversación grabada, una foto o una cita aparezcan en un informe policial para que la etiqueta de culpable se propague como pólvora ardiendo. La presunción de inocencia hace tiempo dejó de ser un derecho para convertirse en una batalla que cada cual debe librar en solitario, en muchas ocasiones sin las armas que proporciona contar con poder o la indulgencia de los medios.
Resulta bastante significativo que la jueza haya tenido que aclarar la obviedad de que Matos no está siendo investigado, respondiendo a la petición del hoy vicepresidente de la Cámara regional, de personarse en la causa como parte interesada. Pero no se trata únicamente del hecho de que no exista causa penal contra él. Se trata de que cualquier persona que leyera con un mínimo de detenimiento la transcripción de la conversación entre Matos y Derbah podía colegir sin mediar duda razonable alguna su absoluta falta de implicación en cuestiones delictivas. Podría acusarse a Matos de haber sido torpe, imprudente o tonto de la caja del agua por haber asistido a ese encuentro y haberse ofrecido a intentar esclarecer la existencia de un comportamiento irregular en las intervenciones contra los clubs de Derbah. Pero tampoco sería muy justo: en el momento en el que se produce el encuentro, no existe denuncia alguna contra el empresario de origen libanés, un tipo conocido en la isla, que contrató con la administración de Torres el hospedaje en sus hoteles de miles de inmigrantes irregulares durante el Covid, e intentó colocar epis a administraciones locales y al propio Gobierno. En Tenerife casi todo el mundo que pinta algo ha hablado alguna vez con Derbah, a pesar de su polémica biografía. Es ahora, cuando se le investiga por blanqueo y tráfico, cuando resulta que nadie ha tenido jamás trato con él. La hipocresía es a veces tan peligrosa como la calumnia.
Que Matos no esté imputado no debería ser noticia. Lo es, porque antes fue titular escandaloso su supuesta implicación en una trama criminal. La imagen pública de Matos fue erosionada, su nombre se vinculó a una trama mafiosa, y su carrera política quedó dañada –quizá irremediablemente- por una sospecha que se sostenía fundamentalmente en la estrategia de señalar y extender la corrupción del PSOE a todos sus dirigentes y afiliados.
El daño ya está hecho. A quien filtró el informe, a quien lo utilizó con fines políticos, a quien lo presentó como prueba definitiva de un escándalo mayor, no se le pedirán jamás cuentas. A Matos sí se le seguirá pidiendo que justifique por qué acudió a esa reunión, por qué escuchó a Derbah, y se interesó por lo que Derbah le contó. Preocuparse por las quejas de un empresario o un ciudadano no debiera ser un acto reprobable. Quizá Matos siga en política, o quizá no. Pero lo que le ha ocurrido merece al menos una reflexión colectiva sobre los límites del linchamiento mediático, la cacería del adversario y el papel que algunos están dispuestos a desempeñar en esta nueva inquisición sin pruebas ni garantías, que es hoy la opinión pública. Aunque solo sea para recordarnos que no todo vale, ni todo es legítimo, ni siquiera en estos tiempos de indeseable y violenta polarización. Si dejamos que la sospecha sustituta al derecho, acabaremos todos a merced del próximo linchamiento.
