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Francisco Pomares
El Ayuntamiento de Santa Cruz ha decidido desmantelar el carril bici en las calles de El Pilar y Villalba Hervás. Lo anunció el alcalde Bermúdez, tras conocerse el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que desestima el recurso municipal contra la paralización cautelar de las obras de la red ciclable en el centro de la ciudad. La decisión, anunciada al mismo tiempo que se anuncia la voluntad de continuar la causa en el Supremo, supone sin duda una rendición en toda regla, pero es –sobre todo- un gesto de sensatez.
El Ayuntamiento no puede pasar meses con dos de sus principales arterias convertidas en embudo, a la espera de que la Justicia concluya sui proceso hacia una sentencia firme. En El Pilar y Villalba Hervás, los atascos se han convertido en un inferno. Los vecinos protestan, los comercios pierden clientes, las bicis no usan su carril, y el tráfico es un suplicio diario. En ese contexto, mantener la obra suspendida era condenar a la ciudad a un colapso prolongado sin sentido.
La medida, por tanto, tiene más de pragmatismo que de esa cualidad tan de nuestra gente de “sostenella y no enmendalla”. No parece un retroceso en materia de movilidad, sino un intento de devolver cierta normalidad al centro urbano. El propio Bermúdez lo explicó con claridad: “No podemos estar permanentemente esperando a que los tribunales decidan en una sentencia firme qué es lo que podemos o no podemos hacer”. Porque la Justicia es lenta y morosa, y mientras tanto, los vecinos sufren y la ciudad se atasca.
La idea de extender la red para bicis a Santa Cruz no es sólo conveniente, es una exigencia de la legislación europea, razonable y conveniente para mejorar la circulación y la seguridad en la capital. Lo que fue un error -uno grave, creo yo- fue la elección de calles para implantarla. Convertir El Pilar, una de las vías más transitadas y estrechas del centro, en un espacio compartido entre coches, bicicletas y patinetas fue una apuesta arriesgada desde el principio. Y lo fue más aún en una ciudad construida sobre pendientes, donde el uso real de la bicicleta tradicional es escaso y donde la movilidad sigue dependiendo, en gran medida, del coche privado y del transporte público.
En otras palabras: el problema no fue el concepto, sino su ejecución. Santa Cruz necesita -y seguirá necesitando un sistema de movilidad para vehículos autónomos sobre dos ruedas, que permita a ciclistas y peatones moverse con seguridad y ayude a reducir la contaminación. Pero eso no puede hacerse sacrificando sin más las arterias de tráfico ni ignorando la morfología urbana. Una ciudad en cuesta, con calles estrechas y una densidad de vehículos alta, requiere un plan de movilidad adaptado a su realidad, no una copia precipitada de modelos importados de ciudades llanas del norte de Europa.
La paralización de las obras dejó además la calle del Pilar intervenida y parcialmente inutilizada. Uno de sus dos carriles se había destinado a bicicletas y patinetes, sin posibilidad de uso mientras duraba la suspensión judicial. El resultado fue tener lo peor de cada una de las dos opciones posibles: ni carril bici funcional ni tráfico fluido. Por eso, el Ayuntamiento tiene que desmontar lo realizado, reponer las plazas de aparcamiento y las zonas de carga y descarga, y esperar a que el Supremo resuelva. No faltarán quienes interpreten la decisión como una renuncia a la movilidad sostenible o como una concesión a la presión política de la oposición. Retirar un tramo mal planificado de la oferta de red ciclable no supone rechazar el modelo de ciudad hacia el que se aspira. Santa Cruz necesita de carril bici, pero no de cualquiera, sino de uno que no genere atascos, conecte zonas llanas y accesibles, y que se integre en un diseño de movilidad más amplio, que contemple al peatón, al transporte público y al tráfico comercial. Hay tramos de la ciudad -desde la avenida Marítima hasta los enlaces con la Rambla, o entre la Rambla y zona baja del Toscal- donde una red ciclable sería perfectamente viable y útil, sin alterar la circulación ni el pulso urbano.
El problema de fondo no es técnico, sino político: el proyecto de carril bici nació con fondos europeos y se ejecutó con una prisa por justificar subvenciones. No hubo tiempo ni voluntad de consenso. Se impuso desde arriba, sin escuchar a vecinos, comerciantes ni transportistas. Cuando una política pública se gestiona de ese modo, acaba siendo percibida como una imposición, y eso explica el rechazo social que generó. No se trata de enfrentar ciclistas contra conductores, sino de buscar soluciones que mejoren la vida de todos. Un carril bici útil y seguro es posible, y por eso la decisión de retirar el carril de esas dos calles es, sobre todo, un reconocimiento de la realidad. No es un paso atrás, sino un paréntesis necesario para corregir una estrategia mal diseñada. A veces, gobernar consiste en rectificar. Asumir y corregir un error puede ser el primer paso de un acierto.
