Curvas

Francisco Pomares

Fernando Clavijo, en la Radio Autonómica, ayer: «sin las compensaciones al transporte del REF volveríamos a tener un tratamiento colonial»

El presidente Clavijo no exagera cuando advierte que de que llegan curvas. No es alarmismo gratuito. El contexto europeo y estatal ha cambiado, y lo ha hecho en una dirección poco amable para territorios singulares como Canarias. La redefinición del marco financiero europeo, la tentación centralizadora de los Estados y la insensibilidad con la que se está abordando la reforma del sistema de financiación autonómica son amenazas reales para el Régimen Económico y Fiscal. Negarlo sería irresponsable.

Pero una cosa es advertir de los riesgos y otra muy distinta es sugerir –siquiera sea retóricamente- que el REF puede “morir” de un plumazo si no se gana una batalla concreta, como la de la condonación de la deuda o su encaje en la futura financiación autonómica. El REF no es una pieza decorativa del Estado de las Autonomías, ni un anexo presupuestario susceptible de ser absorbido sin más. Es un sistema con jerarquía constitucional, con respaldo europeo y con un núcleo duro que ningún Gobierno sensato se atrevería a tocar.

Conviene por eso distinguir. Y hacerlo con mesura.

El primer riesgo que señala Clavijo es real: que en el nuevo modelo de financiación se intente computar como financiación ordinaria lo que no lo es. Sería gravísimo que los recursos del REF, concebidos para compensar los sobrecostes estructurales de la insularidad, la lejanía y la fragmentación territorial, se integraran como si fueran renta disponible equiparable a la de cualquier comunidad peninsular. Eso sí sería una agresión frontal al fuero canario.

Pero no es ahí donde peligra el corazón del REF. El auténtico nervio del sistema, el que de verdad define nuestros fueros, no está en las ayudas coyunturales ni en los incentivos más vistosos, sino en dos elementos muy concretos: el diferencial fiscal entre IVA e IGIC, y el hecho de que la recaudación del IGIC se quede íntegramente en Canarias y se reparta entre el Gobierno y las corporaciones locales.

Ese es hoy el mayor éxito histórico del REF. El que ha permitido sostener servicios públicos, aliviar precios y mantener un cierto equilibrio fiscal sin depender de los caprichos del BOE. Siendo realistas, cuesta imaginar a un Gobierno central -del color que sea- atreviéndose a eliminar ese diferencial o a apropiarse de la recaudación del IGIC. Hacerlo sería abrir un conflicto político, social y territorial de primer orden. No creo posible que ni siquiera un gobierno centralista y autoritario pueda afrontar una decisión así, que levantaría a Canarias y todas sus instituciones en pie de guerra. Ése no parece un escenario plausible, ni siquiera en tiempos de volatilidad.

Otra cosa son los elementos más coyunturales del REF, algunos de ellos convertidos casi en dogma. El descuento del 75 por ciento al transporte aéreo y marítimo con la Península, es un ejemplo claro. Es una medida requetecelebrada por todos, muy rentable políticamente, pero también una de las más discutibles desde el punto de vista de la justicia social. Su impacto redistributivo es limitado: no son las personas con menos recursos las que más usan el avión.

Si alguna vez Canarias se viera obligada a elegir -y no es descabellado que pueda ocurrir en un escenario de crisis económica o de restricción presupuestaria fruto del ajuste prebélico de la economía europea y española-, el impacto social de la gratuidad del transporte colectivo terrestre es muy superior al de un descuento tan elevado. Las exenciones y bonificaciones del REF deberían servir, ante todo, para mejorar la vida de los que más lo necesitan, no para subvencionar hábitos de movilidad que no están al alcance de todos por igual.

Eso no invalida el mensaje de fondo de Clavijo: existen riesgos, tenemos un Gobierno dispuesto a ofrecer a sus socios que Cataluña y el País Vasco tengan el estatus de países con representación en la Unesco o en la Organización Internacional del Turismo, pero al que no le importaría demasiado apretar la soga en el cuello de las regiones pobres.

Si eso llegase a ocurrir, conviene tener claro que defender el REF no es defender indiscriminadamente cada una de sus medidas, sino proteger su esencia y repensar sus instrumentos. La unidad política que reclama Clavijo es necesaria, pero también lo es una reflexión honesta sobre qué parte del REF es estructural y cuáles se han convertido en privilegios indefendibles en un contexto de desigualdad creciente.

La propuesta de la Comisión de diluir las partidas específicas para las regiones ultraperiféricas y canalizarlas a través de los Estados supone un riesgo real. No porque Europa deje de reconocer a las RUP, sino porque traslada la decisión final a gobiernos nacionales que no siempre son sensibles a la singularidad. Por eso la alianza con Francia y Portugal no es retórica, sino una necesidad estratégica.

En definitiva, que vienen curvas, sí.

Pero no todas nos conducen al precipicio…